Entre el 2010 y 2020 el gasto en inversión pública en salud, saneamiento, educación y electricidad aumentó 5,9% anualmente, en promedio, gracias al mayor presupuesto asignado (que creció 4,2%) y la ejecución, que pasó de 63% del presupuesto en 2010 a 73% en el 2020, indicó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
No obstante, subrayó que pese a que estos sectores concentran alrededor de un tercio de la inversión pública total, una gran parte de la ciudadanía no accede a servicios públicos de calidad.
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De acuerdo a Yovanna Ramírez, jefa del área económica de AFIN, el 97% de establecimientos del primer nivel de atención (postas de salud, centros médicos, entre otros) y el 96% de hospitales se encuentran con capacidad instalada inadecuada. Asimismo, se requieren 1.791 establecimientos de atención primaria y 156 hospitales adicionales.
Además, hay 3,4 millones de personas sin acceso a agua por red pública y 5,7 millones emplean formas inadecuadas de eliminación de excretas (pozo ciego o negro, río, acequia, canal o similar, etc.). Por otro lado, un 14,6% de personas del ámbito rural no tienen alumbrado eléctrico.
En cuanto a educación, el 45% de locales educativos presenta alto riesgo de colapso. El 34,8% de colegios públicos no tienen acceso a agua red pública o pilón de uso público, mientras que 31,9%, no acceden a una red de alcantarillado.
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