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Así como Odebrecht tenía su Departamento de Operaciones Estructuradas para pagar sobornos a ex presidentes y funcionarios a cambio de millonarios contratos para obras públicas, la constructora brasileña OAS tuvo su ‘Controladoria’ (contraloría, en español), la cual funcionaba como su caja 2 (como también se llama a la división de coimas de Odebrecht).
“Era una oficina que servía para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios”, describe un colaborador eficaz de la fiscalía que se cita en el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.
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De acuerdo con el documento presentado ante el Poder Judicial por el fiscal Carlos Puma, del equipo especial Lava Jato, el dinero ilícito con el que OAS financió las campañas de Villarán en el 2013 (contra la revocación) y el 2014 (en que buscó la reelección) –US$7 millones en total– provenía de la ‘Controladoria’.
Entre marzo y abril de este año, Léo Pinheiro, ex presidente de OAS, así como cuatro ex ejecutivos de la firma rindieron sus testimonios a los fiscales Germán Juárez y Carlos Puma en Brasil. Ellos declararon en las ciudades de Sao Paulo y Curitiba que el dinero entregado a las campañas de Villarán se hizo en contraprestación a la suscripción de la adenda N° 1 del contrato de ampliación de la concesión de peajes, de 30 a 40 años, del proyecto Línea Amarilla.
—Los colaboradores—
De acuerdo con el colaborador eficaz 105-2019 de la fiscalía peruana, la ‘Controladoria’ era “un departamento de OAS-Brasil que no integraba el organigrama de la compañía generando recursos para la caja 2, esto es el pago de coimas para la compañía”.
El colaborador agregó que el ex gerente general de OAS en el Perú Valfredo de Assis Ribeiro era quien “llegaba a un acuerdo con el funcionario [peruano], luego de lo cual lo comunicaba a Leonardo Fracassi [ex gerente de contratos de OAS] y este a Alexandre Portella [encargado del área de contabilidad internacional clandestina de OAS], quien se ponía de acuerdo con el funcionario [que solicitaba el pedido] sobre cómo se organizaba el pago”.
Sobre el caso de Villarán, el colaborador 105-2019 detalló que a inicios del 2013 Valfredo de Assis fue citado al Palacio Municipal para conversar con la alcaldesa Villarán, quien le dijo “que el proceso de revocación era muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”.
En otro momento de su declaración, este colaborador relató que “[el ex gerente edilicio José Miguel] Castro pidió el dinero a Valfredo de Assis para la campaña por el No [a la] revocación, y que los costos de la campaña lo iban a dividir entre las empresas que tenían concesiones con la municipalidad y que cabría que OAS entregue un monto de US$3 millones”. Dijo además que esta solicitud fue trasladada al entonces presidente de la compañía Léo Pinheiro, quien accedió.
El colaborador 130-2019 brindó mayores detalles de los encuentros entre funcionarios de la gestión de Villarán y OAS. Dijo que “la propia ex alcaldesa agradeció el aporte [a Pinheiro], […] después de que ella ganó las elecciones [revocación]”.
En el mismo sentido declaró el colaborador eficaz 101-2019, quien indicó que “a inicios del 2013 De Assis Ribeiro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán, que serían pagados por medio de contratos en Brasil a nombre del señor Valdemir Garreta Pereira [publicista brasileño y dueño de la agencia FX Comunicación], con la empresa Ogilvy a través de Óscar [Vidaurreta] con remesas de pago de la caja 2, a una persona de nombre Lucho, quien fue nombrado por Castro”.
También afirmó que “la caja 2 entregó US$1 millón a una persona de nombre Luis Gómez Cornejo”, quien se desempeñó como secretario de economía de Diálogo Vecinal, organización política con la que Villarán postuló a la reelección para la Alcaldía de Lima en el 2014.
El documento fiscal indica que Gómez-Cornejo era una “persona de confianza de Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez” y que era el “responsable del manejo de dinero de la campaña por la reelección”.
El 13 de febrero del 2013, se suscribió la adenda N° 1 a favor de OAS por el proyecto Línea Amarilla, que autorizó la ampliación de la concesión de peajes de 30 a 40 años.
Al mes siguiente, el 17 de marzo de ese año, se realizó la consulta ciudadana que finalmente permitió que Susana Villarán culminara su gestión.
—La otra campaña—
El colaborador eficaz 101-2019 además declaró al fiscal Puma que Léo Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los lazos de relación con Villarán y su gerente José Miguel Castro. “Fue Castro quien pidió a Léo Pinheiro dinero para la campaña por la reelección de Villarán por la suma de US$4 millones, a lo que el segundo aceptó […]. Castro decía que por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar”.
Castro indicó a César Meiggs como la persona a la que se le entregaría el dinero. Esto, según la fiscalía, a través de las empresas constructoras de Meiggs.
La declaración del colaborador 120-2019 refuerza lo dicho por los demás ex ejecutivos, hoy acogidos a la colaboración sincera.
“Léo Pinheiro solicitó a Leonardo Fracassi proceder con contratos ficticios para que se pudiera generar dinero para la campaña de Villarán, esto por la suma de US$4 millones.
Asimismo, el colaborador 110-2019 dijo que Pinheiro aceptó entregar US$4 millones porque en ese momento estaban en el período de aprobación de pago directo para el acuerdo de la adenda que extendía de 30 a 40 años la concesión del peaje de Línea Amarilla.
—Descargos de los investigados—
El Comercio se comunicó con José Orrego, abogado de José Miguel Castro, quien indicó que no iba a declarar. “Todo eso se discute en la audiencia del lunes”, señaló.
Este Diario intentó comunicarse con el abogado de Susana Villarán, pero no respondió ninguna llamada. La ex alcaldesa se pronunció ayer en Radio Exitosa.
En diálogo con este Diario, Luis Gómez-Cornejo negó las imputaciones que se le hacen. Indicó que nunca militó en Diálogo Vecinal. "Yo no he sido secretario de economía […], no sé quiénes serán ni quién habrá sido ni quién habrá ejercido esa función. Yo nunca he sido militante ni dirigente de Diálogo Vecinal”, indicó.
Agregó que el colaborador eficaz citado en la investigación del fiscal Carlos Puma no mencionó su nombre completo. “En ningún momento el colaborador eficaz dice que es Luis Gómez-Cornejo Rotalde, porque yo tengo apellido compuesto. Entonces, el señor Luis Gómez Cornejo no soy yo, debe ser otro”, agregó.
Asimismo, reconoció que es amigo de Susana Villarán y del padre de José Miguel Castro, pero negó que sea parte del círculo de confianza de ambos.
La fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán, José Miguel Castro, Luis Ernesto Gómez-Cornejo, Gabriel Prado, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.
La audiencia sobre la solicitud de prisión preventiva estará a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta se realizará mañana desde las 9:00 a.m.
