Educación rural en Piura: entre el discurso oficial y la realidad de las escuelas

Son las cinco de la mañana en Pueblo Nuevo de Matalacas, en Ayabaca, en el departamento de Piura. Mientras gran parte de la población aún duerme, algunos estudiantes ya iniciaron una caminata de hasta tres horas para llegar a clases. Deben cruzar quebradas, recorrer caminos de difícil acceso y, en algunos casos, hacerlo sin haber desayunado.

La escena contrasta con los avances educativos reportados por las autoridades regionales. Aunque la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) sostiene que existe cobertura total de servicios educativos y que cada año se destinan recursos para mantenimiento, conectividad y atención de emergencias, directores de escuelas rurales afirman que persisten las brechas en infraestructura, equipamiento, tecnología y acceso a recursos básicos.

En Piura, de acuerdo con el padrón del Ministerio de Educación (Minedu) correspondiente al 2026, existen aproximadamente 7,224 servicios e instituciones educativas. De ese total, 3,133 se ubican en zonas rurales, donde las condiciones geográficas y la limitada disponibilidad de recursos continúan representando desafíos para garantizar una educación de calidad.

Selene Barrantes, educadora y miembro de UNICEF, señala que entre las principales barreras que enfrentan los estudiantes de zonas rurales de Piura se encuentran la infraestructura deficiente, la falta de servicios básicos, la brecha digital y los problemas de conectividad, factores que convierten el acceso a una educación de calidad en un reto para miles de escolares.

La odisea para llegar a clases

Para un estudiante de la sierra piurana, la jornada escolar empieza mucho antes de pisar un aula. En la Institución Educativa N.° 14390 “Pueblo Nuevo de Matalacas”, en Ayabaca, el traslado diario representa una de las principales barreras para acceder a la educación.

La directora Aurora Mendoza explicó que algunos alumnos salen de sus hogares a las cinco de la mañana para llegar a las ocho al colegio. El recorrido implica hasta tres horas de caminata de ida y otras tres de regreso.

"Tenemos aquí en la institución chicos que salen de sus hogares a las cinco de la mañana para llegar a sus clases a las ocho; caminan tres horas de ida y tres horas de regreso“, relató.

La situación se agrava debido a las condiciones en las que se realiza el trayecto. Según la directora, muchos estudiantes atraviesan quebradas, caminan descalzos y llegan a clases sin haber ingerido alimentos.

En el Bajo Piura, el escenario presenta características similares. Carmen Torres, directora del Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) Las Capullanas, señaló que algunos alumnos pueden caminar hasta dos horas para llegar al colegio.

Para enfrentar este problema, el CRFA funciona bajo la modalidad de internado, permitiendo que las estudiantes permanezcan en la institución durante la semana y regresen a sus hogares los fines de semana.

Esta odisea no solo es física, sino también climática. Barrantes (UNICEF) destaca que la dispersión y la geografía exponen a los menores a una extrema vulnerabilidad: “El cambio climático, las lluvias, un Fenómeno del Niño, las inundaciones genera una interrupción de las clases y pone en riesgo la continuidad educativa”, explica, apuntando que el aislamiento geográfico se convierte en un peligro real durante las emergencias.

Infraestructura y recursos: las brechas que persisten

Las limitaciones también se reflejan en la infraestructura y el equipamiento escolar.

En la Institución Educativa José Antonio Encinas, el director Juan Maza Ojeda señaló que cerca de 400 estudiantes no cuentan con mobiliario adecuado debido a la falta de mesas y sillas suficientes. Además, indicó que la escuela depende parcialmente de préstamos y donaciones de otras instituciones para cubrir algunas necesidades.

En materia de infraestructura, explicó que solo cuatro de las diez aulas de secundaria son de material noble, mientras que las restantes son prefabricadas. Asimismo, la institución dispone de apenas 18 equipos de cómputo para atender a sus estudiantes.

Una situación similar enfrenta la Institución Educativa N.° 14390 de Pueblo Nuevo de Matalacas.

“La institución ha sido levantada con el esfuerzo de los propios padres de familia, los padres con sus propias manos, han conseguido el material para poder levantar este colegio”, afirmó Aurora Mendoza.

La directora indicó además que, durante su gestión, tuvo que impulsar mejoras en algunas áreas de la infraestructura debido al deterioro de ciertos ambientes y a la falta de materiales educativos.

Por su parte, Carmen Torres calificó al CRFA como “el patito feo del distrito”, al señalar que otras instituciones fueron beneficiadas con obras de reconstrucción mientras su centro educativo continúa enfrentando limitaciones de infraestructura. Según explicó, las inundaciones registradas durante fenómenos climáticos anteriores afectaron gravemente el terreno y obligaron a realizar trabajos de relleno para evitar nuevos aniegos.

A su vez, Barrantes cita cifras del Instituto Peruano de Economía para describir la gravedad de la situación: “Uno de cada tres escuelas en la región de Piura se encuentra en una situación de riesgo por colapso estructural. Además, tres de cada diez colegios no cuentan con servicios básicos de luz y agua de manera continua”. Estos datos permiten respaldar el panorama de precariedad descrito en las aulas rurales del Alto y Bajo Piura.

Desde la DREP se sostiene que existe cobertura total de servicios educativos y que anualmente se destinan recursos para mantenimiento. Asimismo, la entidad asegura que, ante emergencias, se instalan aulas prefabricadas y se activan mecanismos para garantizar la continuidad del servicio educativo.

No obstante, la propia DREP reconoce que alrededor del 40% de las instituciones educativas de la región presenta brechas de infraestructura, una cifra que refleja la magnitud del desafío pendiente.

Tecnología y conectividad: una deuda pendiente

La conectividad y el acceso a tecnología constituyen otro de los desafíos identificados durante el trabajo de campo.

Maza también señaló que muchos estudiantes provienen de familias con recursos limitados y que, durante periodos de educación remota, debían compartir un único dispositivo tecnológico entre varios hermanos.

Asimismo, indicó que las laptops entregadas por el Ministerio de Educación en el 2015 requieren renovación debido al desgaste acumulado por los años de uso.

Por otro lado, Aurora Mendoza afirmó que en la Institución Educativa N.° 14390 existe una "brecha tecnológica inmensa“, ya que no cuentan con laptops, sala de innovación ni equipos informáticos funcionales.

Según explicó, la mayoría de estudiantes solo tiene acceso a teléfonos celulares dentro de sus hogares.

En el CRFA Las Capullanas también se identificaron limitaciones tecnológicas, lo que evidencia que el acceso a herramientas digitales continúa siendo desigual entre las zonas rurales y urbanas.

De acuerdo con información publicada por el diario piurano El Tiempo en el 2026, siete de cada diez colegios públicos de Piura no cuentan con todos los servicios básicos, una realidad que refleja los desafíos pendientes para reducir las brechas entre la educación urbana y la rural.

Cuando la comunidad cubre las carencias

Frente a estas limitaciones, el apoyo de las familias y de la comunidad educativa se ha convertido en un factor clave para sostener el funcionamiento de varias instituciones.

En el CRFA Las Capullanas, por ejemplo, las familias aportan S/25 semanales para complementar la alimentación de las estudiantes durante su permanencia en el internado. Este aporte permite incorporar productos frescos a la dieta diaria y complementar los alimentos proporcionados por el Programa de Alimentación Escolar.

Asimismo, en instituciones como la I.E. N.° 14390 de Ayabaca, diversas mejoras en infraestructura han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre padres de familia, docentes y directivos.

Los testimonios recogidos durante esta investigación muestran una realidad común en distintas zonas rurales de Piura: en muchos casos, las soluciones dependen todavía del esfuerzo de las propias comunidades educativas. Mientras las autoridades destacan avances en cobertura y atención, las escuelas continúan enfrentando desafíos relacionados con infraestructura, equipamiento, conectividad y acceso a recursos básicos.

Para Barrantes, romper este círculo de carencias requiere dejar de planificar políticas "detrás de un escritorio" y empezar a trabajar de manera articulada en el territorio, involucrando a los sectores de Educación, Salud y a los gobiernos locales.

La especialista también subrayó la importancia de escuchar a los propios estudiantes al momento de diseñar las políticas públicas y ajustar las estrategias existentes. "A veces queremos hacer cosas pensadas desde el adulto, pero es diferente generar espacios de escucha con los adolescentes para conocer cómo viven realmente esta situación. Las buenas prácticas deben construirse desde el territorio hacia el nivel nacional“, concluyó.

Finalmente, ante los diversos desafíos que se pueden presentar, los directivos se ven en posición de asumir roles que van mucho más allá de la administración tradicional. El director de la I.E. José Antonio Encinas señala que a pesar de corresponderles por normativa, carecen de subdirectores y auxiliares en los tres niveles educativos. Esta ausencia estructural lo obliga a "hacer maravillas" para monitorear la parte pedagógica y gestionar soluciones inmediatas frente a crisis cotidianas.

Asimismo, Carmen Torres describe los severos desafíos de infraestructura de las escuelas de alternancia e internados rurales que se inundan gravemente en periodos de lluvias. Ante este panorama, los directores se convierten en gestores comunitarios y de apoyo, intercediendo ante programas estatales como Programa de Alimentación Escolar (PAE) y garantizar la permanencia de los estudiantes más vulnerables.

​Por su parte, los docentes y psicólogos contribuyen en la contención pedagógica y socioemocional, adaptando su labor a contextos de alta complejidad cultural y socioeconómica. Tal como explica Selene Barrantes, especialista de educación de UNICEF, las realidades rurales exigen metodologías que integren el enfoque intercultural y que escuchen activamente las inquietudes de los adolescentes sobre sus procesos de aprendizaje y convivencia.

En la práctica diaria, los profesores asumen el reto de la inclusión. El director Maza detalló cómo los maestros autogestionan estrategias de diversificación curricular y apoyos en el aula para integrar a estudiantes con discapacidades y barreras de retención. En este escenario, la labor psicológica se vuelve un pilar indispensable.

El soporte de los especialistas en salud mental, aunque asignado formalmente a secundaria en escuelas de jornada completa, se extiende a toda la población escolar para detectar alertas tempranas de deserción, atender problemas derivados de crisis familiares y comunitarias, y coordinar redes de apoyo que aseguren entornos de protección seguros para los alumnos.