Corte Suprema autoriza pedido para que Colombia conceda extradición de alias ‘Cuchillo’

La Corte Suprema de Justicia declaró procedente el pedido para solicitar a las autoridades colombianas la extradición de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, con el fin de que afronte un proceso penal en Perú por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado, sicariato agravado y lavado de activos.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, que respaldó el requerimiento presentado por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, en La Libertad.

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Según la resolución judicial a la que accedió RPP, se estableció que el pedido de extradición cumple con las condiciones previstas en la legislación penal y en los tratados de cooperación entre Perú y Colombia, como el principio de doble incriminación y la gravedad de los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía, Rodríguez Díaz es sindicado como el presunto cabecilla de una organización criminal responsable de múltiples actos violentos en la provincia de Pataz. Entre ellos figura el asesinato de trece trabajadores de seguridad de bocaminas. Por este caso, se le impuso prisión preventiva por un plazo de 36 meses.

El tribunal precisó que los delitos atribuidos no tienen carácter político ni están vinculados a hechos de esa naturaleza, y que las penas previstas superan los quince años de cárcel. Asimismo, no se identificaron impedimentos legales que obstaculicen la solicitud de extradición activa.

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Cabe recordar que Rodríguez Díaz fue capturado el pasado mes de mayo en la ciudad de Medellín, en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la Policía Nacional del Perú, Interpol y el Ministerio Público. Su detención se concretó tras la emisión de una notificación roja de Interpol solicitada por el Estado peruano.

Fiscalía pidió prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, al considerarlo responsable de haber organizado y dirigido el asesinato de trece trabajadores que brindaban servicios de seguridad en bocaminas y galerías mineras de la provincia de Pataz, en La Libertad.

El pedido fue presentado por la fiscal provincial Magdalena Cisterna Burga, quien le imputa los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y sicariato agravado.