El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, afirmó que la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso no presenta mayor gasto para el Estado, posición que coincide con las opiniones de expertos que en las últimas semanas han expresado que la aplicación de la ley no afectará las finanzas públicas y otorgará una serie de beneficios para los trabajadores.
“Las evaluaciones no ven una fuerte presión en la caja fiscal de esta ley. No hemos logrado encontrar brechas muy grandes, y creo que todo es atendible y subsanable”, manifestó el titular de la cartera de Economía.
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Antes de que el Parlamento aprobara la ley había cierta preocupación por una posible afectación de la reforma previsional a la meta del déficit fiscal, e incluso una evaluación preliminar del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectaba un impacto entre 2.7% y 6.5% del PBI, mientras que para el Consejo Fiscal era de 1.1% del PBI.
Ante ello, recientemente la consultora Macroconsult hizo público un informe sobre el costo fiscal de la reforma previsional y determinó que el impacto anual sería entre 0.19% y 0.33% del PBI.
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El Poder Ejecutivo tiene hasta este martes 24 de setiembre para promulgar u observar la ley. Al respecto, Arista dijo que aún no hay decisión final y que están analizando con el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, y la presidenta Dina Boluarte.
Otro de los aspectos que señaló Arista es que será el MEF la entidad encargada de reglamentar la reforma previsional, precisando que en la redacción del texto final el beneficio de la pensión mínima no alcanza a las personas que han realizado los retiros. “Sino habría un doble beneficio”, detalló.
Respecto de los beneficios de la reforma de pensiones para los trabajadores, el socio de Macroconsult, Elmer Cuba, adelantó que según el estudio que han realizado, todos los adultos mayores tendrán una pensión y la cobertura será del 100%.
“Lo importante de esta ley es que incluye a los trabajadores que durante 30 años han estado excluidos del sistema previsional: los informales y los independientes. A través de la pensión mínima y la pensión por consumo, todos los adultos mayores tendrán una pensión en 2070, y no representará mayor gasto para el Estado”, acotó.
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La ley otorga una pensión mínima de S/600 a los trabajadores formales así aporten en el sistema público o privado. Actualmente, los afiliados al sector privado no tienen ese privilegio.
La pensión por consumo permite que el 1% del consumo de cada persona, hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vaya a su cuenta individual, para lo que deberán pedir boleta electrónica cada vez que haga una compra y así ahorrará para su pensión de jubilación, independientemente de que esté en planilla o sea trabajador independiente o informal.
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En tanto, el economista y director de la Escuela de Gobierno de ESAN, Marco Vinelli, por su parte, sostuvo que el Poder Ejecutivo debe promulgar la ley porque si no lo hace se perderá la oportunidad ampliar la cobertura a todos los peruanos y a un menor costo para el erario nacional.
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