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Ariana Lira

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La avalancha de casos que implican a personajes de alto perfil en la era ha llevado a que términos jurídicos como “prisión preventiva”, “colaboración eficaz” u “organización criminal” se vuelvan parte del léxico común en el panorama político.

Si bien el exceso de casos de es un problema que el país arrastra desde bastante antes de los últimos escándalos de corrupción en el Perú -actualmente, 39% de los presos en el Perú no tiene condena-, su aplicación a personas de la élite política y empresarial ha generado que la figura protagonice más de una discusión en el debate nacional actual. Mientras que hay voces que reclaman contra un supuesto abuso de la medida por parte de jueces y fiscales, otras consideran que es necesaria para salvaguardar las investigaciones.

Es en ese contexto que la publicó este martes el acuerdo plenario 01-2019/CIJ-116, en el que -basándose en jurisprudencia nacional e internacional- fija criterios que todos los magistrados del país deberán cumplir obligatoriamente al momento de resolver los pedidos de prisión preventiva. Criterios que, además, podrían cambiar el destino de aquellos investigados por el Caso Lava Jato que actualmente se encuentran presos preventivamente, incluyendo el de la lideresa de Fuerza Popular, .

Lo que se viene: ¿podrían los criterios incidir en los investigados por el caso Lava Jato?

El pasado junio, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que 22 investigados del Caso Lava Jato se encuentran cumpliendo mandatos de prisión preventiva (aproximadamente el 5% del total de investigados).

Según Carlos Caro, dado que el acuerdo plenario establece precedentes de cumplimiento obligatorio, los actuales imputados en el marco del caso Lava Jato podrían solicitar una cesación de la prisión preventiva ante el juez de investigación preparatoria, alegando que se han establecido criterios no cumplidos en sus casos. Esta posibilidad está recogida en el artículo 283 del Código Procesal Penal.

El también abogado penalista Camilo Clavijo coincide. Según señala, si bien las prisiones preventivas dictadas con anterioridad al acuerdo plenario "tienen total vigencia y son totalmente eficaces", los imputados podrían solicitar la variación de la prisión preventiva señalando que se les ha dictado una medida que no cumple con los lineamientos de la Corte Suprema.

—Keiko en el TC—
El pasado 4 de julio, Sachi Fujimori Higuchi acudió al Tribunal Constitucional para jugar el último as bajo la manga en la lucha por la libertad de su hermana: un recurso de hábeas corpus que busca revocar la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht y presa desde el 1 de noviembre del 2019. El recurso será resuelto el próximo miércoles 25 de setiembre.

A diferencia de los tribunales del Poder Judicial, el TC -por ser un órgano constitucional autónomo- no está obligado a acatar lo señalado en el acuerdo plenario de la Corte Suprema. Sin embargo, sí puede decidir utilizarlo para fundamentar sus decisiones.

Según Caro, el órgano constitucional podría tomar en cuenta los criterios recientemente establecidos por la Corte Suprema en el caso de Fujimori Higuchi.

“[El acuerdo plenario] puede impactar de manera directa [en la decisión del Tribunal Constitucional], porque el TC puede, tranquilamente, revocar la medida de prisión preventiva de Keiko Fujimori en base a este precedente”, indica.

Clavijo considera que existe un hecho que -evaluado en conjunto con el acuerdo plenario- podría incidir en la resolución del TC sobre el caso de Keiko Fujimori: los lineamientos establecidos en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Según el especialista, tanto lo señalado por el TC en dicho caso como lo establecido en el acuerdo plenario de la Corte Suprema "van más o menos hacia lo mismo, que es optimizar el derecho de libertad del investigado durante el proceso penal y garantizar la presunción de inocencia".

"[El TC] podría señalar que existe una posición institucional de parte del Poder Judicial plasmada en un acuerdo plenario sobre cuáles son los elementos que deben concurrir para que se dicte una prisión preventiva. Por lo tanto, el TC, que ya ha tenido un lineamiento parecido en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, no tendría por qué variar de criterio", indica.

Los parámetros establecidos por la Corte Suprema podrían incidir en los procesos del caso Lava Jato.
Los parámetros establecidos por la Corte Suprema podrían incidir en los procesos del caso Lava Jato.

¿Qué dice el acuerdo plenario?

El documento publicado por la Corte Suprema es claro: la prisión preventiva no tiene como finalidad “anticipar la pena”, “calmar la alarma social” ni ser un “instrumento de la investigación penal”. La medida, por lo tanto, solo se justifica cuando resulta indispensable para asegurar el proceso.

—Medida excepcional—

La Corte Suprema hace énfasis en que, en base al principio de presunción de inocencia, la prisión preventiva debe aplicarse únicamente de manera excepcional, siendo la regla que el imputado enfrente el proceso en libertad o con medidas limitativas menos intensas. “Siempre, pues, ha de primar la libertad del sujeto durante el proceso”, señala el documento.

Según el Acuerdo, los magistrados solo pueden dictar prisión preventiva cuando no existan otras medidas menos graves para salvaguardar el proceso. “La prisión preventiva en modo alguno debe ser ni la única, ni la forma preferente de alcanzar el aseguramiento del proceso (…) No puede ser adoptada de forma automática (…) si no se demuestra en el caso concreto su absoluta necesidad y la imposibilidad de garantizar el proceso mediante otros mecanismos legalmente previstos y menos gravosos”, indica.

—¿Qué hay de nuevo?—

Según el abogado penalista Carlos Caro, no es cierto que, mediante el acuerdo plenario, la Corte Suprema haya elevado la dificultad para dictar prisión preventiva.

“No es que se haya subido la valla, porque esa valla ya existía en la jurisprudencia de la Corte Suprema. No se ha dicho nada que no se haya señalado ya en la ley o en otras resoluciones”, señala el especialista.

Caro considera que el acuerdo plenario, en la práctica, tiene como finalidad recordar a los tribunales cuáles son los requisitos que deben cumplirse, sin falta, para dictar una prisión preventiva.

“Yo creo que esto es una tímida llamada de atención de la Corte Suprema a los jueces de casos de impacto público, que principalmente son los del Caso Lava Jato, para que se use la prisión preventiva de manera excepcional”, indica.

En general, Caro es escéptico sobre la efectividad del acuerdo plenario. Según señala, el documento es "muy general" y carece de ejemplos específicos, lo cual no permitiría garantizar que no se dicten mandatos de prisión preventiva excesivos o arbitrarios. “El mensaje [del acuerdo plenario] es tan tímido que se podría citar [en las resoluciones] y a la vez permitir dictar prisiones preventivas sin problemas”, señala.

Por otro lado, Clavijo sí considera que el acuerdo plenario logra definir cómo deberán evaluar los tribunales los pedidos de prisión preventiva. "No lo calificaría como más de lo mismo. La ley establece algunos criterios que son los requisitos mínimos que tiene que evaluar el juez para dictar una prisión preventiva, pero lo que hace este acuerdo plenario es darle contenido a estos criterios", asegura.

—Los criterios fijados—

1. Sospecha fuerte
Según la Corte Suprema, la privación de la libertad de una persona es una medida tan grave que, para ordenarla, la exigencia probatoria debe ser especialmente alta.

Uno de los requisitos para autorizar la prisión preventiva es que exista una sospecha fuerte de que el sujeto haya cometido el delito que se le imputa. Por ello, señala el documento, no basta con que se señalen “meros indicios”, “sospechas genéricas” o “débiles probabilidades”, sino que ha de existir un “alto grado de probabilidad de que luego va a ser condenado”.

Por lo tanto, para dictar prisión preventiva se requieren “indicios sólidos” y “medios de prueba graves” de que el delito, efectivamente, se haya cometido. De no cumplirse este criterio, señala la resolución, “la prisión preventiva dispuesta es arbitraria”.

“No es que el juez tenga que tener el nivel de certeza como para dictar una condena, pero todo debe apuntar a que [el imputado] es el responsable del delito”, explica Clavijo.

Según Caro, qué cosa significa una sospecha fuerte continúa siendo difícil de definir. “[La sospecha fuerte] se define de forma muy genérica. Si [la Corte Suprema] hubiera señalado ejemplos, sería más fácil de comprender”.

2. Peligro procesal
Además de la sospecha fuerte de la comisión del delito, la prisión preventiva requiere que se compruebe la existencia de un riesgo de fuga u obstaculización del proceso.

En el caso del peligro de fuga, el documento establece que los magistrados deben tomar en cuenta tanto los antecedentes del imputado (si ha intentado fugarse o destruir evidencia en procesos anteriores) como las circunstancias del caso particular que permitan pensar que intentará eludir la justicia.

Esto, sin embargo, requiere de “datos objetivos y sólidos, no meras conjeturas”. Los jueces, por lo tanto, deberán comprobar con hechos concretos -no suposiciones- que el procesado podría fugarse. “No es suficiente que existan posibilidades de fuga, sino que habrá de resultar acreditado que el encartado piensa también hacer uso de dichas posibilidades”, establece el acuerdo.

Para comprobar el peligro de obstaculización del proceso también se requiere evaluar tanto los antecedentes del procesado como el caso particular. Al igual que en el caso del riesgo de fuga, debe acreditarse con datos objetivos y sólidos que el proceso podría verse entorpecido si el imputado está libre. No bastará con suponer que el procesado podría obstaculizar el proceso, sino que deberá comprobarse, con hechos, que tiene las intenciones de hacerlo.

La posibilidad de obstaculización, además, debe ser tan grave que no pueda ser evitada por otras medidas restrictivas menos estrictas o mediante la protección de testigos.

La Corte Suprema, además, precisa que la mera imputación de que el investigado pertenece a una investigación criminal no basta para asumir que ello le permitiría fugar o entorpecer el proceso.

“Si bien lo criminológicamente aceptado es que, por lo general, se da este peligro debido a las facilidades que se tienen por parte de la delincuencia organizada para favorecer la impunidad de sus miembros (…), ello en modo alguno importa asumirlo como una presunción contra reo”, establece el documento.

Para Clavijo, esto significa que “no basta la mera enunciación por parte del fiscal para decir que el imputado pertenece a una organización criminal, sino que el fiscal tiene que demostrar ante el juez que ese hecho de presuntamente pertenecer a una organización criminal podría afectar la investigación porque, por ejemplo, podría ser una organización con lazos en el extranjero y el imputado podría irse del país en cualquier momento”.

Según Caro -quien, además, envió un informe sobre este tema a la Corte Suprema para fines del acuerdo plenario- considera que este era un asunto clave a tratar en el marco de las investigaciones que implican criminalidad organizada.

“En los jueces de primera instancia y en la Fiscalía se está generando una suerte de doctrina en el sentido de que, cuando hay una organización criminal, prácticamente se presume que existe el peligro de fuga o peligro de obstrucción a la justicia”, indica.

3. El plazo
El tiempo que el imputado pasará en prisión preventiva no puede fijarse tomando en cuenta criterios como la sobrecarga de trabajo de la Fiscalía. Según la Corte Suprema, “el fiscal, en casos de prisión preventiva, está obligado a realizar actos de investigación con la razonable celeridad que merece un preso preventivo quien, además, es un presunto inocente”.

Para determinar el plazo, los magistrados deben tomar en cuenta elementos como la complejidad de la investigación, la gravedad del delito y el comportamiento procesal de imputado.

Asimismo, si los hechos que provocaron que se dicte la prisión preventiva desaparecen, el plazo debe variar.

“Como [la prisión preventiva] es una medida provisional, si es que las circunstancias que hicieron que el juez dicte la medida han cambiado, tiene que variar también la prisión preventiva a otra medida como, por ejemplo la comparecencia con restricciones o la comparecencia simple”, indica Clavijo.

4. No más audiencias largas
Según lo establecido por la Corte Suprema, las audiencias de prisión preventiva deben ser céleres, sin que ello implique dejar de garantizar la participación de las partes involucradas. “[Las audiencias], salvo casos excepcionales, no pueden durar horas y horas, con réplicas y dúplicas reiterativas o intervenciones secuenciales interminables o repetitivas”, se lee en el documento.

El juez, por lo tanto, deberá ser estricto con el cumplimiento del tiempo de exposición que tiene tanto el Ministerio Público como la defensa.

Bonus: Colaboración eficaz: hechos, no palabras
Si bien el acuerdo plenario no establece este punto como precedente de cumplimiento obligatorio, sí consigna que, para que los testimonios de los colaboradores eficaces tengan validez probatoria, estos deberán ser corroborados con otros medios de prueba que respalden lo dicho.

“En toda circunstancia, la versión del colaborador o aspirante a colaborador, como ya se dijo, no debe ser la única relevante; sino que ha de estar corroborada por otros medios-fuentes de prueba”, señala el documento.

Para Caro, este requisito -que ya está establecido en la ley y en la jurisprudencia- no ha sido respetado por los tribunales en casos recientes. 

“La Corte Suprema ha dicho en varias ocasiones que ese requisito es fundamental. En mi opinión, ello no se ha venido cumpliendo a nivel de los jueces de primera instancia, que han dictado una serie de decisiones cuando no siempre está con corroborada la versión del colaborador eficaz”, indica.