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Este jueves se inició Perú Sostenible, la cumbre organizada por la red de empresas que promueve el desarrollo sostenible del Perú. El primero de los tres días de jornadas empezó con un llamado de alerta al que le siguió una discusión sobre las acciones y oportunidades que tiene el país para articular junto a los gobiernos locales, el gobierno nacional y la empresa privada iniciativas para el desarrollo, conservación y regeneración de la Amazonía.
El panel estuvo conformado por especialistas. Entre ellos, Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros; Constantino Auca, presidente de ECOAN y Acción Argentina; Ana Lucía Pinto, jefa del Departamento de Proyectos y Cooperación de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito; y Érika Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín.
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Sandy Salazar inició su intervención realizando un llamando a que cada actor se ocupe del rol que le corresponde, e hizo énfasis en el rol del Estado. “En la Amazonía siempre hemos visto que tapan un incendio, una necesidad, una brecha educativa o una brecha de infraestructura, pero no hay un plan, ¿cómo vas a hacer crecer de manera sostenible a las personas que viven ahí?”, dijo.
Asimismo, hizo también un llamado al sector privado y a la academia en aras de generar mayores sinergias con innovación, tecnología e investigación.
Por su parte, Auca instó a que se dejen atrás los análisis y se tome acción con respeto a la cultura de las comunidades y sus prácticas.
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A su turno, Pinto habló sobre el cómo acercarse a las comunidades y sobre las estrategias del sector financiero, ya que la Amazonía tiene una problemática distinta en este rubro. Explicó que, si no se ha logrado más, es por la falta de interconectividad.
“Cuando nos acompañe la tecnología en la Amazonía, se dará un cambio disruptivo en el sistema financiero. La buena noticia es que tenemos el primer producto de agricultura sostenible que se llama Biocrédito, que financia sistemas agroforestales. Tenemos ya US$ 1 millón colocados y US$ 2 mil en la cadena de cacao, café y castaña”, comentó.
Según Pinto, vienen acercándose a las cooperativas como canalizadores para brindar más rápidamente los créditos. La meta, con un apoyo selecto de conservación internacional, es alcanzar los US$ 4 millones a marzo del 2025, cero morosidad, 33% de mujeres y agricultores en cuatro hectáreas promedio de trabajo.
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Por otro lado, Bermúdez, quien trabajó en el proyecto Prevenir de USAID, resaltó que uno de los impactos que han tenido las actividades ilegales como la deforestación es la pérdida de vidas humanas.
“Estamos viendo crímenes ambientales en la Amazonía y, en la mayoría de los casos, nos referimos a la tala ilegal, tráfico de la vida silvestre y es importante tener presente que estos delitos no van aislados”, anotó, refiriéndose a que estos crímenes se producen en confluencia con delitos como el narcotráfico, la corrupción y las amenazas a comunidades, lo que impide el desarrollo de sus actividades cotidanas y de la productividad.
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Bermúdez anotó que el 37% de la madera producida en el Perú proviene de la tala ilegal. Además, entre un 22% y 28% del oro producido en la Amazonía peruana -cifras conservadoras, a su entender-, proviene de la minería ilegal.
Durante este panel, se reflexionó sobre la necesidad de intervenir en regiones, en ordenamiento territorial y en las condiciones de los habitantes para lograr una economía que los lleve más lejos y no llegar a un punto de no retorno. Asimismo, se profundizó también en la necesidad de escuchar y entender los conocimientos tradicionales, y de cómo el crédito está llegando a la Amazonía.
