Acuerdo de Escazú: ¿Por qué cinco gremios empresariales se oponen al tratado?

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en países de América Latina y El Caribe. Este documento, que toma el nombre de la ciudad costarricense donde se firmó, fue impulsado por la ONU y aprobado en el 2018 por 22 países, incluido Perú, bajo la gestión de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

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Ahora, se busca su ratificación y hasta el momento son nueve los países que han accedido (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay). Nuestro país se encuentra en proceso de análisis y el documento está siendo revisado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, para luego pasar al Pleno.

Esta ratificación ha despertado opiniones encontradas. Los gremios se pronunciaron a través de un comunicado firmado entre otros por Confiep, SNI, ADEX, CCL y Perucámaras, en el que expresan su preocupación por la posible firma de este acuerdo.

“Como sector empresarial, somos conscientes que el cuidado del medio ambiente es una prioridad. Las actividades humanas en general deben tener un componente de mitigación al impacto ambiental. Eso lo destacamos y lo promovemos”, señaló Carlos Durand, presidente de Perucámaras.

Bajo esa óptica y consciente que se debe promover la economía circular, y todas las acciones que contribuyan a reducir la emisión de gases y prevenir el calentamiento global, Durand expresa su preocupación por el Acuerdo de Escazú.

El titular de Perucámaras manifestó que este tratado puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales.

“Nos preocupa no defender o solucionar los temas internos primero en las instancias nacionales. Y suscribir un acuerdo que nos pone y nos expone a perder esa soberanía. Eso conlleva cierta inestabilidad jurídica en el país”, expresó Durand.

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Añadió que al no haber “un principio de predictibilidad, concreto, taxativo, evidente, entonces eso sí puede afectar las inversiones, y como consecuencia el desarrollo económico del país. Sobre todo, un país que tiene mucho que aportar en su desarrollo económico a través de un uso responsable de sus recursos naturales”.

Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en contraparte, opinó que este tratado lo que busca es garantizar el ejercicio de derechos en materia ambiental. “También contiene una serie de disposiciones innovadoras que eleva la protección para los defensores ambientales”.

“Es verdad que Escazú ha despertado una suerte de contracampaña. Hay una serie de informaciones que se vienen dando en torno a que el acuerdo representaría la pérdida de nuestra soberanía nacional, que nos va a someter a cortes internacionales y con ello estaríamos perdiendo nuestra soberanía”, comentó.

Para Mora todos estos son argumentos son falsos y no tienen sustento alguno. Explicó que el acuerdo, si se llega a ratificar, va a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional. “El Perú se va a someter a las disposiciones del acuerdo junto con los demás países que lo hayan ratificado”.

Faltan dos países para que el acuerdo entre en vigor, ya que se necesitan once. Durand sostuvo que si lo vemos desde el punto de vista de nuestros socios regionales, ninguno de los que ha ratificado el Acuerdo de Escazú forma parte de nuestras alianzas estratégicas, como la Alianza del Pacífico y Brasil.

“Eso es un indicador que hay que meditarlo bien y no que el Congreso lo apruebe de manera ligera”, precisó el representante de Perucámaras.

En un contexto como el actual, donde va a haber una corriente de dinamización de las inversiones, debemos apuntar, argumentó Mora, a que esto se dé sin comprometer el ejercicio de los derechos a la participación pública, de transparencia total, y bajo un escenario de justicia.

La abogada de SPDA señaló además que ya está muy avanzado el proceso de ratificación y cuenta con 13 informes favorables de entidades públicas especializadas y así es como el ministerio de Relaciones Exteriores ingresó el expediente al Congreso.

Si bien no hay un plazo para que se apruebe este acuerdo, basta que haya un informe de la comisión de RR.EE. para que pase al Pleno. Mora confía que la nueva ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, tenga la voluntad política para impulsar este acuerdo en el Congreso.

Por su parte, Durand concluyó que la preocupación principal es perder predictabilidad y soberanía. “No parece razonable, a la luz de los planes de desarrollo que tenemos y del gran potencial que tenemos con nuestros recursos naturales bien administrados, que pueda contribuir al desarrollo económico del país”.

UNA MIRADA ACADÉMICA

José Luis Ruiz, director académico de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, tiene una visión del tema del Acuerdo de Escazú desde dos planos. El primero es que es un acuerdo que está en el ámbito de Naciones Unidas, en donde varios países se ponen de acuerdo sobre los derechos que deben tener las personas.

Las partes se ponen de acuerdo sobre algunos derechos que deben garantizar cada uno de estos países en su territorio. “Son tres derechos que, seguramente tomando un café, vamos a estar de acuerdo en que el ambiente nos afecta. Si contaminan el aire que respiro, o la playa a la que voy, tengo derecho a dar mis argumentos, y si hay daño tengo derecho a ir ante la justicia”.

¿Dónde está el riesgo? “Lamentablemente, por la debilidad institucional que tenemos en muchos aspectos, estamos muy acostumbrados al abuso del derecho. Y habrá algunos grupos de presión que van a pesar más en la decisión de la autoridad, sea Poder Judicial o Poder Ejecutivo. Ahí es donde hay riesgos y es lo que creo preocupa a los gremios”.

“El rol de los gremios es estar vigilantes y deben decir cuidado con el abuso del derecho, cuidado con que bajo el amparo del derecho a participar, las personas crean que eso signifique que se haga lo que yo diga”, subrayó.

Finalizó apuntando que “el problema no es que haya mecanismos de participación, el problema es que debemos trabajar en un Estado fuerte que toma decisiones y sabe sopesar distintos intereses en aras del bien común”.

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