La reforma al 2026: al menos cuatro virtuales congresistas tienen vínculos con universidades denegadas

Desde que se inició en el 2015, la reforma universitaria ha tenido un claro antagonista: el Congreso de la República. Con proyectos de ley para modificar la normativa que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), comisiones investigadoras e incluso interpelaciones a ministros de Educación, el rol de diversos parlamentarios ha sido de un cuestionamiento constante que, según el propio Ejecutivo, está basado en conflictos de intereses personales y económicos.

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La postura del próximo Parlamento no sería muy distinta: al menos cuatro virtuales congresistas tienen vínculos directos con universidades denegadas, y otros nueve están relacionados con instituciones educativas que deberán renovar su licenciamiento al 2026. Esto, de acuerdo con las hojas de vida que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El caso Luna Gálvez

El rostro más visible es el de José Luna Gálvez, dueño del Consorcio Telesup y de tres casas de estudios con licenciamiento denegado: U. Privada Telesup, U. Ciencias de la Salud y Escuela Internacional de Posgrado (EIP). Estas no cumplieron con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria, por lo que deberán cerrar sus puertas afectando a cerca de 21 mil estudiantes.

Luna Gálvez participó en los comicios como candidato por Lima con su propio partido, Podemos Perú. En febrero, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 lo excluyó de la carrera electoral precisamente por haber omitido en su hoja de vida que era accionista en cuatro empresas; dos de ellas eran la Universidad Privada Telesup y la EIP. Esta decisión fue revocada semanas después por el pleno del JNE.

Actualmente, el caso de Telesup está judicializado. En noviembre pasado, durante el régimen de Manuel Merino, su representación legal envió una carta notarial a la Sunedu dándole un plazo de 24 horas para que acate una medida cautelar dictada en Bagua. Esa cuestionada decisión judicial, que incluso provocó la destitución del juez que la emitió, anulaba la denegatoria del licenciamiento. Debido al escándalo, la carta fue retirada.

El documento llevaba la firma del gerente general de la universidad, Luis Felipe Luna Morales, hermano del actual congresista José Luis Luna Morales. Este último comanda la bancada de Podemos Perú en el Congreso, cuyos representantes en la Comisión de Educación –María Gallardo, Johan Flores Villegas y Orestes Sánchez– han presentado y apoyado diversas iniciativas que iban en contra de la reforma universitaria. Por ejemplo, la creación de una segunda instancia que revise las decisiones de la Sunedu, o la suspensión del proceso de cierre de universidades denegadas como Telesup.

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Relaciones directas

Otro virtual congresista es José María Balcázar Zelada (Perú Libre) por Lambayeque. Es docente de la U. Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) desde 1972. Cuando le denegaron la licencia a esta universidad en el 2020, se reunió con las autoridades del Ministerio de Educación como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque para evaluar la situación.

En una reciente entrevista, Balcázar aceptó que la UNPRG debía adecuarse a la reforma, pero también indicó que desde el Congreso “impulsará su legalización”.  “La Sunedu no puede ser enemiga de las universidades nacionales”, dijo.

Rosío Torres Salinas postuló por Loreto con Alianza para el Progreso. Es odontóloga egresada de la denegada San Luis Gonzaga de Ica, y desde el 2018 es docente de la Universidad Científica del Perú (UCP). Su esposo, el actual congresista Fernando Meléndez (APP), criticó que la Sunedu no le otorgara la licencia a la UCP y cuestionó su “centralismo”.

La lista la completa Rosselli Amuruz Dulanto, candidata por Lima con Avanza País. En su hoja de vida, declaró que desde el 2015 es vicepresidenta del directorio de la U. Politécnica Amazónica, denegada en el 2020. Este Diario buscó la versión de los cuatro mencionados a través de sus equipos de prensa o representantes, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

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Por la renovación

Al 2026, la mayoría de las 94 universidades licenciadas deberá renovar su acreditación ante la Sunedu, ya que esta tiene una vigencia de seis años en esos casos. Esa renovación se dará bajo un modelo con condiciones “más exigentes”, según explicó el superintendente Oswaldo Zegarra en enero a El Comercio. “Sería lamentable que [el nuevo Congreso] cambie todo el sistema”, agregó.

Hay al menos nueve virtuales congresistas que tienen algún tipo de relación con estas casas de estudios. En Podemos Perú, está José Elías Ávalos, presidente del directorio de la U. Privada San Juan Bautista (su licencia vence en noviembre del 2025); mientras que en APP están Segundo y María Grimanesa Acuña Peralta, hermanos de César Acuña (dueño de la U. César Vallejo).

En Perú Libre, están Waldemar Cerrón Rojas, hermano de Vladimir Cerrón y docente en la U. Nacional del Centro, y Alfredo Pariona Sinche (profesor en la U. Nacional de Huancavelica). En Fuerza Popular, David Jiménez Heredia (gerente de U. Franklin Roosevelt) y César Revilla (docente en la U. Nacional de Piura y egresado de la U. Garcilaso). Por Acción Popular están Luis Aragón Carreño (director de una filial de la U. Tecnológica de los Andes) e Ilich López Ureña (docente en U. Peruana Los Andes).

Posibles posturas de las bancadas