Perú Libre propone legalizar cultivos de cuencas cocaleras: un proyecto que siembra dudas y peligros

El congresista Wilson Quispe Mamani, representante de Perú Libre por la región Puno, presentó el último lunes 25 un proyecto de ley que busca regular el cultivo, producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca en el país. Sin embargo, esta iniciativa del partido oficialista encierra serios peligros advertidos por expertos consultados por El Comercio.

En primer lugar, el proyecto plantea en su artículo 5 que se reconozcan las 13 cuencas y microcuencas productoras de hoja de coca, entre ellas, las del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); y la de San Gabán, en la región Puno. Desde el 12 de octubre, productores cocaleros de esta cuenca de la provincia de Carabaya participaron en un paro indefinido en contra de la erradicación de cultivos de hoja de coca por parte del Proyecto Especial Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah). El viernes 22 se anunció que la medida sería levantada.

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El proyecto del congresista Quispe Mamani también plantea que se consideren cultivos lícitos “con fines de comercialización e industrialización” los comprendidos en las 13 cuencas cocaleras “debidamente empadronadas”. Además, que las zonas involucradas en programas de sustitución y desarrollo alternativo estén sujetas a una “reducción concertada y voluntaria”, bajo consentimiento del productor. El empadronamiento de los productores recaería en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), los gobiernos regionales y locales. En sus manos estaría la actualización del registro de los productores de hoja de coca, con la participación de organizaciones cocaleras.

La iniciativa fue suscrita por los congresistas Álex Flores, Waldemar Cerrón, Guido Bellido, María Taipe, Jaime Quito y Alfredo Pariona. Todos son integrantes del bloque oficialista. Antes de ser ministro del Interior, Luis Barranzuela se presentaba como asesor de cocaleros.

Lea aquí el proyecto de ley:

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Cuestionamientos

Las cuencas cocaleras cuya producción se busca legalizar comprenden cultivos articulados con fines ilícitos. En el proyecto de ley de Quispe, se sostiene que la iniciativa responde a la “necesidad” de formalizar y beneficiar a más de 250.000 productores de hoja de coca. Pero esto no guardaría relación con los actuales indicadores.

“Es inútil y peligroso porque se estaría legalizando toda la producción de hoja de coca y, como ha quedado demostrado en estudios de Devida, estamos más que cubiertos para la producción lícita”, dijo Ricardo Valdés, exviceministro de Orden Interno.

Desde el punto de vista técnico, Valdés anotó que hay abastecimiento para la demanda de hoja de coca para fines tradicionales y de industrialización. Actualmente, hay 22 mil hectáreas de hoja de coca empadronadas para fines lícitos (Enaco, 2019). “¿Por qué tendría que legalizar a 250 mil productores de hoja de coca cuyo destino es básicamente ilegal?”, aseveró.

Para Valdés, el proyecto tendría también una motivación política, pues el partido de gobierno podría así ampliar su base social con los 250 mil productores de hoja de coca. “También es importante la lectura política. Si esto procede, se ponen de lado de la criminalidad organizada, de los problemas de salud pública, de aquello que es moralmente impropio. Eso pondría al gobierno y a la bancada de Perú Libre en una situación de inmoralidad”, finalizó.

En tanto, el exministro del Interior Rubén Vargas dijo que hay tres efectos directos que se desencadenarían de aprobarse el proyecto. Primero, que se pretendería legalizar el 100% de la producción de hoja de coca sabiendo que un gran porcentaje termina convertido en cocaína. “El empadronamiento es un serio problema para la lucha contra las drogas porque pretende legalizar el 90% de la producción de coca que va al narcotráfico”, dijo. Agregó que se podría originar un conflicto social entre cocaleros ilegales y las comunidades nativas. Finalmente, advirtió que podría haber abandono de áreas naturales protegidas al haber cultivos ilegales dentro de ellas.

Alfonso Zavaleta, asesor científico de Cedro, dijo que la iniciativa tiene como problema que, salvo algunas zonas de la región Cusco, “todas las demás corresponden al cultivo cuyo fin es el narcotráfico”. Respecto al empadronamiento que se propone, anotó que esta sería una forma de “encubrir y viabilizar que se pueda vender sin control al narcotráfico”. Cuestionó también que se pretenda incluir a la hoja de coca en un listado de productos alimenticios. “La hoja de coca no tiene fines alimenticios. Por ese lado, no hay justificación. Tampoco corresponde a una crianza nativa ni es una planta silvestre, sino cultivada en enormes extensiones”. Gran parte de esos cultivos, como anotaron los expertos, termina siendo insumo para el narcotráfico.

Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, coincidió en que este proyecto favorecería estas actividades ilícitas. En su lugar, propuso que más bien se plantee el fortalecimiento de la Enaco. “Lo que quieren es volver lícitos a los ilícitos. No hay justificaciones. [...] El único objetivo que tienen es paralizar la erradicación [de hoja de coca]”, concluyó.

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El impulsor del proyecto de ley

El legislador Wilson Quispe dijo el pasado 13 de octubre, en una actividad en San Román (Puno), que no está de acuerdo y no permitirá la erradicación de la hoja de coca. “Tiene que cumplirse la promesa de campaña. No se va a permitir la erradicación de la hoja de coca, tenemos que defenderlo frontalmente”, expresó. En esta conferencia anunció también la presentación del proyecto de ley en cuestión.

Estas declaraciones las brindó un día después de haberse iniciado el paro de cocaleros en la región del sur. Adicionalmente, el 12 de octubre, solicitó reuniones con el ministro del Interior, Luis Barranzuela, y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para tratar las acciones de erradicación de hoja de coca.

Esta reunión se pudo dar entre los alcaldes de San Gabán y Carabaya. También llegaron a Lima dirigentes cocaleros. Por medio del congresista obtuvieron la mencionada reunión con el ministro Barranzuela el 13 de octubre, desde las 3 de la tarde. En aquella cita, que no se extendió por mucho tiempo, no se llegó a ningún acuerdo. Se presentó como demanda fijar una fecha para suspender la erradicación de la hoja de coca, pero el ministro -que ingresó al final- indicó que aquello debía pasar por una asesoría jurídica. Se buscaba la instalación de una mesa técnica de la hoja de coca.

El jueves 21 de octubre, Quispe ingresó a una siguiente reunión en la que se acordó formalizar la instalación de una mesa técnica sobre la hoja de coca. En aquella cita participaron representantes de la cuenca cocalera de Carabaya, alcaldes y autoridades del Gobierno central.

En agosto, escribió en sus redes sociales, luego de un encuentro con rondas campesinas y el Centro Poblado Puerto Manoa (San Gabán), que se encaminaría “el proyecto de revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la hoja de coca y su legalización”. En setiembre de este año, el legislador oficialista anunció en sus redes sociales que uno de sus objetivos era presentar un proyecto de ley de cultivo de hoja de coca.

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