Maritza Saenz

El gobierno fusionará 14 programas de infraestructura y traspasará las carteras de proyectos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). De esta manera, la institución servirá como Unidad Central de Inversión Pública y se encargará de la integración de gestión, articulación territorial, rapidez y eficiencia en la gestión y ejecución de inversiones para servicios de infraestructura.

La medida generará un ahorro de S/2.500 millones entre junio y diciembre de este año, pero el impacto mayor se percibirá el 2026, pues el Estado dejaría de gastar S/4.000 millones, señaló el ministro de Economía José Salardi, el último martes cuando anunció la noticia.

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Maro Villalobos

Si bien es cierto que el gobierno busca reducir su gasto público y tiene como meta conseguir un déficit fiscal de 2,2% al cierre de este año, todavía no queda claro cómo se generará el mencionado ahorro.

Origen

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal menciona que “una diapositiva con una cifra no es evidencia suficiente ni relevante para poder tener confianza de que (el ahorro de S/4.000 millones) será así”. De esta manera consideró que el MEF debe ser transparente con esa información para saber si el gasto se reducirá al recortar personal o se buscará ser más eficaces.

Si bien no consideró que esta modalidad es una mala idea, dijo que su éxito dependerá de las capacidades técnicas que maneje el ANIN. “Puede funcionar mejor que un modelo descentralizado sectorialmente, donde cada programa responde a las prioridades de su sector, o puede funcionar mejor consolidado si tienes un buen manejo de la entidad, es más transparente, etc.”, indicó a El Comercio.

Por su parte, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad y exministro de Economía, recordó que en el sector privado cuando se fusionan instituciones, principalmente se reduce el gasto en planilla por el despido de personal; sin embargo, resaltó que en el sector público desvincular a un trabajador es más complicado.

Sobre el ahorro, opinó que este sería gradual, pues si se elige el camino del recorte de personal, se tendría que asumir costos elevados por indemnizaciones. También señaló que podría percibirse un ahorro en los inmuebles, o las oficinas que no se usarán, pero esto también debe compararse con los costos netos que demandará el fortalecimiento del ANIN.

Preocupación por la ejecución de proyectos

El problema de fondo iría más allá del intento del gobierno por mejorar su gasto y la eficiencia, sostiene Paola Lazarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones, y experta en gestión de infraestructura.

“No es mala la idea, pero se termina de complementar si se hacen cambios en los modelos de gerencia, sino va a ser una medida meramente organizativa y no con cambios en la infraestructura. [Enfocarse en el ahorro] es solo un lado de la moneda porque se está viendo la reducción o la eficiencia desde el punto de vista de las planillas y el gasto corriente, pero se necesitan reformas porque los retrasos de los proyectos tienen impactos más grandes en pagos de laudos, pagos adicionales, etc.”, explicó.

Precisamente Rafael Zácnich, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), recordó que el país tiene 2.600 obras paralizadas, de las cuales el 65% está en manos de los gobiernos subnacionales; por lo cual, la fusión de los programas podría generar una optimización de recursos, pero no en la culminación de los proyectos.

“Un cambio de este estilo, fortalecer el ANIN, reducir planillas, bien; pero se necesita la ejecución de obras y para eso se necesita un cambio grandilocuente en materia de reforma del Estado avocado en materia de la regionalización”, consideró.

Al cierre de este artículo, el decreto que oficializa la fusión de los 14 programas al ANIN no ha sido publicado.

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