El Congreso de la República pondrá a votación las candidaturas presentadas por la comisión especial encargada de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional este lunes 30. (Foto: GEC)
El Congreso de la República pondrá a votación las candidaturas presentadas por la comisión especial encargada de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional este lunes 30. (Foto: GEC)
Ariana Lira Delcore

La última vez que le tocó renovar a los miembros del , el tardó cinco años. Al igual que lo que ocurre hoy en día, en la elección de los magistrados se hicieron visibles las pugnas entre las fuerzas partidarias, así como la relevancia de los criterios políticos en la toma de decisiones.

Corría el segundo gobierno de Alan García Pérez y la bancada oficialista tenía 36 votos en el Parlamento. En diciembre del 2009 vencían los mandatos de los magistrados Juan Vergara Gotelli y César Landa Arroyo.

El 22 de octubre del 2009, el pleno del Congreso constituyó la comisión especial que se encargaría de evaluar a los candidatos para reemplazarlos, pero recién en marzo del 2010 la Junta de Portavoces del Congreso acordó votar la terna de candidatos en el Pleno. Los tres candidatos seleccionados para reemplazar a Vergara Gotelli y a Landa eran Carlos Ramos, Manuel Miranda y Óscar Urviola.

Sin embargo, la bancada aprista pidió que la designación sea postergada una semana debido a que, según señaló uno de sus voceros, necesitaban ese tiempo para “limar asperezas” entre los sectores de la bancada respecto a cuáles de los candidatos deberían ocupar las plazas vacantes. Un mes después, la votación aún no se había llevado a cabo.

—El poder del veto —

Cuando el 21 de abril de 2010, por fin, se realizó la votación en el Pleno para escoger a los nuevos integrantes del TC, esta fue frustrada por la bancada aprista. Sorpesivamente, la mayoría de congresistas oficialistas votaron en abstención, de modo que fue imposible alcanzar los 81 votos requeridos para designar a los magistrados.

Carlos Ramos –quien se asumía obtendría los votos necesarios- recibió 75 votos a favor y 14 abstenciones. Manuel Miranda, por su parte, obtuvo 33 votos favorables y 28 abstenciones. Por último, Óscar Urviola consiguió 65 votos a favor y 17 abstenciones. Así, quedaba realizar un nuevo procedimiento de elección.

El poder del veto marcaría, durante los siguientes años, la historia de los intentos por renovar el TC.

—Criterios cuestionados—

Exactamente un mes después de que el Apra frustrara la elección de los miembros del TC, una declaración del congresista Mauricio Mulder encendió las alarmas sobre los criterios utilizados en el Parlamento para escoger a los magistrados constitucionales.

En el hemiciclo y frente a las demás bancadas, Mulder señaló que Ramos y Urviola no recibieron los votos del Apra por “no reunir los requisitos que corresponden”. Las declaraciones del legislador generaron una serie de acusaciones que giraban en torno a que el aprismo buscaba candidatos que respondan a los intereses políticos de su partido.

Ese día, en diálogo con El Comercio, Mulder dijo que la estrategia del oficialismo consistiría en esperar hasta fines de año –cuando concluiría el mandato del magistrado Carlos Mesía, de conocida filiación aprista- para tener una vacante más en el TC.

—Segundo round —

El 3 de junio del 2010, el Pleno del Congreso intentó, nuevamente, concretar la elección de los miembros del TC. Sin embargo, una vez más, esta quedó frustrada debido a las abstenciones de los congresistas del Apra. Por solo dos votos, Carlos Ramos –quien había obtenido el primer puesto en la calificación técnica del Legislativo- no obtuvo las adhesiones necesarias para conseguir el nombramiento.

Aquella vez, un hecho llamó la atención. Faltaban tan solo tres votos de la oposición para sumar los requeridos cuando, de pronto, el vocero del Apra, José Vargas, cruzó el hemiciclo hasta llegar al vocero de Alianza Nacional, Walter Menchola.

Mientras distintos congresistas gritaban “¡No arruges, Menchola!”, Vargas le dio un recado, supuestamente, de parte de Jorge del Castillo. Inmediatamente, Menchola se retiró del hemiciclo sin votar. Más adelante, el legislador dijo a El Comercio que había dejado su escaño luego de que le informaran que Ramos tenía una conexión con el expresidente Alejandro Toledo.

Ante la prensa, Mauricio Mulder señaló que Ramos y Urviola no contaban con la confianza política del oficialismo.

—Urviola, el primer designado —

El 11 de junio del 2010, el Apra frustró, una vez más, la elección de Carlos Ramos. Sin embargo, esta vez se logró alcanzar los votos suficientes para designar a Óscar Urviola como nuevo magistrado del TC.

—Nuevo Congreso, nueva demora —

La demora en reemplazar al magistrado restante del TC trascendió el periodo parlamentario. En el 2012, ya con un nuevo Gobierno y Congreso de la República instalados, los parlamentarios debían cubrir ahora 6 plazas vacantes en el TC.

En este nuevo escenario, era imprescindible que exista consenso entre la bancada oficialista (Gana Perú) y la principal fuerza opositora: el fujimorismo. Sin el acuerdo entre ambas bancadas, alcanzar los 87 votos necesarios para nombrar a los magistrados sería imposible.

Nuevamente, la falta de consenso prolongó excesivamente la designación, hasta que, en abril del 2013, el magistrado Ricardo Beaumont se apartó del TC como protesta por la demora. Su periodo había vencido hacía 9 meses.

En junio del 2013, quién y cuántas candidaturas se proponían era un tema de cuotas. Gana Perú, con el respaldo de Perú Posible, planteaba que 3 de las 6 candidaturas sean propuestas por el oficialismo, 2 por el fujimorismo y 1 por el toledismo. Por otro lado, Fuerza Popular y el Apra sostenían que las postulaciones debían presentarse de acuerdo a la proporción de fuerzas en el Parlamento: 2 para Gana Perú, 2 para el fujimorismo, 1 para Alianza por el Gran Cambio y 1 para Perú Posible.

En este contexto, la oposición acusaba al oficialismo de querer controlar a la mayoría en el tribunal. Según sostenían, el Gobierno de Ollanta Humala estaría intentando mantener la mayoría en el TC debido a que estaba pendiente resolver sobre la eventual candidatura de Nadine Heredia a la Presidencia de la República.

—El veto fujimorista —

Cuando finalmente se dispuso escoger a los miembros del TC, la elección se vio frustrada debido al veto de Fuerza Popular a los candidatos Francisco Eguiguren y Pedro Cateriano, ambos propuestos por el humalismo. Según los fujimoristas, la decisión se debió a que ambos personajes estaban ligados al Gobierno.

Lo cierto es que, al igual que lo que se sospecha en la actualidad, en aquel proceso los congresistas propusieron a candidatos militantes o cercanos a sus partidos políticos. Fuerza Popular, por ejemplo, propuso al excongresista fujimorista Rolando Sousa y al exjuez de la Sala Penal Antiterrorismo, Marcos Ibazeta; mientras que el nacionalismo presentó a Pedro Cateriano, ministro de Gobierno y al excongresista nacionalista Cayo Galindo. Fue debido a estos cuestionamientos que tanto Ibazeta como Cateriano decidieron, finalmente, dar un paso al costado y retirar sus candidaturas.

—Los 'temas sensibles’ —

Esta semana, el magistrado José Luis Sardón, propuso sin éxito que sea el próximo TC el encargado de resolver el hábeas corpus de Keiko Fujimori. Algo parecido ocurrió en el 2013, con la diferencia de que quien en ese entonces solicitó suspender las resoluciones del TC fue el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

En julio de ese año, Humala sostuvo que el TC debía “abstenerse de dar fallos sobre temas sensibles”, en tanto seis de sus siete miembros serían reemplazados pronto. Uno de los “temas sensibles”, según él mismo señaló, sería el referido al pago de los bonos de la reforma agraria.

Un asunto de sensibilidad que estaba pendiente de resolver por el TC en ese momento era la traba legal que impide la candidatura presidencial de Nadine Heredia.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, hizo caso omiso a lo que consideró una injerencia indebida del presidente en sus funciones.

La repartija, escándalo nacional

El martes 16 de julio del 2013, último día de la legislatura, el Pleno del Congreso votaría finalmente la designación de los nuevos miembros del TC. Sin embargo, la noche anterior, la revelación de tres audios confirmaron lo que, hasta ese entonces, se sospechaba: las bancadas de Gana Perú, Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio, Fuerza Popular y Frente Amplio-Acción Popular se habían repartido en cuotas las plazas vacantes tanto del TC como de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva.

Los audios revelaron que, en lugar de basar la elección de los vocales en criterios técnicos y profesionales, esta se basaba más bien en decisiones de carácter político.

Pero el escándalo no fue suficiente para impedir que la llamada ‘’ se consumase. Tras la votación en el Pleno, el Congreso eligió a los magistrados Francisco Eguiguren, Víctor Mayorga, Cayo Galindo (propuestos por el oficialismo), Rolando Sousa, José Luis Sardón (presentados por el fujmorismo) y Ernesto Blume (patrocinado por Alianza por el Gran Cambio).

La votación fue contundente: los seis candidatos obtuvieron 95 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Paradójicamente, en el hemiciclo no se oyó ningún aplauso, a pesar de haberse puesto fin a años de intentos frustrados por recomponer el TC.

Mientras tanto, las calles se llenaron de enérgicas protestas -protagonizadas en gran medida por estudiantes- que marcharon en contra de la controvertida elección. En menos de 24 horas, 5 de los 6 magistrados electos declinaron el cargo.

El 24 de julio del 2013, en una sesión extraordinaria de apenas 20 minutos y sin debate de por medio, el Pleno del Congreso declaró las vacancias de los seis vocales escogidos.

—2014: la recta final —

Para inicios del 2014, cinco de los seis miembros del TC tenían el mandato vencido. Ricardo Beaumont, además, había renunciado, de modo que se contaba con un magistrado menos.

Entre los temas pendientes por resolver, el TC tenía la ley del servicio militar, la ley Servir y la reforma del sistema privado de pensiones. Óscar Urviola, presidente del órgano constitucional, emitió duras declaraciones respecto a las constantes dilaciones del Parlamento en los nombramientos. “El Congreso está en deuda con el país”, reclamó en ese entonces.

El 16 de abril del 2014, la elección de candidatos a magistrados fue nuevamente frustrada. Aunque se suponía que los voceros de las distintas bancadas suscribirían el acuerdo final de compromiso para votar la terna acordada (Francisco Eguiguren, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón y Eloy Espinoza-Saldaña), el Apra y el fujimorismo vetaron a Eguiguren debido a sus vínculos con el Gobierno. Eguiguren, en ese momento, era embajador del Perú en España por lo que -según las bancadas opositoras- su proposición como candidato quebraba el acuerdo multipartidario de no designar a personas con vínculos político-partidarios.

Fue recién luego de que el oficialismo retirara la postulación de Eguiguren que llegar a un acuerdo con las bancadas opositoras se hizo posible. Así, el 21 de mayo del 2014, el Congreso escogió a los 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los vocales electos fueron Ernesto Blume, Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón. La coincidencia de votos entre Gana Perú y Fuerza Popular fue determinante para cada nombramiento.