A pesar de que el plazo de 180 días brindado por el Comité de Derechos del Niño de la ONU se ha cumplido, Promsex afirma que las autoridades peruanas no han presentado ningún avance significativo para la reparación de la niña.
El pasado 10 de diciembre, se cumplió el plazo de 180 días que el Comité de Derechos del Niño de la ONU dio al Estado peruano para dar cuenta de las acciones de cumplimiento en relación a las 11 medidas establecidas para la reparación individual de Camila, así como aquellas que aseguren que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
Promsex pone en evidencia que las autoridades peruanas aún no han cumplido sus obligaciones de reparar a Camila por las diversas vulneraciones a sus derechos, ni con garantizar procedimientos para proteger y salvaguardar a otras niñas en situaciones similares a las vividas por ella.
El caso Camila
En el 2017, a los 13 años, Camila quedó embarazada producto de los abusos reiterados de su progenitor. Por el alto riesgo que el embarazo representaba para la vida y salud de Camila, su madre solicitó que se aplique el aborto terapéutico, solicitud que fue ignorada por las autoridades.
A las 13 semanas de gestación, Camila tuvo una pérdida espontánea del embarazo, lo cual motivó que la Fiscalía inicie un proceso penal en su contra, acusándola de autoaborto, siendo en primera instancia encontrada responsable por el Poder Judicial; lo cual fue apelado por la defensa de la niña, permitiendo revertir esta sentencia. Estos graves hechos hicieron que ella dejara su hogar y abandonara sus estudios escolares.
Camila buscó justicia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el cual responsabilizó al Estado Peruano por haber violado varios derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño. Como consecuencia, el Comité ordenó al Estado brindarle a Camila una reparación integral por la vulneración de sus derechos.
Una reparación sin avances
El dictamen establece 11 medidas que el Estado peruano debe cumplir y dar cuenta de ello en un lapso de 180 días, las cuales están enfocadas en generar condiciones para garantizar la salud, la vida y la salud física y mental de Camila y prevenir nuevos hechos semejantes. Promsex afirma que el Estado peruano solo ha cumplido con publicar el dictamen en español, a pesar de que la medida indicaba que debía ser también en quechua, lengua en la que la menor se comunica.
