Cambio de estrategia en proceso concursal de Telefónica del Perú: ¿en qué consiste el nuevo plan?

El anuncio de Telefónica del Perú sobre el cambio del tipo de procedimiento concursal al que se acogerá ha generado incertidumbre en el mercado, preocupación entre sus acreedores y un creciente debate legal. Luego de solicitar inicialmente el inicio de un procedimiento concursal ordinario, la empresa ha optado por un proceso preventivo, argumentando razones que, según expertos en derecho concursal, podrían no corresponder a la gravedad real de su situación financiera de la compañía.

El procedimiento concursal preventivo, según la Ley General del Sistema Concursal, está diseñado para empresas que aún no han caído en insolvencia, pero prevén dificultades futuras. Sin embargo, Telefónica ya presenta una situación financiera crítica: arrastra pérdidas, registró un patrimonio neto negativo y enfrenta vencimientos difíciles de cubrir. Según Álvaro Castro Lora, socio de Damma Legal Advisors, “la situación de Telefónica no es preventiva. Es un caso típico de insolvencia”.

Castro Lora sostiene que el proceso preventivo se emplea teóricamente cuando una empresa aún no está en insolvencia, pero proyecta que tendrá dificultades en el futuro. “La situación de Telefónica está lejos de ser preventiva. Ya arrastra pérdidas acumuladas, tenía patrimonio negativo y enfrenta vencimientos difíciles de cubrir. Conceptualmente, su caso es de insolvencia”, afirma.

A pesar de ello, la compañía ha optado por este camino para, en palabras del abogado, “ganar tiempo y evitar que los acreedores asuman el control”, como ocurre en un procedimiento ordinario. En el preventivo, la empresa propone un plan global de refinanciación y los acreedores solo pueden aprobarlo o rechazarlo, sin capacidad de reemplazar a la administración ni decidir una liquidación inmediata.

Francisco Barrón, socio de DPP Abogados, coincide en que el cambio puede obedecer a razones estratégicas, aunque subraya que legalmente la empresa puede acogerse al proceso preventivo si cumple con ciertos requisitos patrimoniales y financieros. “Si las deudas vencidas y las pérdidas acumuladas están por debajo de un tercio del total de obligaciones y capital, Telefónica puede optar por esta vía. Es una señal menos riesgosa para el mercado que una potencial liquidación”, sostiene.

Ambos especialistas advierten que si los acreedores –entre ellos AFP, compañías de seguros, la Sunat y trabajadores– rechazan el plan de refinanciación, el proceso preventivo podría transformarse nuevamente en un concurso ordinario. “Ese escenario es muy probable”, dice Castro Lora.

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Qué implica este cambio: ¿salida viable?

El concurso preventivo con suspensión de exigibilidad de obligaciones financieras implica que, desde la publicación oficial en el boletín concursal, se detienen los pagos forzosos, embargos y ejecuciones. Castro detalla que este beneficio es similar al del procedimiento ordinario, pero con una diferencia clave: si el plan de refinanciación es rechazado, se pasa automáticamente al proceso ordinario, abriendo la puerta a una posible reestructuración o liquidación.

Ambos expertos son escépticos respecto a que sea una salida viable y no solo una táctica. Según Castro, sin nuevos flujos o apoyo político, su viabilidad financiera es dudosa. “No veo cómo pueda pagar toda la deuda acumulada más los costos operativos del día a día”, afirma. En tanto, Barrón coincide en que “si los acreedores no confían, simplemente rechazarán el plan y optarán por el proceso ordinario”.

Lo que sucede con los embargos

Desde el momento en que se publique la admisión del concurso preventivo con suspensión de obligaciones financieras, se congelan los embargos y obligaciones exigibles, tal como ocurre en un proceso ordinario. No obstante, los embargos ya inscritos seguirán anotados, aunque no podrán ejecutarse. Esto genera un alivio temporal, pero no resuelve de fondo los compromisos impagos.

En el país existen precedentes que pueden anticipar posibles escenarios. Es el caso de Doe Run Perú, un antecedente clave relevante para ambos especialistas, pues es una empresa que pasó por reestructuración, liquidación y regresó a reestructuración antes de volver a liquidarse. “Es un ejemplo de cómo estos procesos pueden dilatarse, sobre todo cuando existen factores políticos o sociales en juego”, comenta Castro Lora. Aunque Telefónica no tiene una comunidad minera como La Oroya detrás, sí tiene millones de usuarios y trabajadores, lo que complica cualquier decisión drástica.

En paralelo, se ha generado controversia por la reciente venta de acciones de Telefónica del Perú a Integra Tec sin informar a los acreedores, hecho que ha motivado una acción judicial de parte de un grupo de inversionistas institucionales. Barrón aclara que, mientras no exista una junta de acreedores formalmente instalada, no se estaría infringiendo la ley concursal. No obstante, ambos coinciden en que este tipo de operaciones genera desconfianza.

Diario Gestión ha informado que se ha presentado y aceptado una demanda de amparo que pone en cuestionamiento la venta de Telefónica del Perú a Integra Tec. Los acreedores institucionales que presentan el recurso legal son Profuturo AFP, AFP Integra, Prima AFP, Moneda Administradora General de Fondos, Rímac Seguros y La Positiva Seguros y Reaseguros, según el mismo diario.

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Así, el objetivo de esta demanda es evitar que se afecten los derechos de los acreedores y asegurar que todas las decisiones sobre el futuro de la empresa se tome por una Junta de Acreedores, cuenta Adrián Simons, representante de las AFP y compañías de seguros acreedoras a Gestión. La audiencia se ha fijado para el 26 de marzo del 2026.

Impacto en los usuarios

El impacto para los usuarios, al menos en el corto plazo, sería limitado, pues la empresa sigue operando con normalidad. Sin embargo, según Castro Lora, la incertidumbre sobre el futuro de la firma podría provocar una migración progresiva de clientes, afectando sus ingresos y dificultando aún más cualquier plan de pago.

“Estamos ante un caso sin precedentes por el tamaño e impacto de la empresa”, advierte Barrón. Para evitar una liquidación, añade, Telefónica deberá convencer a los acreedores de la viabilidad de su operación y mostrar voluntad de permanencia en el país.