MEF y Sunat acumulan 11 autoridades en los últimos 22 meses: los efectos de esta alta rotación

El Perú atraviesa una coyuntura fiscal compleja. Las finanzas públicas se han deteriorado y la institucionalidad fiscal se ha debilitado por la alta rotación de las autoridades a cargo de la política fiscal y tributaria. En consecuencia, en el 2025 se incumpliría por tercer año consecutivo la regla fiscal vigente y, como alertó el Consejo Fiscal, si el Congreso y el Ejecutivo continúan actuando con irresponsabilidad, el país enfrentará un escenario catastrófico. Además, el Tribunal Constitucional juega un rol protagónico luego de una resolución desastrosa para las finanzas públicas, pues facilita el actuar populista del Congreso. En este contexto, urge recuperar y fortalecer la disciplina y la institucionalidad fiscal.

Durante el 2025, el déficit fiscal se ha moderado tras cerrar el 2024 en 3,5% del PBI, incumpliendo su meta (2,8%) por segundo año consecutivo. A setiembre del 2025, el déficit acumulado a 12 meses llega a 2,4% del PBI, explicado en parte por la recuperación de los ingresos tributarios (14,1% más en el año), gracias a la mayor actividad económica y el incremento de los precios de los minerales. Sin embargo, parte de este aumento responde a ingresos extraordinarios, por la venta de una empresa eléctrica y el pago de las resoluciones de determinación y de multa de un holding financiero. Sin estos ingresos, el déficit sería de alrededor de 2,7% del PBI.

Así, el déficit persiste por encima de su meta para el 2025 (2,2%). Alcanzar esta meta exigiría ajustes de gastos en los últimos meses del año. Para cumplir las proyecciones del MEF en su Marco Macroeconómico Multianual, se requeriría que, en el cuarto trimestre, la inversión pública crezca moderadamente (3,6%) y el gasto corriente se recorte (-3,4%). En especial este último supuesto dista de la dinámica vista durante el año.

La persistencia de déficit fiscales en los últimos años ha reducido los activos del sector público. Entre el 2001 y el 2013, cuando los precios de los ‘commodities’ eran altos, la deuda se redujo de 47,4% a 19,2% del PBI y los activos financieros públicos subieron de 8,7% a 16,4% del PBI.

Desde entonces, estos han sido utilizados para financiar los continuos déficits y, en el 2025, se han reducido a 9,9% del PBI, un retroceso de casi 20 años. En consecuencia, la deuda pública neta de estos activos se elevó de 2,7% a 21,8% del PBI desde el 2013, revelando la mayor fragilidad de las finanzas públicas. Así, a diferencia del anterior superciclo de ‘commodities’, cuando los ahorros del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) alcanzaron un máximo de 4,5% del PBI en el 2014, para el 2025 caerían hasta 1%.

“El Perú ha perdido disciplina fiscal en los últimos años, lo que hace poco creíble la meta del MEF de reducir el déficit a 1% del PBI en el 2028”.

El Perú ha perdido disciplina fiscal en los últimos años, lo que hace poco creíble la meta del MEF de reducir el déficit a 1% del PBI en el 2028. En este contexto, el Consejo Fiscal advirtió sobre el impacto fiscal de las leyes aprobadas por el Congreso, como el incremento de la asignación al Foncomún. Con las 229 normas ya aprobadas, el déficit hacia el año de consolidación (2028) sería de hasta 2,8% del PBI. Si además se añaden las 352 iniciativas legislativas en trámite, tales como el incremento de pensiones a maestros jubilados, el déficit alcanzaría hasta 5,3% del PBI en el 2028. Ello aceleraría el crecimiento de la deuda pública, que alcanzaría 42% del PBI, mayor que el 2025 (32%) y cercano al nivel de la deuda en el 2005.

El deterioro institucional explica parte del problema: desde el 2016 el MEF y la Sunat acumulan 25 autoridades (ministros y superintendentes nacionales). Lo que es peor, 11 de estas ocuparon el cargo en los últimos 22 meses y la Sunat tuvo tres superintendentes solo en octubre.

Hacia adelante, la consolidación fiscal exigirá un incremento de la recaudación, que deberá ser predecible y razonable, lo que resulta incompatible con estos constantes cambios. Recuperar la disciplina y la institucionalidad fiscal es urgente para no seguir afectando la inversión privada y el desarrollo del país.