Durante su exposición en el CADE Ejecutivos 2023, David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), emplazó al Ejecutivo a que tome posturas más valientes y claras sobre el impulso a la inversión privada, la oposición a las leyes antitécnicas aprobadas por el Congreso y sobre las operaciones de Petro-Perú. En caso no lo cumpla, indicó que no podrá recuperar la confianza del sector privado.
“Aquí hay que ser claros: no hay nada más inconsistente que alguien nos pida confianza y observemos que se aprovechan de los recursos del Estado, que se dirigen puestos de trabajo a amigos. No hay forma. El segundo espacio es el equipo. Tú tienes que tener un equipo de creyentes en la inversión privada, tus ministros, tus viceministros, tus directores. ¿Qué sensación tienen muchas empresas mineras cuando empiezan a ver cómo avanzar sus proyectos y se encuentran con funcionarios con posiciones claramente antimineras? Ahí también este tipo de posiciones mata cualquier plan que pongas por delante”, señaló en el panel “Revisión de los compromisos CADE Ejecutivos 2022: Avances, retrocesos y nuevas propuestas para elevar la productividad y activar los motores de crecimiento”.
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En ese sentido, comentó que el 75% de funcionarios en cargos de del sector público no cuentan con los requisitos mínimos para ocuparlos, mientras que el 98% no tiene conocimientos sobre cómo funcionan los sistemas de ejecución de deben operar.
Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo no se pronuncie públicamente sobre temas complejos.
“Cuando se presentan en el Congreso iniciativas antitécnicas, anticonstitucionales, ineficientes, que hacen daño, [se necesita] un pronunciamiento más claro por parte del Ejecutivo. No puede quedarse silente. ¿Qué hacemos con Petro-Perú? ¿Lo dejamos que siga perdiendo miles de millones de dólares y no se proponga una ley para mejorar su gobernanza? ¿O qué hacemos con las leyes antilaborales del Gobierno de Pedro Castillo donde nadie dice ni pío? Esas son claras inconsistencias entre un plan, al que le ponemos el nombre más bonito de mundo, pero que no va a funcionar lo suficiente si no hay compromisos necesarios para avanzar”, cuestionó.
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Por ello, concluyó que el país no está en una posición económica para tener un Gobierno que no proponga políticas valientes de cara al 2026, sino que necesita uno con mayor ambición que permita encaminarlo a la ruta del crecimiento.
En lo laboral, Tuesta sugirió que se combata la contratación de trabajadores informales mediante el rediseño del pago de tributos y de beneficios laborales formales.
“Es imposible que una empresa mediana, pequeña, quiera contratar trabajadores formales si cada trabajador le cuesta casi el 70% del salario formal [en costos no salariales] o más del 100% del salario informar. Es imposible. Aquí hay un planteamiento que trabajamos, que hay que diseñar un esquema más progresivo en el pago de los impuestos, en el cumplimiento de las obligaciones previsionales, y darle un balance más adecuado a este derecho a contratar, pero también a descontratar, porque hay bastantes desequilibrios”, propuso.
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Por otro lado, cuestionó que luego del Covid-19 no se haya mejorado el primer nivel de atención en salud. Resaltó que si se utilizara todo el presupuesto devuelto por las entidades públicas que se destinó al sector, el 40% de centros de atención de este tipo tendrían capacidad de funcionamiento adecuada.
“No se entiende por qué no vemos avances importantes después de lo que pasamos con el Covid-19 en el primer nivel de atención en salud, donde el 94% de los establecimientos de primer nivel no tienen las condiciones adecuadas. No es un problema de recursos porque todos los años tanto el Ministerio de Salud como los Gobiernos Regionales dejan aproximadamente S/2.400 millones sin utilizar. Imagínense si pudiéramos utilizar esos recursos y canalizarlos a través de mecanismos exitosos como las obras por impuestos. En cinco años uno podría tener al 40% de estos establecimientos funcionando de forma óptima”, proyectó.
Tuesta también indicó que a nivel nacional existen alrededor de 2.100 obras paralizadas y el 54,5% de estas fueron adjudicadas a través de la asignación directa. Remarcó que se podría combatir esto con la actualización de las normas de contratación, así como con la creación de una plataforma que brinde detalles de las empresas de ingeniería postulantes en concursos públicos para elegir a la mejor.
“Esto se soluciona de manera muy simple, es cuestión de voluntad de poner en práctica una plataforma que permita acreditar a las empresas de ingeniería, donde uno pueda ver su historial y contratar a aquellas que son las mejores para que finalmente las obras salgan”, aseguró.
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