Pablo Sánchez: “Fiscalía sí está investigando a las socias de Odebrecht”

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, revela que es la primera vez, en sus 36 años de carrera en el Ministerio Público, que enfrenta “una presión de esta naturaleza”, en alusión a la denuncia constitucional del fujimorismo. Asevera que le preocupa mucho el mensaje que se da a los fiscales del país por este asunto.

—¿Para usted es Keiko Fujimori quien ha ordenado al vocero de Fuerza Popular que lo denuncie constitucionalmente por omisión de funciones?
Esa pregunta me es muy difícil de contestar porque no sé. Es una denuncia que se presenta a título personal y que apoya toda la bancada. Debo pensar que, obviamente, todos están enterados en este tema.

—¿Cómo interpreta que el partido que estuvo cerca de ser gobierno denuncie a la cabeza de la fiscalía?
Yo no lo entiendo hasta ahora porque lo que hacemos es cumplir nuestra función. Si tenemos un caso, se investiga. El fiscal diseña los casos, fija los plazos. Yo no me inmiscuyo en su labor, no dirijo ni digo a quién hay que investigar, yo respeto su autonomía.

—¿Para usted cuál es la razón?
No entiendo por qué una decisión de la fiscalía, de continuar con la investigación en el Caso Joaquín Ramírez, dé lugar a una denuncia contra mi persona. No tengo nada que ver en esa decisión. Quizá le han informado mal, pero estoy sometido al escrutinio del Congreso, y obviamente voy a contestar allí lo que se plantee como denuncia.

—¿Va a tomar alguna acción legal en este momento?
Estoy estudiando el caso. Si necesito un abogado, voy a contratarlo obviamente y voy a defenderme. Además, porque afecta al Ministerio Público.

— Como cabeza de la fiscalía, ¿qué rol tiene en las investigaciones?
El fiscal de la Nación es el jefe de la institución, la dirige, controla el trabajo de los fiscales, pero los fiscales hacen su propia investigación, tienen autonomía propia. Ellos pueden abrir una investigación y yo no puedo tener injerencia ni decirles haz esto o haz lo otro. No hay forma en que yo influya en ellos.

— ¿Qué es lo que sí puede hacer?
Lo que puedo hacer es orientar genéricamente, dar directivas generales para todos.

—¿Y sí están obligados a informarle del avance de sus investigaciones?
Están obligados, cuando lo pido, a informarme cómo van, en la medida en que puedan decirlo porque si hay cosas reservadas, no me lo van a decir.

—¿Entonces en temas reservados usted no puede entrar?
No puedo entrar. Entonces lo que hago es dirigir la institución, dar el apoyo logístico, pero no tengo injerencia en ellos.

—¿A usted esta denuncia del fujimorismo también le recuerda a los años noventa, como han dicho algunos actores políticos?
En esa época yo era fiscal, pero no tenía casos especiales en los que alguien me dijera haz esto o lo otro. Tengo 36 años de trabajo en la fiscalía, empecé como asistente y poco a poco he ido escalando. Nunca he tenido un cuestionamiento por mala conducta o sanción. Me denuncian porque dicen que he omitido mis funciones, porque ante la declaración de un colaborador eficaz yo no he hecho nada para que se investigue a empresas vinculadas a Odebrecht. Esto colisiona con lo que dije antes. Yo no puedo hacer eso, no puedo decirle a un fiscal [que] investigue a tal persona. Me están pidiendo que haga algo que está prohibido.

— El legislador Daniel Salaverry cuestiona que hasta ahora la fiscalía no investigue a las socias de Odebrecht, como Graña y Montero. ¿Es cierto?
Hay investigaciones abiertas y reservadas. En este caso, me obligan a decir públicamente que sí están siendo investigadas. Lo que es reservado tengo que hacerlo público porque la denuncia constitucional se centra en eso. Hablé con el fiscal Hamilton Castro y le dije que tengo que decir esto para que se me entienda. No es que no se esté investigando, sí se está investigando a las empresas consorciadas.

—¿Espera que con esta aclaración puntual el fujimorismo dé marcha atrás y retire la denuncia constitucional?
Espero que se den cuenta de que no es como ellos lo plantean. No tengo nada en contra de los partidos políticos, los respeto. Pero si una persona está siendo investigada o denunciada por un tema, y pertenece a un partido político, pues que se investigue, ¿no? Que se investigue a la persona y no al partido político. Si no hay pruebas, se archiva. Quien no la debe no la teme.

—Dicen desde el fujimorismo que se busca afectar la candidatura de Keiko Fujimori en el 2021.
El fiscal ha fijado como plazo 36 meses, es lo que manda la ley. La lectura ha sido que coincide con la fecha de las elecciones presidenciales. De mi parte no ha habido ninguna instrucción al fiscal en ese tema. Además, pienso que el fiscal tampoco ha pensado de esa manera, es el tiempo que establece la ley. Puede durar tres años, dos, uno, seis meses.

—El fujimorismo reclama que se investigue a su lideresa bajo la ley de crimen organizado. Dicen que no son criminales que se han enriquecido haciendo cocteles.
Esa calificación la hace el fiscal del caso, no la hago yo. Su hipótesis de trabajo es que se ha formado un grupo de personas para dedicarse a un tipo de delito. Está dentro del marco de la ley. No es lo que yo he decidido. Yo respaldo su trabajo, su autonomía, pero él fija su línea de investigación.

—También se lo responsabiliza de la demora en la extradición del ex presidente Alejandro Toledo. ¿Hay alguna autocrítica de la fiscalía porque daría la impresión de que no han presentado a tiempo pruebas contundentes?
Normalmente, un proceso de extradición dura cuatro años. Acá tenemos menos de un año. Esto no quiere decir que se justifica la demora. Hay la necesidad de la sociedad de saber qué pasó y de tener presente en el país a quien se llevó el dinero de los peruanos. Entiendo eso y se están haciendo los esfuerzos para cumplir los estándares que exige la justicia estadounidense. El fiscal Hamilton Castro me ha informado que para diciembre estará listo el cuadernillo de extradición y se lo va a pasar al Poder Judicial. De allí se va a trasladar el pedido a la justicia estadounidense.

—Lo señalan de querer proteger al presidente Pedro Pablo Kuczynski porque él estaría implicado en el caso de la Interoceánica como ex ministro del gobierno de Toledo. ¿Hay razones para que el fiscal de la Nación proteja al mandatario?
En absoluto. Nuestro trabajo es de investigación con igualdad para todos. Nadie tiene corona y nosotros no protegemos a nadie. Si nos llegan denuncias contra autoridades de este gobierno, vamos a investigarlas. Si hay quejas o delitos de algún funcionario, vamos a investigarlos.

—¿Así sea el presidente de la República?
Así sea el presidente, pero obviamente dentro del marco de la Constitución, porque tampoco es que se lo investigue o se lo denuncie por un hecho cualquiera, sino en el marco de la ley, pero no hay protección a nadie. No entiendo. Cuando se investigó al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, se decía que nosotros apoyábamos al fujimorismo. Ahora que se los investiga a ellos, dicen que el aval viene por otro lado. No es así.

—¿El mandatario ha colaborado satisfactoriamente con la fiscalía en los casos del gasoducto sur peruano y Odebrecht?
Sobre eso, no le puedo decir porque es trabajo de los fiscales. No puedo calificar lo que ellos hacen en sus diligencias. No me entrometo en el trabajo de ellos. Me preocupa cuando demoran mucho, cuando hay una decisión que es escandalosa o que la sociedad cuestiona. Allí yo pido informes, pero mientras tanto, dejo que hagan su trabajo.

—¿Le hace bien al presidente negarse a recibir a los miembros de la Comisión Lava Jato del Congreso, como sí lo hizo con los fiscales?
Esa es una decisión personal del presidente, no puedo emitir opinión.

—¿Le preocupan actuaciones como la de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación a Joaquín Ramírez sin un peritaje contable y argumentando la casación de Arequipa, cuando ustedes habían salido públicamente a cuestionarla?
Respeto la decisión de los fiscales. Pero en ese caso específico me preocupé mucho porque antes de la decisión de la fiscal se decía en la prensa que no había peritajes o que estas no avanzaban. Le pedí información a la fiscal y me dijo que solo habían avanzado el 10% del trabajo pericial. Luego, los peritos me informan que el avance era de 50%. Entonces dije: “Acá hay algo extraño”, la doctora no me ha dicho la verdad, la fiscal no es de mi confianza y dejé sin efecto su destaque, no he hecho nada más.

—¿Ya está siendo procesada por control interno?
No que yo sepa. Solo pedí que se dejara sin efecto su destaque a lavado de activos. No sé si la fiscalía de control interno le ha abierto investigación.

—¿Quién tendría que pedir que pase a control interno?
La fiscalía actúa de oficio.

—Mientras tanto, ella está viendo otros casos...
Bueno, lo que sí he visto es el informe del archivo del caso. Una investigación de tanto tiempo merecía un informe más escrupuloso.

—¿La fiscal debería seguir en el Ministerio Público?
Yo no puedo decir eso. Pienso que si ha habido una inconducta, pues que se investigue y se tome alguna medida disciplinaria. Eso me han enseñado toda mi vida en el trabajo. Eso depende de los órganos de control.

—Se ha conocido por información difundida por El Comercio que el señor Marcelo Odebrecht ha afirmado que su empresa aportó a la campaña de Keiko Fujimori del 2011 y que las iniciales AG corresponden al ex presidente Alan García. ¿Qué garantía da usted de que tras estas revelaciones tengamos investigaciones expeditivas?
El fiscal del caso tiene la libertad de programar sus diligencias como él lo crea más conveniente. Lo dejo en manos del fiscal del caso, José Domingo Pérez. Es un fiscal probo, con mucho conocimiento y experiencia. Él puede hacer su investigación en el tiempo que considere necesario. Si acumula pruebas, tendrá que acusar y si no, tendrá que archivar. Yo no interfiero.

—¿Qué hace cuando ve que los fiscales de casos emblemáticos no coordinan?
Yo los he llamado al orden varias veces. Han estado acá en mi despacho y luego se han comprometido a seguir coordinando bien su trabajo. Pero cada uno es responsable de sus actos. Les he pedido moderación y coordinación. Parece que ahora las cosas están mejor que antes. Quizá con los últimos acontecimientos están trabajando mejor y logrando sus objetivos. Como en toda familia, a veces hay divergencias, hay temperamentos y formas de ser distintos.

—¿Qué explicación le dieron los fiscales José Domingo Pérez y Alonso Peña luego de que el primero señalara que el segundo le pidió no preguntar a Odebrecht por las iniciales AG?
Uno me dijo que lo había entendido de una manera y el otro que no había dicho eso. Llamé al orden a los dos y llegué a la conclusión de que fue un malentendido entre ellos. Les he dicho que superen el problema porque afecta la investigación. El tema está en control interno.

—A partir de este momento en que lo han denunciado constitucionalmente, ¿va a salir a informar, como ocurre en Brasil, sobre los avances en las investigaciones?
La comunicación externa la estamos programando. Pensamos salir en grupo para decir los avances de las investigaciones, introducirlo en nuestra web, para que todo el mundo sepa. Por eso ahora he dicho cosas que antes no podía decir.

—¿Le preocupa que la bancada mayoritaria del Congreso pueda lograr su destitución?
Jurídicamente la denuncia no tiene sustento, lo dicen los especialistas. Ahora, si se trata de una decisión política, me someto a la decisión que tome el Congreso, con la convicción de que he actuado bien, con la conciencia bastante tranquila, con la frente en alto. Que asomen la razón y la justicia en este tema. Yo espero que no prospere y, si ocurre algo distinto, lo asumo y saldré tranquilo de acá.

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