Candidatos no priorizan la consolidación fiscal, ¿qué proponen?

El próximo gobierno recibirá las cuentas fiscales desbalanceadas. El sostenido incremento del gasto y el persistente déficit fiscal han llevado a un deterioro de los ahorros estatales, pese a los altos precios de los metales. Cerca de la segunda vuelta, los candidatos que la disputan no presentan propuestas para una consolidación fiscal ordenada.

Urge ampliar la base tributaria

Desde 2024, los ingresos tributarios se vienen incrementando en línea con los mayores precios de los minerales. No obstante, la recaudación del país es todavía de solo 15% del PBI, lejos de otros países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, en los que esta se sitúa en torno o por encima del 20% del PBI.

Este bajo nivel de recaudación es reflejo de un esquema donde la carga recae en un grupo pequeño de contribuyentes. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta empresarial, entre 2021 y 2026, solo el 6% de los negocios tributaron en el régimen general y contribuyeron con más del 90% de la recaudación por dicho concepto. En el caso de las rentas del trabajo, el 10% más alto de los individuos con ingresos declarados por rentas de cuarta y quinta categoría en 2024 concentra el 92% de los impuestos pagados por estos conceptos.

Pese a que incrementar los ingresos permanentes es un objetivo de política pública clave, Fuerza Popular (FP) propone nuevos beneficios tributarios y Juntos por el Perú (JPP) elevar los impuestos a sectores con una alta carga fiscal sin considerar los impactos que ello tendrá sobre la competitividad de estos sectores.

Por ejemplo, FP contempla la implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales y la exoneración del IR por 3 años a jóvenes emprendedores que se inscriban en el RUC. Por su parte, JPP propone la creación de impuestos a las grandes fortunas, así como un incremento en 20% de las regalías mineras, argumentando que estas serían muy bajas y su cálculo estaría mal diseñado al realizarse sobre la utilidad operativa. Esto último ignora el hecho de que el FMI ya identificó en 2022 que el Perú tiene una alta carga fiscal en comparación con otros países competidores y un diseño progresivo en el cual la recaudación aumenta cuando los precios suben, tal como viene ocurriendo.

Gasto poco eficiente

En paralelo, el sector público enfrenta en los últimos años cada vez mayores presiones de gasto. Estas se dan principalmente en un rubro de alta rigidez como las remuneraciones, que se incrementaron en 169% (ajustado por inflación) entre 2010 y 2026, del cual más de la mitad del incremento ocurrió desde 2023.

Por su parte, la inversión pública también mantiene una tendencia al alza. Entre 2019 y 2025 representó más de 5% del PBI, con lo que superó a la mayoría de sus pares de la

región. Sin embargo, este tamaño de gasto contrasta con una reducida satisfacción de la población con la infraestructura pública: apenas 1 de cada 4 peruanos se encuentra satisfecho o muy satisfecho.

En este contexto, JPP no propone medidas para hacer un uso más eficiente del gasto. Por su parte, FP solo prevé la eliminación de gastos “superfluos” basado en la identificación de contratos estatales vía orden de servicio.

Por otro lado, las perspectivas sobre las presiones de gasto se agravarían. Según Videnza Instituto, el plan de gobierno de FP tendría un costo incremental anual de S/34 mil millones, mientras que el de JPP de S/19 mil millones. Sin embargo, una de las propuestas más críticas de JPP está relacionada a la promoción de los recursos estratégicos del país como el gas y el petróleo; estos se gestionarían a través de empresas estatales. Al respecto, el Perú ya buscó sustentar su crecimiento en empresas estatales y tuvo un mal resultado: durante la década de los ochenta, estas registraron un resultado económico negativo de 2% del PBI cada año, en promedio. Repetir esta historia tendrá un duro impacto sobre las cuentas públicas. Además, en JPP se deben sumar otras iniciativas con alto costo fiscal como equiparar los salarios de docentes públicos a una UIT (S/5.500 en 2026).

Riesgos a la sostenibilidad fiscal

Los persistentes déficits de los últimos años han sido financiados en parte por los ahorros públicos. Como resultado, el BCRP estima que estos cerrarían el 2026 en 6,5% del PBI, su menor nivel desde que se tiene registro. Con ello, en el último quinquenio, estos se han reducido en más de 7% del PBI, pese a que la cotización promedio del cobre fue de US$4,4 por libra, casi el triple que a inicios de siglo. Con ello se gastó lo acumulado entre 2006 y 2016.

El próximo gobierno debe aprovechar los todavía altos precios de los minerales para gestionar una recuperación de los ahorros públicos. Ninguno de los dos partidos hace referencia, por ejemplo, a un fortalecimiento del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), activo clave para enfrentar coyunturas adversas. Más aun, cuando este cerró 2025 en solo 0,9% del PBI, lejos de su valor de 2014 (4,5% del PBI), durante el anterior superciclo de precios de los minerales.

Además, recuperar la disciplina fiscal deberá ir de la mano con un fortalecimiento institucional en la designación de autoridades a cargo de la gestión fiscal y tributaria, contrario al deterioro del último quinquenio. Entre 2021 y 2026, el MEF y la Sunat acumularon 16 autoridades (ministros y superintendentes nacionales).

Esto último se torna crucial en un contexto en el que las leyes con impacto fiscal aprobadas desde el Congreso más que se duplicaron en el último quinquenio. Al respecto, el Consejo Fiscal estima que su implementación más que triplicaría el déficit respecto a lo previsto por el MEF (1,0%) hacia 2031.

Además…

Un Ejecutivo responsable

Columna de Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE

En los últimos cinco años, ha quedado demostrado que en el Perú el Ejecutivo puede hacer mucho daño sin la intervención del Congreso.

Es el Ejecutivo el que cuenta con amplias herramientas para recuperar la sostenibilidad fiscal. Es quien propone el presupuesto y la estrategia de endeudamiento, es quien define los lineamientos de la política tributaria y la incidencia que tendrá la Sunat.

Es quien toma decisiones de cómo se ejecuta el gasto público y si se sigue rescatando empresas públicas. Es quien observa o no las leyes con impacto en el gasto público que aprueba el Congreso y decide si se presenta o no una demanda de inconstitucionalidad.

Es principal responsable de que el país permanezca con grado de inversión en la calificación de su deuda que, de perderse, significaría otro golpe duro a las finanzas.

Las recetas para subir los impuestos que solo un pequeño grupo paga o acrecentar la participación de empresas públicas no solo son experiencias ya vividas localmente, sino que países vecinos como Bolivia las siguen padeciendo.

El crecimiento económico y una política fiscal responsable son clave para alcanzar la consolidación fiscal. Elijamos un presidente que tenga eso claro.