Imaginen Canal 7 replicado en todas las televisoras. O imaginen que, en horario estelar, en lugar de su programa favorito, se emiten 40 minutos de la presidenta Dina Boluarte asegurando que rebajó la delincuencia. Un mensaje a la nación diario, en el que ella o sus ministros tendrían micrófono abierto para hablar sin cuestionamientos.
Imaginen Canal 7 replicado en todas las televisoras. O imaginen que, en horario estelar, en lugar de su programa favorito, se emiten 40 minutos de la presidenta Dina Boluarte asegurando que rebajó la delincuencia. Un mensaje a la nación diario, en el que ella o sus ministros tendrían micrófono abierto para hablar sin cuestionamientos.
El proyecto de la “franja informativa”, anunciado por el Ejecutivo, no es solo una intromisión inaceptable en la programación de los medios privados, sino también una puerta abierta a la desinformación. Basta recordar que, en la gestión de Santiváñez en el Mininter, el gobierno afirmó haber capturado al número dos de Sendero Luminoso (y no era cierto), señaló erróneamente que un empresario formaba parte de Los Pulpos y acusó falsamente a un sereno de ser un extorsionador peligroso.
Aunque ayer pidió a todos “empujar” el mismo carro (sic), lo habitual en ella es no declarar a la prensa y acusarla de fake news. Como señaló el editorial de El Comercio, la “franja informativa” parece más una represalia que un acto de transparencia. No solo busca imponer la voz oficial en medios privados, sino también forzar un espacio de propaganda gubernamental.
Si el gobierno quiere mejorar su comunicación, tiene opciones legítimas: dar entrevistas, responder preguntas y ofrecer datos verificables. En cambio, parece optar por una solución autoritaria: si no me quieres ver, te obligo a escucharme.
