Juicio de Pedro Castillo se acerca a su final: tribunal admite un último grupo de pruebas adicionales

La evaluación de esta última docena de pruebas fue programada para las audiencias del próximo martes 7 y jueves 9 de octubre. Estas incluyen nuevos interrogatorios a peritos y el reporte de geolocalización de Betssy Chávez en los momentos posteriores al mensaje golpista de Pedro Castillo del 7 de diciembre del 2022, cuando -según la acusación fiscal- buscó dirigirse a la embajada de México.

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Si no hay dilaciones de por medio y en esos dos días la sala termina con ese análisis, el juicio continuará después con las últimas actuaciones antes de emitir sentencia: el interrogatorio a los acusados que acceden a declarar, los alegatos finales y las últimas palabras (defensa material) de Pedro Castillo y el resto de procesados.

Estas pruebas “excepcionales” o “adicionales fueron ofrecidas por la fiscalía y las defensas en septiembre, pero estaban pendientes de que el juzgado resuelva si las admite para su evaluación en el juicio. La respuesta demoró por el incidente que ocupó la mayor parte de la atención de todas las partes en las últimas audiencias: la ‘desvinculación’ del tribunal para incluir el delito de conspiración para rebelión en el juicio.

En la sesión del último martes, la sala desestimó los recursos con los que la mayoría de defensas intentó que el tribunal retroceda en su decisión de incluir el delito de conspiración. En consecuencia, la audiencia de este jueves fue dedicada al pronunciamiento respecto a las pruebas excepcionales. Se trata de pruebas que no fueron incluidas al inicio del juicio pero que, para el tribunal y a propuestas las partes, serán útiles para la emisión de la futura sentencia.

Por parte del Ministerio Público, el tribunal admitió el informe de geolocalización del vehículo o ‘cofre’ en el que se desplazó la acusada Betssy Chávez el día del golpe de Estado. “El documento se oralizará el 7 de octubre del 2025”, anunció la jueza Norma Carbajal, directora de debates del juicio.

Con ese documento, la fiscalía buscará corroborar la versión que dieron sus testigos durante el juicio y que es negada por la defensa de la exministra: que luego del mensaje golpista, Betssy Chávez se dirigió, como hizo Pedro Castillo, hacia la embajada de México, antes de cambiar de ruta a medio camino y dirigirse a su despacho como congresista. De este grupo de pruebas admitidas, es la que se prevé como más importante.

También a solicitud de la fiscalía, se admitió la declaración del perito Arturo Lazarte, para que responda por un dictamen en el que amplía una pericia que hizo a un CPU encontrado en la Oficina de Apoyo al Cónyuge de Palacio de Gobierno, por la que fue interrogado dentro del juicio. Según la acusación fiscal, fue en esa máquina donde se habría terminado de redactar el mensaje golpista entre la noche del 6 de diciembre y la mañana del 7 de diciembre del 2022.

“El perito será citado para el día 9 de octubre a las 9 de la mañana, debiendo el Ministerio Público coadyuvar a su concurrencia, bajo apercibimiento de prescindencia”, dijo la jueza. Es decir si no se presenta ese día, ya no se le volverá a citar.

Por otro lado, el tribunal rechazó el pedido de la fiscalía para admitir como prueba la declaración que dio el suboficial Eder Infanzón, acusado por supuestamente impedir el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista, durante la etapa de la investigación del caso.

Por estar fuera del país y como reo contumaz, Infanzón no ha podido ser parte del juicio ni podrá declarar ante el tribunal. Con la lectura de su testimonio previo, la fiscalía buscaba suplir esa ausencia y sustentar el supuesto rol de los oficiales PNP Manuel Lozada y Jesús Venero (quienes sí son parte del juicio) en el impedimento a los congresistas; pero el tribunal no accedió.

El tribunal también admitió pruebas adicionales ofrecidas por las defensas de Betssy Chávez, Manuel Lozada y Jesús Venero. De la primera, solo se accedió a evaluar la carta de renuncia a su cargo de presidenta del Consejo de Ministros del 7 de diciembre del 2022. Luego, se rechazó su pedido para que declaren como testigos en el juicio la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto, el coronel PNP (r) Harvey Colchado, el expresidente del Congreso José Williams; y se evalúan documentos como el acta de la sesión del Congreso donde se aprobó la vacancia de Pedro Castillo.

Respecto al general Manuel Lozada, se admitieron dos audios de la radio policial con los que su defensa busca probar que no ordenó impedir el acceso de legisladores, sino que, por el contrario, dispuso que se les dé facilidades para llegar al Congreso, en un contexto de protestas cercanas a la sede del Parlamento. Las grabaciones deberán se reproducidas ante el tribunal en la audiencia del 9 de octubre.

A pedido de la misma defensa, el tribunal también accedió a citar para ese mismo día a dos peritos con los que se buscará corroborar que la voz de esos audios corresponde al acusado general de la PNP. En cuanto al acusado Jesús Venero, se admitió una resolución administrativa del Ministerio del Interior ofrecida por su defensa para probar que tampoco tuvo responsabilidad en impedir el acceso de legisladores.

También se admitieron cinco facturas y el reporte de una cuenta de ahorros ofrecida por Celestina Mamani, que es parte del juicio como “tercera legitimada”. Ella es parte del juicio por ser la persona que adquirió un inmueble que previamente estuvo a nombre de Betssy Chávez: la procuraduría busca que al final del juicio se anule esa transferencia para poder destinar el valor de ese inmueble para cobrar una eventual reparación civil a la exministra.

Finalmente, el tribunal rechazó las pruebas adicionales ofrecidas por las defensas de Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta. El abogado del expresidente buscó que sean evaluadas como pruebas las portadas de El Comercio y de otros diarios del 7 de diciembre para evidenciar el “contexto de presión extrema” en que estaba ese día su defendido, así como el video de la votación de su vacancia y las declaraciones como testigos de los entonces titulares del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y la Defensoría Pueblo.

La próxima audiencia del juicio será el martes 7 de octubre, día en que se cumplen 34 meses del golpe de Estado castillista. Ese día comenzará la evaluación de estas pruebas adicionales o excepcionales. Es posible que durante esa sesión, el juzgado decida si admite también las nueve pruebas ofrecidas por la defensa de Aníbal Torres para el delito de conspiración, recientemente añadido al juicio. El resto de acusados no ha ofrecido pruebas respecto a ese ilícito.

Superada la etapa de pruebas, los acusados deberán definir si acceden a ser interrogados por la fiscalía, la procuraduría y el resto de defensas. El único de ellos que ya declaró en esa condición fue el general Manuel Lozada, lo que ocurrió al inicio del juicio, como parte de la estrategia de su defensa. Aún no se sabe si Pedro Castillo accederá a ser interrogado o si optará por el silencio.

En este juicio, la fiscalía pidió 34 años de prisión para el exmandatario por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para el resto de acusados (Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, Manuel Lozada y Jesús Venero) se pide 25 años solo por rebelión.

Si el tribunal decide condenarlos por conspiración, el delito recientemente añadido, y no por rebelión, las penas a imponer se reducirían a la mitad.

Una sentencia condenatoria en primera instancia, además, dejaría a Pedro Castillo y el resto de procesados sin la posibilidad de postular en las elecciones del 2026, al margen del proceso de inhabilitación actualmente en marcha contra algunos de ellos en el Congreso por infracción a la Constitución.