Las instituciones que suscribieron el Pacto por la Educación de Calidad desde el sector privado advirtieron que la reciente aprobación por insistencia en el Congreso de la norma que crea 20 nuevas universidades públicas sin evaluación técnica ni presupuesto constituye un grave retroceso para la educación superior en el país.
Las instituciones que suscribieron el Pacto por la Educación de Calidad desde el sector privado advirtieron que la reciente aprobación por insistencia en el Congreso de la norma que crea 20 nuevas universidades públicas sin evaluación técnica ni presupuesto constituye un grave retroceso para la educación superior en el país.
El pronunciamiento señala que esta decisión ignora las observaciones del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo Nacional de Educación y diversas entidades especializadas, que ya habían alertado sobre los riesgos de impulsar universidades sin garantizar estándares mínimos de calidad.
El pacto recordó que, desde el inicio de este Congreso, se han aprobado 40 nuevas universidades públicas en total, las cuales se suman a las 49 que ya existen en el Perú. Sin embargo, varias de estas instituciones todavía no logran superar observaciones pendientes para cumplir siquiera con las condiciones básicas de calidad exigidas por la Sunedu.
“Se trata de un acto populista e irresponsable que utiliza las expectativas de la población para fines políticos. Estas universidades, sin presupuesto ni planificación, nacen condenadas a la precariedad y al descrédito, debilitando aún más la institucionalidad educativa del país”, enfatizaron.
Instituciones educativas exigen al Ejecutivo acudir al TC contra norma que aprueba 20 nuevas universidades. (Foto: Captura)
Como alternativas, el documento propone: fortalecer el financiamiento de universidades públicas regionales y emblemáticas, crear filiales con sustento técnico de instituciones ya licenciadas, y otorgar becas integrales que incluyan vivienda y alimentación a estudiantes de zonas alejadas, garantizando así un acceso equitativo a una educación de calidad.
Finalmente, exhortaron al Poder Ejecutivo a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para dejar sin efecto esta norma que, aseguran, vulnera los principios de legalidad, sostenibilidad y calidad educativa.
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