En medio de la investigación fiscal en contra de Andrés Hurtado por presunto lavado de activos, un nuevo hecho que lo vincula con una sospechosa transacción sale a luz. De acuerdo con un informe del programa ‘Ocurre Ahora’ de ATV, en 2016, ‘Chibolín’ habría adquirido dos vehículos Lada Priora por un total de 29 mil dólares, precio que incluso representa el doble de su real valor, para meses después, efectuar la venta de ambos bienes por la sorprendente suma de 500 soles cada uno.
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Los autos fueron adquiridos por la empresa A. H. Company Entertaiment, de propiedad de Hurtado, por 13,990 dólares la unidad. Sin embargo, la operación ha levantado sospechas en la Fiscalía debido a la marcada diferencia entre los precios de compra y de venta. Podría tratarse de posibles maniobras para fines de lavado de activos, por lo que será investigado.
Fuente: Alonso Ramos
En ese sentido, el Ministerio Público pasó a citar a dos nuevas personas: Mitchell Efraín Quiñonez Ríos y Ronald Vidal Plejo Zevallos. Ambos fueron los que adquirieron de la mencionada empresa los dos vehículos a un precio largamente por debajo de su valor.
Aprovechando esta oferta inusual, por su parte, Quiñonez y Plejo revendieron los autos por montos que superaron los 17 mil soles. Frente a estas presuntas irregularidades, la Fiscalía solicitó que ambos ciudadanos comparezcan el 25 de octubre, a fin de que aclaren sus nexos con el expresentador de televisión y todo lo referente a la transacción.
fuente: Alonso Ramos
Por otro lado, investigaciones adicionales revelaron que AH Company Entertaiment tuvo como gerente general a Paul Sorrilla López, quien posee antecedentes por narcotráfico. En 1991, fue detenido en Rusia por posesión y transporte de cocaína. A causa de ello, purgó condena en el penal de Lurigancho.
A pesar de estos antecedentes, Andrés Hurtado no tuvo problema en nombrarlo gerente general de su empresa, cargo en el que permaneció hasta el 2016. Debido a su estrecha cercanía habrían viajado juntos a distintos países.
Cabe precisar que Sorrilla López viene siendo investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado por diversos delitos, como usurpación agravada y estafa.
¿Qué delito se habría cometido?
El abogado penalista Aaron Aleman señaló a El Comercio que en este caso se puede apreciar que la acción comprendería una modalidad típica del delito de lavado de activos, en sus fases de colocación (conversión) e integración (ocultamiento), la cual se castiga con una pena privativa de libertad hasta de 15 años.
“A través de esta acción se pretende evitar y/o complejizar la identificación del origen presuntamente ilícito del bien por parte de las autoridades competentes, para así impedir su incautación o decomiso. El último objetivo sería asegurar la ganancia delictiva generada”, precisó.
Ahora bien, Aleman explicó que la presunta comisión del delito de lavado de activos se encontraría acreditada con la concurrencia de tres indicios graves. En primer lugar, se trataría de “una manifiesta operación económica extraña a las prácticas comerciales ordinarias y regulares”, al haberse adquirido dicho bien por la supuesta suma de S/500 soles, fuera del alcance de cualquier valor real dentro del precio de mercado.
“En segundo lugar, existirían cauces poco usuales y/o ficticios como lo es el manejo de efectivo en dólares para el supuesto pago restante sin documentación sustentaria de la existencia de dicho monto; y, en tercer lugar, el involucramiento y constatación de que la contraparte de este negocio jurídico (Andrés Hurtado) se encontraría vinculado con delitos graves (lavado de activos, corrupción de funcionarios públicos, etc)”, detalló.
Por otra parte, y sin perjuicio de lo antes mencionado, el penalista dijo que el Ministerio Público puede aperturar de manera simultánea un proceso por extinción de dominio, ya que existen indicios graves razonables que hacen colegir que en el presente caso no solo no existió una debida diligencia en la compraventa de dicho bien, sino lo que considera más graves aun, la conexión con un ilícito de por medio, razón por la cual se tendrá la oportunidad de recuperar las ganancias ilícitas a favor del Estado a partir de los informes de inteligencia financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y los informes de indicios de delito tributario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Últimos avances en investigación
Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado jueves 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones, según dijo, surgidas tras someterse a una operación quirúrgica.
Desde aquel momento, Hurtado pasó a estar detenido de manera preliminar en la Prefectura de Lima, por un periodo de 7 días. En tanto, el pasado 26 de setiembre, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó un pedido de prisión preventiva contra Hurtado y otros dos investigados por el plazo de 18 meses.
Tras la audiencia respectiva, donde las partes sentaron su posición, finalmente el miércoles 2 de octubre, el Poder Judicial emitió la resolución que dictó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado. Asimismo, impuso comparecencia con restricciones contra la fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei por caso de tráfico de influencias.
A los tres se los acusa de varios ilícitos, entre los que destacan tráfico de influencias y cohecho, que habrían sido cometidos en agravio del Estado. De acuerdo a la Fiscalía, habían indicios que justifican la prisión preventiva, a fin de asegurar la continuidad y efectividad del proceso judicial. El presentador se encuentra internado en el penal de Lurigancho.
El Poder Judicial también ordenó que se le levantara el secreto bancario y la reserva tributaria, al igual que a la exsuperintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila. La indagación preliminar se basa en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho en el 2019, para renunciar a su nacionalidad peruana y así jugar en China. Con esta medida se podría corroborar posibles transacciones bancarias en las cuentas de los investigados, que den cuenta de algún donativo, beneficio o promesa para sí o para terceros.
En cuanto al avance de la investigación preliminar a Andrés Hurtado, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso ampliar diligencias preliminares contra Kelly Medina Meza y 11 personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Se trata de las empresas AH Gold Entertainment SAC, AH Entertainment Company SAC, AH Company Entertainment SAC, Frutera Perú SAC, Tika & Travel SAC, Andres Travel SAC, Centro de Convenciones Teatro Leguía SAC, Infinitum Reps SAC, ONG Andrés A. Hurtado, Coya Andina SAC, Pareras EIRL, Inversiones Los Ceivos SAC, y los que resulten responsables de la pregunta comisión del delito de lavado de activos.
Asimismo, la citada instancia recibirá la declaración testimonial de 23 personas para el esclarecimiento de los hechos. Entre los testigos se encuentran Roberto Pareras, Tomás Pérez, César Mercado, Patricia Martínez, Roberto Goveya, Isabel Mejía, Georgia Bossio, Paul Zorrilla, Pedro Bartolo, Gregorio Urbina, Fiorella García-Milla, Diego Saravia, María Suárez y Carlos Cerna.
Cabe mencionar que el nombre de Kelly Medina salió a la luz tras conocerse que ha sido una persona cercana y de confianza de Andrés Hurtado, tanto que fue su asistente personal y gerente de sus empresas. A ella también se la vincula con los Miu Lei, familia investigada por operaciones ilícitas relacionadas con el oro ilegal. Medina ha sido señalada por cumplir un rol clave en el manejo de los negocios relacionado a dichos investigados.
El despacho fiscal informó, además, que envió oficio a 15 notarías para que remitan copias certificadas de bienes muebles y escrituras de constitución de empresas vinculadas al investigado; y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que informe sobre el financiamiento público al partido Renovación Popular desde el 2021 a la fecha.
“El Despacho fiscal requirió a cinco empresas para que remitan los contratos suscritos con el imputado Hurtado Grados; así como a tres empresas a fin de que informen sobre auspicio y/o publicidad al programa televisivo que conducía el investigado”, indicó.
Por otro lado, un nuevo personaje ha emergido en el caso de lavado de activos que involucra a Andrés Hurtado. Durante un allanamiento realizado en su departamento en Miraflores, las autoridades descubrieron documentos donde se menciona a Eduardo Romero Santana, un trabajador del exconductor de televisión.
Según declaraciones de los hermanos Siucho Neira ante la Fiscalía, esta persona habría sido sido quien recibió los 500 mil dólares, monto entregado a Hurtado por solicitud de Javier Miu Lei. Este hecho habría colocado a Romero Santana dentro de la investigación.
Suspenden a presidenta de CSJL
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) suspendió preventivamente por 6 meses a la jueza superior y presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), María Vidal La Rosa Sánchez, por presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, que tendrían relación con el caso de Andrés Hurtado. Como se recuerda, la magistrada reconoció durante una entrevista que, en más de una ocasión, utilizó los servicios de Infinitum Travel, agencia de viajes del presentador de televisión.
Adicionalmente, según una nota de prensa emitida por la ANC-PJ, se dio inicio a un procedimiento disciplinario de destitución en contra de la magistrada. Se conoció, además, que el juez superior decano de la Corte de Lima, Ricardo Vinatea Medina, asumirá la presidencia de la CSJL mientras dure la suspensión o hasta el 31 de diciembre de 2024, día en que concluye el mandato de La Rosa Sánchez.
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Está previsto que el primer jueves de diciembre, los jueces superiores titulares de Lima elijan a un nuevo presidente de dicha instancia. El nuevo titular asumirá funciones el primer día laboral de enero de 2025, para un periodo de dos años.
Vidal La Rosa no podrá asumir funciones jurisdiccionales hasta que concluya la medida de suspensión, abril de 2025, o cuando el proceso disciplinario concluya sin encontrarle responsabilidad alguna.
En una entrevista para el programa Las cosas como son, la jueza dijo que conoció a Andrés Hurtado en 2022, durante una visita a su circo, con sus hijos y sobrinos. Aclaró que luego de ello no ha mantenido ninguna relación o amistad con el ahora investigado y que, desde aquella ocasión, se ha reunido con él en solo dos oportunidades más, pero ninguna relacionada con asuntos judiciales.
