El contralor indicó que la auditoría realizada a la gestión de su predecesor, Edgar Alarcón, detectó compras de renuncias de personal que no tenían fundamento, manejos inadecuados de la caja chica, entre otros. (Foto: Juan Ponce/El Comercio)
El contralor indicó que la auditoría realizada a la gestión de su predecesor, Edgar Alarcón, detectó compras de renuncias de personal que no tenían fundamento, manejos inadecuados de la caja chica, entre otros. (Foto: Juan Ponce/El Comercio)
Diego Chirinos

recibe a El Comercio tras la presentación de un portal para controlar el uso de recursos públicos en la próxima campaña electoral. Sin embargo, también se pronunció sobre la crisis institucional en la cual la cumple un papel crucial.

— ¿En qué consiste el programa Postula con la Tuya, presentado por la contraloría?
Hay un impedimento para usar fondos y bienes públicos en proselitismo. Como es materialmente imposible estar detrás de los casi 120.000 candidatos, Postula con la Tuya empodera al ciudadano. Llenan un formulario en línea y levantan la evidencia de lo que ellos creen que es un acto irregular.

—¿Cómo se diferencia del trabajo de entes electorales?
Solo nos compete el uso de recursos públicos. Si envían una denuncia que no puede ser tratada por la contraloría, la analizamos, contestamos en 5 días y la derivamos al Jurado Electoral Especial o al Ministerio Público.

—Los electores suelen hacer poca autocrítica. ¿Qué autocrítica hace la contraloría de la crisis institucional que hoy vivimos?
Los grandes problemas del sistema de justicia no tienen que ver solamente con lo que hace la contraloría. Pero, en lo que se refiere a la calidad de intervenciones, claro que se pudo mejorar. Por ejemplo, en las cortes superiores de justicia no hay Oficina de Control Interno (OCI). El modelo de control posterior hace que en algunos casos ni siquiera se necesite. Ahora, debemos tener presencia donde suceden las cosas porque hemos desarrollado el control concurrente. En el sistema de justicia ya intervenimos.

—¿Qué medidas están implementando para evitar que esto vuelva a suceder?
Por primera vez nos estamos metiendo en la parte administrativa del sistema de justicia. Dispusimos una auditoría de los procesos de nombramiento y sanción en el CNM. También adelantamos la absorción administrativa de las OCI del CNM y del Poder Judicial. Hoy he cambiado al jefe de esta última.

—¿En la Corte Superior del Callao había una OCI?
No. La estamos creando y dispusimos una auditoría que tomaría cuatro meses.

—¿Qué lapso se auditará?
Desde el 2015, igual que en el CNM y en el Poder Judicial. En el Congreso también se va a acreditar una auditoría de cumplimiento para revisar todos los bienes, servicios, obras o contratación de personal que ha hecho el Congreso en las dos últimas legislaturas.

—También incautaron documentos en el CNM. ¿Tienen ya alguna conclusión?
Todavía no. Hay dos auditorías en paralelo: una del trabajo y otra vinculada al presupuesto. Hemos cautelado, mediante la incautación, todo el acervo documentario.

—¿Hay documentación que fue retirada, de forma irregular, antes de la incautación?
Cuando ingresamos al CNM, las oficinas de los consejeros estaban vacías. Me pasaron fotos de los despachos y estaban totalmente vacíos.

—¿Alguien sabía que iban a incautarlas?
No sé, pero no había ni un libro, un cuaderno o un papel. Obviamente esas oficinas han sido lacradas. Qué documentos hay y cuáles debería haber recién lo vamos a saber hacia fines de la próxima semana, cuando terminemos de revisar la documentación.

—¿La situación se repetía con los siete consejeros?
Quienes hicieron la incautación me pasaron algunas fotos. Yo no he ido todavía, así que les dije que quería verlo. A mí solo me han pasado fotos de oficinas de consejeros.

—¿De quién dependerá la persona sugerida por la contraloría para la OCI del Congreso?
La ley no ha cambiado. La Mesa Directiva la designa, pero mantiene su dependencia administrativa y laboral de la contraloría. Estamos mejor que antes, pero no todavía en el nuevo estándar de la ley de transparencia.

—¿Trabajará con recursos de la contraloría?
Del Congreso. Eso debería cambiar. Espero, sinceramente, que la apoyen. Si no, nosotros no podemos intervenir.

—¿Fue un error permitir ese trato distinto?
No. Presentamos una iniciativa en la que cambiábamos esta situación, pero el pleno del Congreso aprobó hacer esa exclusión para mantener el statu quo de cómo venía operando su OCI. Nosotros seguimos avanzando.

—¿Auditarán el acuerdo que amplió los beneficios a ex miembros de la Mesa Directiva?
Por supuesto. Vamos a ver si efectivamente se respetaron los procedimientos. Esa decisión debe estar sustentada técnicamente en algún informe. Si todo está con arreglo a la normatividad vigente, no tenemos nada que discutir.