Moody’s: “La probabilidad de que no avance la restructuración de Petro-Perú ha aumentado”

A menos de dos meses de las elecciones, el país enfrenta una nueva crisis política que genera incertidumbre en el ámbito económico. El Comercio dialogó con Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, sobre las perspectivas que tiene la agencia crediticia para el país este 2026, así como el panorama que vislumbran respecto a la ansiada reestructuración de Petro-Perú tras el cambio de gobierno.

- José María Balcázar es nuestro noveno presidente en 10 años. La elección del Congreso ha generado cierta preocupación desde el sector privado. ¿Cómo evalúan su nombramiento?

Lo que ha pasado en estos últimos días es un reflejo de los factores limitantes desde la perspectiva crediticia para el Perú. Uno es la inestabilidad política: hemos pasado en el Perú del ruido político, que era normal, a la inestabilidad, y eso tiene un costo. Otra limitante importante son las debilidades del marco institucional en el país; sobre todo de las instituciones políticas. Históricamente estas se han balanceado, gracias a las fortalezas que tiene Perú y a las instituciones ligadas al manejo macroeconómico.

Más allá de quién es el presidente ahora, estamos hablando de un gobierno que debería ser de transición. Estamos a menos de dos meses de las próximas elecciones y ante un cambio de gobierno que se viene en julio. Teniendo en cuenta el balance actual de poderes —un Ejecutivo que claramente no tiene mayoría en el Congreso—, va a ser un poco difícil implementar o cambiar mucho el contexto económico y político en este momento.

- En esa línea, no ven un margen en el que Balcázar pueda impulsar cambios trascendentales.

Creo que habría que convencer al Congreso de eso, y es difícil lograrlo en el contexto actual; sobre todo en un ambiente bastante más polarizado, que es el que estamos observando actualmente en el Perú. Habiendo dicho eso, la disciplina fiscal claramente ha apoyado a Perú desde la perspectiva crediticia y eso se refleja en la calificación vigente. Lo vemos, por ejemplo, en niveles de déficit fiscales mucho más favorables que sus pares de calificación u otros gobiernos en América Latina, con niveles de deuda mucho más bajos también. También está el lado de la política monetaria y el rol del Banco Central, que ha sido clave en la estabilidad macroeconómica del país. Esperaríamos que no haya cambios en eso en los próximos cuatro meses.

Habiendo dicho eso, nosotros ya teníamos la expectativa de que por lo menos en la primera mitad del año —en el contexto electoral— los empresarios e inversionistas adoptaran un modo de pausa en cuanto a sus planes de inversión. Dependiendo de los resultados electorales, eso puede conllevar a que se dé una aceleración de la actividad económica en la segunda mitad del año.

- Hasta antes de esta nueva crisis política, se veía un clima empresarial de relativo optimismo a la espera de los resultados de las elecciones. ¿Cuándo esperarían que este “modo de pausa” se concrete?​

Históricamente, en el Perú uno debería empezar a prestarle más atención a las encuestas cuando ya se está más cerca de las elecciones. Ahí es cuando empiezan a aparecer los ‘outsiders’ y las opciones que pueden mover el tablero. Quizá por eso habría que esperar un poco más para ver qué cosa pudiese ocurrir. Para nosotros un ámbito clave que apoyó nuestra decisión de estabilizar la perspectiva que teníamos del Perú en el 2024, que era negativa, fueron las reformas políticas que se adoptaron ese año. Esperamos que después de las elecciones de este año dichas reformas conlleven a, primero, un rebalanceo entre los poderes del Estado; y segundo, una menor inestabilidad política en general.

- Se refiere a la reforma constitucional para reinstaurar el Senado.​

Sí. Es necesario, también, recordar que aunque ha habido muchos cambios a nivel del Ejecutivo, el Congreso ha sido el mismo. Este Congreso ha adoptado ciertas medidas que desde una perspectiva crediticia han sido negativas, sobre todo por las leyes relacionadas al gasto. Entonces, los resultados electorales pueden ser relevantes no solo en cuanto a la presidencia, sino también en cuanto a la recomposición del Congreso y la composición del Senado; por lo que esto pueda implicar para la gobernabilidad del próximo gobierno.

Hemos tenido varios gobiernos en la última década que no han tenido mayoría [en el Congreso] ni capacidad de formular consensos para adoptar reformas o políticas que no solo apoyen el crecimiento económico, sino también que mejoren el bienestar de la población. Si uno le pregunta a los peruanos qué es lo que más les preocupa actualmente, algunos van a hablar de la economía, pero, va a resaltar la seguridad, que es muy relevante, y eso es algo que tiene que cambiar.

- ¿Qué leyes en particular encuentran como las más perjudiciales a nivel del gasto que representan?​

Se han adoptado tantas que no creo que pueda identificar específicamente algunas, y eso es un problema. Muchas están en el estudio que presentó el Consejo Fiscal en octubre del año pasado. La ministra de Economía había hablado de la posibilidad de llevarlas al Tribunal Constitucional para ver si es que eran leyes que puedan ser denominadas inconstitucionales y, por ende, evitar que afecten la senda fiscal. Ya no sabemos si eso se va a dar bajo este gobierno, pero probablemente sea algo que el próximo deba abordar. Compartimos hasta cierto punto la preocupación que elevó el Consejo Fiscal. Hemos visto que este tipo de leyes en otros países llevaron a un aumento en la rigidez del gasto que, si no va de la mano de fuentes de ingresos que puedan financiarlo, puede llevar a un desorden fiscal y a un deterioro no solo en las métricas de deuda, sino también en la confianza de los inversionistas en los mercados financieros. Desde la perspectiva de riesgo soberano, lo que nos preocuparía es si hay un alza en los costos de endeudamiento del gobierno, y si eso se vuelve un círculo vicioso. Si el costo de endeudamiento del gobierno aumenta, eso va a afectar el costo de endeudarse para otras entidades del país (tanto empresas como hogares).

- Con este último cambio en el gobierno la implementación de las medidas que reestructuración de Petro-Perú queda en duda. Hasta la fecha, parecen estar estancadas las acciones que se le habían encomendado a ProInversión. El presidente Balcázar, además, pertenece a una bancada (Perú Libre) que se ha manifestado en contra de las acciones impulsadas durante la gestión de José Jerí. ¿Les preocupa lo que pueda pasar con la estatal?

​Nosotros hace algunas semanas rebajamos la calificación de Petro-Perú porque observamos, hasta cierto punto, que las medidas que fueron propuestas para la empresa podían debilitar la posición de los tenedores de bonos. Dicho eso, desde la perspectiva del soberano consideramos dos puntos: cuánto apoyo ha tenido y le tendría que dar el gobierno a la empresa; y segundo, si es que se va a corregir esa situación o no. Desde la mirada del soberano, era un poco más positivo que por fin se trate de abordar el deterioro financiero, operativo y de gobernanza de la empresa; no solo para que se reduzca la probabilidad de que el gobierno tenga que hacerse cargo de su deuda, sino también para que no se requieran apoyos más allá de la deuda, en medio de las pérdidas operativas que pueda tener la estatal.

Además de ser analista de Perú, llevo varios años cubriendo México y Pemex. La dinámica entre el gobierno de dicho país y la petrolera nacional es similar, aunque la deuda de Petro-Perú es mucho menor a la de Pemex: la mexicana está en casi US$100.000 millones versus los US$6.000 millones de la peruana. Pero esas dinámicas entre un soberano y una empresa pública que es débil pueden, también, pesar de manera importante sobre el perfil crediticio, sobre todo si ya empieza a afectar las cuentas fiscales y la deuda.

- ¿Creen que se estanque todo lo que se está haciendo con Petro-Perú tras el cambio de presidencia?

No hemos escuchado nada oficial sobre lo que pueda ocurrir en este proceso, pero la probabilidad de que no avance [la restructuración] ha aumentado. Desde la perspectiva crediticia, ya enfocándonos en Petro-Perú, eso es negativo para los tenedores de bonos de la empresa.

- Como nos recordaba, la perspectiva que tiene Moody’s sobre el Perú mejoró en el 2024 y pasó a estable. ¿De qué dependerá que se mantenga en este período de transición presidencial?​

Lo que esperaríamos que ocurra es que se mantengan los parámetros fiscales, dado que el presupuesto de este año ya se aprobó (aunque pueda haber ciertos cambios). Esperaríamos que el manejo fiscal en los próximos cuatro meses no cambie de manera material, más allá de quién esté en el MEF. El tema de comunicación con los mercados por parte de quien encabece el MEF también va a ser muy importante, por el respeto a la institucionalidad fiscal que existe en el país. Viendo hasta el momento la reacción del mercado, yo no la describiría como calma, sino, más bien, como cautela, porque creo que los inversionistas reconocen las fortalezas macroeconómicas que tiene el país: buen nivel de crecimiento, niveles de inflación favorables, cuentas externas muy robustas, déficit fiscales comparativamente bajos y niveles de deuda comparativamente bajos. Eso ayuda. Como decía antes, no esperamos que haya cambios radicales en los próximos cuatro meses. Pero si empieza a haber ciertas indicaciones tanto por este gobierno transitorio, o por lo que pueda venir después de las elecciones a nivel de cambios importantes, eso sí puede llevar a mayor volatilidad.

- ¿Es un panorama de incertidumbre que se ha elevado a raíz de los acontecimientos políticos recientes?​

Sí, y yo creo que, al final, más allá del corto plazo, si uno ve lo que han sido los últimos 10 años, el Perú ha pasado por varios choques importantes. Estuvo la pandemia, hubo choques climáticos, y mucha volatilidad política. Hasta cierto punto, ha sido una oportunidad perdida para seguir llevando a cabo políticas o reformas que en su momento hubiesen permitido al país mantener tasas de crecimiento más altas frente a las que se vienen actualmente. [...] La última década, en ese sentido, puede ser considerada una década perdida a raíz de esta inestabilidad política. Y ahora la clave, la pregunta después de las elecciones, es si ya se termina esta situación o si va a continuar.

- ¿El interés que demostró el mandatario por buscar a Julio Velarde y reunirse con el presidente del BCR puede ayudar a calmar ciertos ánimos?​

Lo que hemos observado en las últimas décadas con gobiernos que han estado en todas partes del espectro político es un entendimiento de que, más allá de las políticas que cada uno pueda promover, es importante la estabilidad macroeconómica. Hasta cierto punto, eso se ve reflejado en la institucionalidad que representa el Banco Central.

- ¿Mucho se sostiene sobre la figura de Velarde como tal?

Sí. La figura del presidente del Banco Central es muy importante, en parte, por la comunicación, sobre todo hacia afuera, y también por los resultados. No por nada el Perú tiene una inflación comparativamente baja en la región, dentro de las metas, mientras que a otros países les cuesta mucho llegar a cumplirlas o mantener la inflación dentro de sus rangos. El rol del Banco Central y, obviamente, de los tecnócratas que deciden la política monetaria en el país, ha sido muy importante para el Perú desde la perspectiva crediticia.

- Para este 2026, ¿mantienen sus perspectivas de crecimiento? ¿Cómo ven que pueda afectar el Fenómeno El Niño, además de la actual incertidumbre política?​

El resultado económico del 2025 al final fue mejor de lo que esperábamos, que era una cifra más cercana al 3%. Terminó siendo obviamente mayor a eso. Para este año y, yo diría, hasta cierto punto para el próximo, esperamos cifras también similares al 3%.

Por el momento nuestras perspectivas no han cambiado. Obviamente un choque climático puede tener un efecto negativo; así como un choque de confianza, sobre todo por lo que pueda ocurrir con las elecciones, dependiendo de los resultados y lo que esto pueda implicar para el ambiente de negocios en el país, porque puede ser un choque negativo o uno positivo. Creo que lo importante para el Perú es que, si bien las cifras muestran que el factor externo, sobre todo por las exportaciones, ha sido un elemento de apoyo para el crecimiento y para las cuentas fiscales, el hecho de que las dinámicas de la demanda doméstica y, sobre todo, de la inversión privada, hayan sido buenas el año pasado, es un elemento importante. La clave hacia adelante está en cómo asegurar que el Perú se pueda beneficiar mejor de este contexto externo favorable: el Perú, con los precios de los ‘commodities‘ actuales, debería estar creciendo más de 4%.

- ¿Qué es lo que más se necesita en este momento para concretarlo?

En primera instancia, más estabilidad política.

- El resultado fiscal del 2025 sorprendió a muchos, pues a mediados del año anterior casi nadie contaba con que se cumpliera la meta del déficit fiscal. Los precios internacionales de las materias primas, sin duda, ayudaron mucho a que ello se concretara. Para este 2026, la meta del déficit es aún más ambiciosa. ¿Ven que se pueda cumplir, o creen que el MEF la tendrá que revisar?

Concordamos en que la meta para este año es ambiciosa —un déficit más o menos del 1,8% del PBI—. El resultado del año pasado no estuvo muy lejos de eso. El Consejo Fiscal sí ha remarcado que las reglas de gasto que no se cumplieron, y eso nos indica que la disciplina, sobre todo por el lado del gasto, es importante. [...] Más allá de los buenos ingresos que se consiguieron por las materias primas, hacia finales del 2025 fueron necesarias ciertas medidas de austeridad de gasto. Ese es uno de los riesgos: que se pierde esa flexibilidad de ajustar las cuentas fiscales sí hace falta.

- Además, el gasto en inversiones, la inversión pública eficiente, sí es importante para el cierre de brechas.

Sí. Ese sigue siendo otro déficit que tiene el Perú, que es la brecha de infraestructura. No es solamente una cuestión de cuántas carreteras o puentes se construyen, sino si eso realmente beneficia a la población. [...] Todos los gobiernos siempre enfrentan presiones de gasto por diferentes razones, ya sean demandas sociales, políticas, etc. Lo que importa y lo que muestra la madurez de las instituciones es qué medidas se adoptan para tratar de incorporar esas presiones y mitigar los riesgos fiscales. Si hiciese falta gastar más —no solo gastar mejor, dentro de los niveles de gasto actuales, sino gastar más—, deberíamos también ver que haya alguna intención de mejorar los ingresos del gobierno. Y no se trata solo de implementar más impuestos a las mismas personas o empresas que ya los pagan, sino de ensanchar la base tributaria y combatir la evasión o las exenciones que quizás ya no tienen sentido económico, y que también limitan la capacidad de ingresos del gobierno.

- ¿Estamos llegando a un punto en el que se nos agota el piso de estabilidad macro en medio de tantos choques políticos? ¿Puede nuestra economía seguir conviviendo a mediano plazo con una política tan disfuncional?

Regreso a la idea de esta década perdida. Pueden haber años donde el crecimiento de la economía fue 3% cuando, como el año pasado, debió crecer a un mayor ritmo.

Un punto clave es que el crecimiento no siempre se traduce en mejoras para la población, porque, si uno ve más allá, la informalidad sigue siendo algo que pesa mucho sobre la economía y el bienestar de los hogares. Uno de los riesgos de que haya tanta informalidad es, por ejemplo, que cuando se da un choque mayor, como lo fue la pandemia, la respuesta fiscal puede ser, hasta cierto punto, menos efectiva que otros países que tienen niveles de formalidad más altos, y donde se puede ayudar [a la población] de manera más directa. Más allá de la informalidad, un problema que no solamente afecta al Perú, sino a muchas economías en la región, es la productividad. Hay ciertos sectores que se vuelven más productivos, en gran parte, por la inversión privada y extranjera, pero aquellos que no se benefician de estas dinámicas se ven más limitados. Entonces, sí, este piloto automático que existe en el Perú y que ayuda a que la economía crezca de 2,5% a 3%, puede desencadenar estallidos si no se abordan las necesidades de bienestar. Lo vimos en países como Chile en el 2019, o también lo vemos de manera recurrente en países como Colombia.