Patricia Benavides: ¿Qué puntos analizará la Corte Suprema para decidir si continua o no suspendida en sus funciones?

La Corte Suprema analizó este miércoles los recursos de apelación en el marco de dos casos que se siguen contra Patricia Benavides, y que implican su suspensión como fiscal suprema titular y titular del Ministerio Público.

El primer recurso fue sustentado por la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos a fin de que se ordene al Juzgado de Investigación Preparatoria emitir un nuevo pronunciamiento sobre el pedido de suspensión contra Benavides, en la investigación que se le sigue por presuntamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público.

La segunda apelación fue presentada por la defensa de Benavides Vargas, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de encubrimiento personal y otros, vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto; a fin de que se anule la suspensión en el cargo de fiscal supremo y fiscal de la Nación por 24 meses que se le impuso.

La fiscalía de la Nación, en este caso, también apeló el plazo de la suspensión solicitando la ampliación a 36 meses.

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Actualmente, Benavides se encuentra impedida de asumir funciones en el Ministerio Público debido a la medida cautelar de suspensión que se dictó en su contra, por la investigación que fue materia de una denuncia constitucional ante el Congreso por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad, vinculado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Sin embargo, días atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento archivó la denuncia al no aprobarse el informe de calificación que proponía admitirla y continuar su trámite.

En el marco de la investigación que se sigue contra Patricia Benavides por el presunto delito de organización criminal, vinculado a las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva y el hallazgo del Eficcop, el Ministerio Público sustentó ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema su pedido para que se emita una nueva resolución sobre su pedido de suspensión en el cargo por 36 meses.

Por ello, el fiscal supremo adjunto Óscar Miranda requirió que se anule la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria que, en 2024, declaró “sustracción de la materia” y no emitió un pronunciamiento de fondo sobre la medida cautelar de suspensión en el ejercicio de sus funciones por 36 meses.

El fiscal cuestionó que el juzgado de primera instancia señaló que, como la Junta Nacional de Justicia -en ese momento- había destituido a Benavides Vargas, como efecto de un proceso disciplinario administrativo, ya no correspondía emitir pronunciamiento en vía penal sobre la suspensión de su cargo.

Por tanto, adujo, se ha incurrido en vicios de nulidad al no haber emitido un pronunciamiento de fondo, sobre el pedido; y haber confundido el proceso administrativo disciplinario con el fuero penal que faculta al Ministerio Público a pedir medidas cautelares.

“Nos afecta porque no se nos ha brindado tutela objetiva en torno al planteamiento urgente en la medida solicitada, dada la gravedad de los cargos imputados a Benavides Vargas, donde incluso, en la carpeta en mención, se está investigando organización criminal.”

Óscar Miranda, fiscal supremo adjunto

El fiscal recordó además que la destitución que en su momento alegó el juzgado supremo de primera instancia, fue anulado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el pasado 12 de junio, ordenando que Benavides sea repuesta en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación.

“Solicitar que se declare nula esta resolución y que se ordene al órgano jurisdiccional que emita un pronunciamiento de fondo sobre la medida de suspensión en el cargo”, requirió Miranda.

A su turno, Humberto Abanto, abogado de Benavides Vargas, señaló, ante la sala suprema, que la fiscalía incurre en “error” al considerar que existe la obligación de que el juzgado emita un pronunciamiento de fondo sobre cualquier pedido, desconocimiento que existen “medios de terminación atípico del procedimiento”; y que un ejemplo de ello es la sustracción de la materia.

Además, precisó que no habría ninguna omisión puesto que al momento en que se emitió la resolución, Benavides había sido destituida por la JNJ y, pese a la resolución que anuló dicha destitución, no reasumió sus funciones porque el Ministerio Público no cumplió con ejecutar la misma.

“Es decir, el mandato de la Junta Nacional de Justicia no se ha cumplido, la señora Benavides Vargas sigue tan en la calle como el día que se dictó la resolución el juez de investigación preparatoria”, adujo.

En paralelo, en una segunda audiencia, la defensa de Benavides sustentó su recurso de apelación para que se anule la resolución que dictó la suspensión en sus funciones por 24 meses.

Abanto señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya archivó la denuncia constitucional que formuló la fiscalía de la Nación en contra de su patrocinada por este caso, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Por tanto, consideró que existe un “error interpretativo” de la fiscalía al considerar que habría alguna posibilidad distinta a lo que señala el Reglamento de Procedimientos Parlamentarios sobre las denuncias.

“Las denuncias que son declaradas improcedentes van al archivo. La comunicación a la Comisión Permanente es un ritual, la Comisión Permanente no puede votar cosa distinta sobre lo decidido en la subcomisión, lo que hace es tomar nota y remitir al archivo.”

Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides

En conclusión, señaló que la decisión de archivor la denuncia constitucional lleva a la conclusión del procedimiento parlamentario y, por tanto, no se puede discutir una apelación sobre “un proceso que ha fenecido”.

Por ello, solicitó que se revoque la resolución dictada por el juez supremo de primera instancia y reformándola se declare “improcedente” el pedido de suspensión en el ejercicio de cargo de Benavides Vargas.

Por su parte, la fiscal suprema adjunta, Alejandra Cárdenas, solicitó que se amplíe el plazo de suspensión a 36 meses, y requirió que se rechace el pedido de nulidad de la denuncia.

Sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la fiscal precisó que lo que se hizo fue archivarla mayoría, pero, jurídicamente, no existe una resolución que declare “improcedente” la denuncia constitucional.

Por tanto, el Congreso tendría que emitir una resolución de improcedencia, remitir el caso a la Comisión Permanente y notificar al Ministerio Público, situación que a la fecha no ha ocurrido, añadió.

En esa línea, señaló Cárdenas, mientras que el Congreso no tenga un pronunciamiento definitivo, el requerimiento fiscal sigue vigente, y tiene que ser atendido por el Poder Judicial porque el derecho no admite absurdos.

Consideró que, como se indica en la resolución de primera instancia, existe el riesgo de la reiteración del delito investigado si es que Benavides Vargas retorna a sus funciones.

“El absurdo es que se permita que, quien está siendo investigada por el uso arbitrario, abusivo e ilegal de fiscal de la Nación, vuelva a ingresar como fiscal de la Nación, asuma esas investigaciones, como bien lo dice el juez de instancia; o si no, asigne a un fiscal supremo que la investigará, con lo cual estamos en el absurdo de que la parte es el juez”

Alejandra Cárdenas, fiscal suprema adjunta

Por ello, la representante del Ministerio Público adujo que la resolución de primera instancia estuvo bien fundamentada respecto a los motivos de la medida, sobre todo por el riesgo de que la investigada retorne a la fiscalía como dispuso la JNJ.

Señaló que pese a que para la fiscalía, la JNJ no ha enviado la documentación completa sobre la reposición, Benavides buscó retornar el cargo por la fuerza.

“Todos hemos visto cómo se pretendió tomar posesión del cargo físicamente, sin que se haya notificado la resolución, ese riesgo es manifiesto, actual y inminente”, señaló.

Los recursos serán resueltos en las próximas horas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.