La combi de placa C1Q-372 estuvo estacionada durante varios minutos en el paradero de Puente Nuevo. Su chofer, Alberto José Bermúdez González, de nacionalidad venezolana y con número de pasaporte 26980380, probablemente sabía que el vehículo tenía una deuda en papeletas de más de S/163 mil, mayor que el propio valor de la combi. Esta unidad también tenía dos órdenes de captura (medidas cautelares), con un total de 63 multas acumuladas por manejar sin licencia, sin revisión técnica y por desobedecer las indicaciones de la policía de tránsito, según los reportes del SAT y la ATU a los que tuvo acceso El Comercio. Cuando un auto tiene más de una orden de captura es porque la autoridad que emitió las últimas sanciones al chofer lo dejó ir, en vez de llevarlo al depósito: es ahí donde debía estar.
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La combi registra tantas multas que incluso se podría actualizar el reglamento con su propio historial: asientos en mal estado, conducir con el celular en la mano, obstaculizar el tránsito, dejar o recoger a los pasajeros al lado izquierdo o medio de la calzada. Pese a todo, su conductor estaba llenando pasajeros libremente. Intempestivamente, cuando este sujeto vio que corría el riesgo de ser intervenido por fiscalizadores, no dudó por un segundo en pisar el acelerador, atropellar a una inspectora pasándole la combi por encima y darse a la fuga. Estuvo a punto de chocar con otros vehículos. En el siguiente video se observa esta primera parte de la historia:
Luego de atropellar salvajemente a una inspectora, el conductor emprendió la huida a toda velocidad por la Vía de Evitamiento durante varios kilómetros. Comenzó a ser perseguido por la Policía Nacional, para luego sumarse varios agentes a bordo de patrulleros de serenazgo. Un agente graba toda la persecución desde su moto con una cámara instalada en el casco. Esto permite ver todas las maniobras que realiza el chofer de combi para evitar ser detenido. Primero zigzaguea peligrosamente a través de los autos. Frena en seco, impactando contra la parte de atrás de un patrullero, que intentó cerrarlo para poder pararlo. Se cambia del carril izquierdo, exclusivo para camiones, hasta el otro extremo de la pista en solo un segundo, rozando a otros vehículos que pasan a su lado. En el segundo 00:18 de este video se observa cómo el conductor acelera directamente contra el policía motorizado para embestirlo, pero termina realizando un giro a la derecha para continuar su huida:
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Todo esto ocurría exactamente tres meses después de que un sector del Congreso de la República proponía ampliar el permiso a todas las combis de Lima y Callao hasta por 10 años. Después de casi tres minutos de persecución, el chofer fue acorralado por personal de las Águilas Negras. Lo que se observa en las imágenes es un numeroso grupo de agentes e inspectores que corren hacia la puerta del chofer para impedir que Bermúdez González vuelva a apretar el acelerador. De inmediato, el sujeto fue sacado del auto y tirado en la pista boca abajo para asegurar que no vuelva a estar detrás de un volante.
Según el portal del Ministerio de Transportes (MTC), este sujeto no registra licencia de conducir. La propietaria de la combi, como indica la página de Registros Públicos, es una mujer identificada como Gloria Bazán Díaz. La deuda que mantiene asociada a la placa vehículo se divide en dos: un primero monto de S/28.028 al SAT y otro de S/135.450 a la ATU, sumando un total de S/163.478. Por lo menos siete choferes han conducido esta unidad en los últimos siete años.
Tras ser apresado, fue llevado a la comisaría de El Agustino donde se le realizó una denuncia por lesiones graves. La mujer atropellada es Jackelin Rosales Ramírez, la trabajadora de la ATU en alianza con la Municipalidad del Agustino que sufrió politraumatismo y que, según el parte policial, se encuentra grave en el hospital Hipólito Unanue, con estado de salud reservado.
ATU RESPONDE
Luego del repudiable hecho, la ATU indicó que “condena categóricamente este acto que puso en riesgo la vida y afectó la integridad física de la fiscalizadora”, quien presta servicio para una de las 33 municipalidades de Lima y Callao con las que tiene convenio de cooperación interinstitucional.
En se sentido, resalta que los fiscalizadores cuentan con la acreditación debida para realizar acciones de control del transporte urbano, las cuales deben llevarse a cabo en estricto cumplimiento de los protocolos de intervención aprobados.
Por su parte, la Municipalidad de El Agustino iniciará las acciones legales contra Alberto José Bermúdez Gonzáles, conductor de la unidad informal, mientras que la ATU dictó una medida preventiva para internar el vehículo en un depósito.
Finalmente, la institución de transporte hace un llamado a los choferes a cumplir estrictamente con las normas vigentes y no poner en riesgo la vida y la integridad de 11 millones de usuarios. Decidimos reconstruir la historia de este chofer sin brevete que conducía un vehículo pirata con S/163 mil en multas.
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