Elecciones 2022: ¿Por qué Renovación Popular, APP y Podemos postulan a candidatos con sentencias?

El domingo 15 se realizó la primera jornada de elecciones internas y este Diario reveló que son 1.338 exautoridades las que buscan regresar al poder. En los distritos de Lima se registran tres casos en específico que arrastran sentencias recientes, pese a que existe una ley que impide la postulación de condenados aún cuando hayan sido rehabilitados. Aún con sus antecedentes, los partidos políticos que albergan sus candidaturas los defienden.

Milton Jiménez fue sentenciado por el delito contra la administración pública-peculado en agravia de la municipalidad a la cual busca regresar como alcalde. La acusación fiscal estaba relacionada a irregularidades en cuatro obras ejecutadas en la gestión de Jiménez conforme a informes de una comisión especial de la Contraloría General de la República. Uno de estos informes es sobre pagos en exceso por S/ 467.096 en el proceso de selección por la edificación del palacio municipal de tres niveles de Puente Piedra.

En el 2019, Jiménez intentó postular al Congreso con Podemos, pero fue excluido del proceso electoral por el Jurado Nacional de Elecciones debido al impedimento para postular establecido en el artículo 113 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, el cual establece que no pueden ser candidatos los condenados a una pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas. El mismo Jiménez había declarado en su hoja de vida que su sentencia se encontraba en cumplimiento.

Aun con el antecedente de exclusión, Jiménez vuelve a postular en las elecciones 2022. Rafael López Aliaga, líder y candidato para Lima de Renovación Popular, refirió que Jiménez ya ha cumplido su sentencia y, una vez rehabilitado, queda eliminado su antecedente judicial.

Pero esto no es así. El especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, explicó que la Ley 31717 establece que el impedimento para los sentenciados por delitos dolosos aplica aún cuando la condena haya sido rehabilitada. “Si buscas en antecedentes puede que salgas limpio, pero si fuiste sentenciado por delito doloso, igual no puedes postular”, explicó.

López Aliaga adelantó que Jiménez seguirá en campaña si lo llegan a excluir del proceso electoral. “La gente va a votar por la ‘R’, es lo importante. Jiménez estará, ya sea como alcalde o gerente municipal. Yo lo conozco y es buena persona, porque en plena crisis sanitaria, durante la desastrosa gestión de Vizcarra, ese señor se dedicó a llevar plantas de oxígeno en Puente Piedra”, alegó el candidato para Lima.

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Un caso similar es el de Augusto Miyashiro en Chorrillos. En el 2020, el Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima lo sentenció a 4 años de pena suspendida por el delito de peculado. Pese a ello, Miyashiro ahora busca regresar al sillón municipal donde ya tuvo cinco temporadas consecutivas.

Este Diario intentó conocer los motivos por los cuales Podemos postula a Miyashiro pese a su sentencias, pero el candidato para Lima, Daniel Urresti, no respondió nuestros mensajes. “Esa ley [la 31717] les da muerte civil aun cuando hayan sido rehabilitados”, recordó el especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos.

En el 2021, Pedro del Rosario fue sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito. Hoy postula a la Alcaldía de Los Olivos con Alianza para el Progreso (APP). Meses atrás, este Diario consultó al dirigente de APP, Richard Acuña, respecto a la postulación de exautoridades, a lo que respondió: “Considero que, producto el trabajo político, su experiencia y conocimiento, ellos pueden aportar mucho en sus distritos y que el día de la elección se demostrará si la gente los recuerda de forma positiva o negativa”.

También hay casos regionales, como el de Alex Kouri, quien busca regresar al Gobierno Regional del Callao, pese a pasar cinco años de cárcel por el delito de colusión desleal.

Tanto Kouri como otros alegan que no se puede afectar su derecho de participación política, y esto es algo que ya fue elevado al Tribunal Constitucional. Si bien había una posición mayoritaria a favor de revertir la norma, el máximo órgano constitucional no logró los 5 votos necesarios para declararla inconstitucional. Por ende, el impedimento continúa vigente y existen antecedentes de su aplicación, tanto en el 2020 como en el 2021.

“El JNE lo aplicó en el 2021 con Vladimir Cerrón [cuya candidatura fue declarada improcedente]. Sería raro que no apliquen la ley para Kouri y los otros casos”, refirió José Manuel Villalobos.

El especialista en temas electorales también especificó que varios de estos candidatos intentarían presentar una acción de amparo al Poder Judicial y buscar forzar su candidatura a través de una medida cautelar.