La principal crítica que reciben las iniciativas planteadas por el Congreso está vinculada al elevado costo que ellas representarían para las arcas del Estado. Esto, a pesar de que el artículo 79 de la Constitución señala que los parlamentarios “no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”.
La devolución de los aportes a la ONP, por ejemplo, fue observada en su momento por el Ejecutivo puesto que representaría S/15.956 millones del presupuesto. Hoy, el Legislativo tiene en sus manos la insistencia que está a poco de ser debatida en el pleno y convertirse en ley.
Otras medidas siguen el mismo destino. Este Diario puro corroborar que solo en cinco iniciativas de autoría legislativa -incluída la Ley ONP- existe un costo estimado de S/19.998 millones.
Se trata de propuestas que están a puertas de ser discutidas en el pleno (como el aumento de la CTS a docentes de 14% a 100% y el incremento de la asignación familiar a trabajadores); otras ya aprobadas por el pleno (derogar artículos del D.U. 016 que permiten las reposiciones judiciales) e incluso leyes promulgadas, como el ascenso al personal de EsSalud. Esta última es evaluada actualmente por el Tribunal Constitucional.
El costo de casi S/20.000 millones equivale a 4,2 puntos del PBI e implicaría que el déficit fiscal peruano aumente en 11,4% del PBI.
El último lunes, en diálogo con El Comercio, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló que el aumento de la CTS es una propuesta inviable. “El presupuesto sería 5 veces más de lo que ya utilizamos y es imposible obtenerlo ahora”, dijo.
Propuestas del Legislativo bajo la lupa. (Fuente: MEF-MINSA-Presupuesto Público 2021 / Infografía: Luis Huaitan)
Comparando costos
Para darnos cuenta de la magnitud, el monto es casi dos veces el valor del presupuesto inicial de apertura para el sector Salud al 2021, el 62% del presupuesto de Educación y nueve veces el presupuesto de Agricultura para el 2021. “Es 11% del presupuesto de la república”, afirmó Enzo Defilippi, economista de la Universidad del Pacífico, quien comparó el valor de los cinco proyectos frente al presupuesto público 2021 (S/183.030 millones).
“Lamentablemente, no alcanza el dinero para enfrentar todos los problemas y tenemos que priorizar inteligentemente. Aquí no hay nada de eso. Estas leyes se han propuesto bajo excusas, mas no con argumentos técnicos”, opinó.
Para el economista, el único camino son las demandas de inconstitucionalidad. “Lo único que salva al Perú de las gravísimas consecuencias del populismo que está reflejando el Congreso es la Constitución”, agregó.
En el marco de la pandemia, el Ejecutivo tiene previsto un plan de respuesta en caso sucediera una segunda ola de contagios. El presupuesto para eso considera S/1.063 millones en el 2020 y S/6.503 millones en el 2021, montos que sumados superan los S/7.567 millones. El costo de las cinco iniciativas es el doble de ese presupuesto.
Asimismo, si consideramos que el preacuerdo que firmó el Minsa con la farmacéutica Pfizer por un lote de 9,9 millones de vacunas asciende a US$118,8 millones –S/427 millones a un tipo de cambio de S/3,6–, el gasto que implican las cinco iniciativas legislativas permitiría comprar casi 46 lotes.
El Consejo Fiscal ya se pronunció frente al riesgo de esta práctica parlamentaria y llamó a actuar con extrema responsabilidad.
“La materialización de iniciativas legislativas con alto costo fiscal supone una presión adicional sobre la deuda pública, que a consecuencia de la crisis fiscal por el COVID-19 según el Marco Macroeconómico Multianual, tiene previsto un aumento de más de 10 puntos porcentuales como porcentaje del PBI en 2 años”, remarcó.
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