Hay decisiones legislativas que encuentran resistencia desde el primer momento y otras que terminan reuniendo a sectores habitualmente dispersos alrededor de una misma causa. La creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú consiguió ambas cosas. Actores, músicos, escultores, creadores independientes y organizaciones culturales cuestionaron una ley que, bajo la promesa de organizar y representar al sector, podía terminar estableciendo barreras para el reconocimiento profesional de quienes habían construido sus trayectorias fuera de las instituciones académicas.
Este jueves 22 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone derogar la Ley N.º 32645, que había dado origen a dicha institución. La decisión representa un paso decisivo para quienes consideraban que el Estado no debía establecer mecanismos de acreditación capaces de excluir a artistas formados mediante la práctica, la tradición familiar o el aprendizaje autodidacta.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el productor y director teatral Efraín Aguilar, quien celebró la decisión sin ahorrar cuestionamientos hacia los legisladores responsables de la norma original.
“Las sandeces de algunos ‘padres de la patria’ tienen que ser corregidas, en buena hora, por otros más sensatos, deseo que esta actitud se haga extensiva a otros temas trascendentes para nuestro país y no caer en acciones negativas que desprestigian el Congreso de la República”, expresó.
El cuestionamiento no se dirigía necesariamente contra la existencia de organizaciones profesionales, sino contra la posibilidad de que una institución estableciera criterios formales para reconocer quién podía pertenecer al sector.
Las críticas también llegaron desde figuras con extensas trayectorias en la televisión y el teatro. En junio, la actriz y cómica Bettina Oneto planteó una pregunta que condensaba buena parte de la controversia: “¿Quién ha votado? ¿Quién decide quién es artista?”.
Oneto también recordó que los trabajadores del sector habían conseguido organizarse anteriormente para defender sus derechos, particularmente frente a propuestas relacionadas con las regalías por retransmisión de obras audiovisuales. Su cuestionamiento apuntaba a la legitimidad de una institución que pretendía representar a un universo profesional tan amplio y heterogéneo.
La actriz Vanessa Terkes, por su parte, recordó que varias generaciones de intérpretes peruanos habían desarrollado sus carreras mediante talleres y aprendizajes directos con maestros como Alberto Ísola y Roberto Ángeles, sin necesidad de obtener un título universitario.
“Estoy de acuerdo que un doctor tenga que estar en un colegio profesional porque está jugando con la vida de alguien. Nosotros trabajamos con nuestros sentimientos”, sostuvo Terkes durante aquella conversación.
La oposición también reunió a artistas de distintas disciplinas. La cantante Susana Baca, exministra de Cultura, había defendido la necesidad de preservar la autonomía de la creación artística, sin desconocer la importancia de la formación y el conocimiento.
En declaraciones anteriores a El Comercio, Baca cuestionó que una colegiatura pudiera convertirse en el principio que rigiera el arte y la cultura. Su posición apuntaba a distinguir la formación profesional de la libertad creativa.
El actor Laszlo Kovacs fue particularmente severo al cuestionar los alcances éticos que la norma atribuía a la nueva institución. “¿Quién decide qué cosa es ético y qué no?”, preguntó, ante el temor de que esos criterios pudieran convertirse en instrumentos de censura.
La directora teatral Jimena del Sante también había cuestionado la iniciativa por considerar que imponía obstáculos innecesarios a los creadores independientes, mientras que el artista plástico Jade Rivera, cuya trayectoria comenzó en el grafiti, recordó que la creación artística no siempre nace en las aulas.
Desde una perspectiva vinculada al patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales, el escultor Alfredo Rolando Grosman consideró que la controversia debería servir para revisar los criterios con los que se reconoce a quienes se dedican a la creación artística.
“El debate sobre la derogación de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú debe servir para reflexionar sobre nuestro entendimiento hacia la formación artística y también sobre quién tiene derecho a ser reconocido como artista”, señaló.
Grosman recordó que su aprendizaje como escultor se desarrolló junto a maestros picapedreros del Valle Sagrado del Cusco, artesanos que han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Una formación alejada de las aulas universitarias, pero estrechamente vinculada con el trabajo cotidiano, la experiencia colectiva y la preservación de técnicas ancestrales.
“Yo aprendí a esculpir la piedra junto a maestros picapedreros, artesanos del Valle Sagrado de Cusco que han transmitido su conocimiento de generación en generación. Su enseñanza no llegó a través de un aula universitaria, sino del trabajo cotidiano”, explicó.
El escultor también recordó el caso de Jorge Eduardo Eielson, uno de los grandes referentes del arte contemporáneo peruano, cuya formación en las artes plásticas fue principalmente autodidacta. Su trayectoria, sostuvo, demuestra que el talento, la originalidad y la excelencia artística no dependen exclusivamente del reconocimiento de una institución educativa.
“Valoro la educación académica y creo que los artistas necesitan mayor protección, representación y oportunidades. Es importante que cualquier institución que aspire a representarnos debe reconocer la diversidad de caminos que nos llevan a la creación”, manifestó.
Promulgada en junio de 2026, la Ley N.º 32645 creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú, una institución destinada a representar, organizar y supervisar el ejercicio profesional de distintas disciplinas artísticas, entre ellas la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Sin embargo, para incorporarse exigía acreditar un título profesional o licenciatura en arte o educación artística, un requisito que despertó cuestionamientos entre quienes consideraban que la creación no podía someterse exclusivamente a criterios académicos.
Aunque la norma no prohibía expresamente ejercer a los artistas sin colegiatura, sus atribuciones de supervisión y regulación ética generaron preocupación por posibles restricciones futuras, especialmente para los creadores autodidactas, populares y comunitarios, cuya formación y trayectoria se desarrollan muchas veces al margen de las instituciones educativas.
La Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) fue una de las organizaciones que solicitó su derogación. Su principal preocupación era que la creación artística terminara sometida a mecanismos de autorización o acreditación que restringieran su ejercicio.
“El arte nace de la libertad”, señaló la institución en su pronunciamiento de junio, en el que defendió el derecho de los creadores a desarrollar su trabajo sin discriminación por su origen, formación o trayectoria.
El cuestionamiento encontró respaldo en la propia Cámara de Diputados. El 30 de septiembre, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte aprobó por unanimidad, con 20 votos, el dictamen que proponía derogar la norma.
Durante aquella sesión, el presidente de la comisión, Segundo Castrejón Fernández, citó cifras atribuidas al Ministerio de Cultura según las cuales el 37,2 % de los creadores se forma mediante la tradición familiar o comunitaria y otro 32,1 % de manera autodidacta. Solo el 28,4 % contaría con estudios universitarios.
Las cifras permiten dimensionar uno de los principales problemas de la iniciativa: buena parte de la actividad artística peruana se desarrolla fuera de los circuitos académicos convencionales. Desde los talleres de artesanos y las comunidades que preservan técnicas ancestrales hasta los músicos populares, los artistas urbanos y los intérpretes formados sobre los escenarios, la diversidad cultural del país difícilmente podía reducirse a una única ruta de formación profesional.
La decisión adoptada este jueves por el Pleno de Diputados constituye un paso decisivo para dejar sin efecto la institución, aunque la derogación deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente para adquirir vigencia.
