Odebrecht: Fiscalía pide arresto domiciliario para Yehude Simon

La fiscalía solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia restringida del exprimer ministro Yehude Simon Munaro, por la de arresto domiciliario en el marco de la investigación que se le sigue por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht.

En marzo último, el juzgado de primera instancia rechazó un pedido de prisión preventiva contra el expresidente regional de Lambayeque y ordenó su comparecencia restringida con el pago de una caución de S/30 mil. Esto fue apelado por la fiscalía.

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Esta mañana, en audiencia pública, el fiscal superior del Equipo Especial Lava Jato, Wilfredo Mendoza sustentó, ante la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, el pedido para que Simon siga siendo investigado, pero bajo arresto domiciliario. A su consideración, existe peligro de fuga y obstaculización de parte del exfuncionario.

El fiscal explicó que al exgobernador regional se le atribuye el presunto delito de colusión, ya que habría aprovechado su condición para concertar con el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a fin de viabilizar la obtención de la buena pro del Proyecto Olmos-Primer componente, o conocido como Trasvase Olmos.

Además, habría dispuesto la designación de un representante para afijar de manera irregular la tarifa máxima del agua trasvasada, para firmar el contrato con la empresa Odebrecht, así como la firma de la segunda adenda con evidente ventaja para esta empresa.

También, agregó, se le imputa el presunto delito de lavado de activos, ya que con los actos colusorios para favorecer a la empresa Odebrecht, habría tenido un beneficio indebido al recibir activos ilícitos en el año 2006, cuando Simon buscaba la reelección en el gobierno regional de Lambayeque.

Dicho dinero se habría obtenido a través de Pablo Enrique Salazar y Jorge Málaga (fallecido), quienes habrían recibido USD$300 mil de la caja 2 de Odebrecht. El dinero, dijo el fiscal, no solo habría ingresado a la campaña electoral; sino también a su erario personal; ya que según su investigación habrían registros de dinero por otros USD$400 mil.

Según el fiscal, en el proceso de colaboración, en enero del 2020, Jorge Barata reconoció que entregaron $300 mil para la campaña de Simon. No obstante, no se sabe donde ingresaron los otros USD$400 mil. A ello, se suma que, según la información de la empresa brasileña, Simon podría ser uno de los codinomes (Sipan) que se registraron.

Además, el fiscal relató que en febrero de este año existió una comunicación entre Simon y su coinvestigado -que en ese momento tenía la condición de testigo- Pedro Salazar Torres, por Whatsapp.

Torres, dijo el fiscal, declaró que Simon le pidió que coordinara una reunión con Barata para ver si podía apoyarlo en su campaña; y así lo hizo.

“La organización criminal que operó en la región Lambayeque siempre superó este criterio formal de operar con un mínimo de tres personas”, dijo.

Respecto al peligroso procesal, remarcó que la jueza de primera instancia hizo una valoración sobre la gravedad de la pena, indicando que esta podía ascender a 28 años y 4 meses de pena privativa de libertad.

También advirtió que existe peligro de fuga, pues no tiene arraigo familiar y domiciliario. Además, podría obstruir las investigación ya que podría influir en peritos o testigos. Tal fue el caso de la comunicación con Salazar Torres.

“¿Realmente el investigado tiene arraigo familiar, domiciliario y laboral? Nosotros afirmamos que no. ¿Qué le impide al investigado abandonar su domicilio? Nada. Su vivienda es alquilada y no es por eso, sino porque esta condición le resta la condición habitual a su inmueble”, cuestionó.

El fiscal superior, en apelación, consideró que por sentido humanitario y teniendo en cuenta la situación de salud internacional a causa de la Covid-19, corresponde una medida de arresto domiciliario.

Cabe precisar que la misma medida solicitó para Pablo Enrique Salazar Torres,

-Niegan pagos de Odebrecht-

Ander Galván Rivera, abogado de Yehúde Simon, consideró que la fiscalía no ha podido explicar de qué manera se conformó la presunta organización criminal, ya que la tesis de la fiscalía refiere que el tercer nivel se crea antes que el primero, donde se situaría su patrocinado.

“La fiscalía no dice que la organización tenía tres niveles. El primer nivel era el señor Yehúde Simon, el segundo nivel era el señor Pablo Salazar y Javier Malaga; y el tercer nivel eran los funcionarios de Proinversión. Pero Proinversión fue creada en 2001 y el señor Simon recién es nombrado gobernador regional el primero de enero en 2003. Es decir el primer nivel se crea en el 2003 y el tercer nivel se crea antes ¿en qué tipo de organización criminal el tercer nivel se crea antes?“, refutó.

Además, indicó que la tesis fiscal, su patrocinado tuvo que haber persuadido a los cinco ministros que conformaban el consejo directivo de Proinversión para que apruebe el proyecto Olmos.

En esa línea negó que hayan recibido dinero de la empresa Odebrecht y que desconocían que dicha constructora haya entregado dinero.

Explicó que su patrocinado tiene 73 años, es jubilado; y recibe una pensión de 4 mil soles. Además, posee arraigo domiciliario y familiar de calidad. Por tanto no habría peligro de fuga. Tampoco -añadió- habría peligro de obstaculización.

Finalmente, el abogado solicitó que se confirme la comparecencia restringida para su patrocinado y se disminuya el monto de la caución a una cifra menor a los S/10 mil.

Por su parte, German Larrieu, defensa de Salazar Torres, indicó que su patrocinado fue gerente general del proyecto Olmos y que en su declaración ya ha reconocido haber recibido el dinero de Odebrecht para la campaña de Simon.

“Hemos dicho que él ha recibido dinero para la campaña y vamos a probar en juicio que ha sido destinado netamente para la campaña. El monto es de 300 mil soles y todo ha ido para la campaña en varias partes. En la campaña de reelección del señor Yehúde Simon del año 2006″, anotó.

Explicó que su patrocinado se encuentra enfermo y por ello entregó un informe médico actual. Dijo que este tiene un trabajo junto a su esposa en Chiclayo. Por ello, tiene arraigo familiar y domiciliario.

“Él no está en condiciones de salud para salir y fugarse. Además, su actuación en el proceso ha sido transparente. Si él no declaró inicialmente; que es su derecho constitucional, yo le recomendé guardar silencio; sin embargo, cuando tuvo que hablar, dijo la verdad”, indicó.

El tribunal superior dejó el pedido al voto y anunció que debido a la complejidad del caso se tomarían el plazo de ley para resolver la causa.

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