Un juez federal de Texas ordenó el viernes el fin del programa DACA que impide las deportaciones de algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, poniendo nueva presión sobre el presidente Joe Biden y sobre los legisladores demócratas que ahora controlan el Congreso para que actúen.
El juez de distrito Andrew Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados conservadores que habían demandado para que se suspendiera el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el cual brinda algunas protecciones a unas 650.000 personas. Las personas que ya están inscritas no perderán las protecciones, pero Hanen prohibió la tramitación de nuevas solicitudes.
La decisión de Hanen limita por el momento la capacidad de Biden de mantener el programa o algo similar. El mandatario prometió durante su campaña proteger el DACA.
Es el segundo fallo de un juez federal de Texas que detiene los planes de Biden en materia migratoria. Anteriormente, otro tribunal prohibió la aplicación de una moratoria de 100 días ordenada por Biden a la mayoría de las deportaciones.
Biden ya ha propuesto una ley que proporcionaría un mecanismo de naturalización para los 11 millones de personas que se calcula que viven en Estados Unidos sin autorización. También ordenó a las agencias que hicieran esfuerzos para preservar el programa.
Los partidarios del DACA, incluidos los que argumentaron ante Hanen para salvarlo, han dicho que es necesario que el Congreso apruebe una ley para proporcionar un alivio permanente. Hanen ha dicho que el Congreso debe actuar si Estados Unidos quiere proporcionar las protecciones del DACA a los beneficiarios comúnmente conocidos como “dreamers”.
El fallo de Hanen se produjo después de que el 22 de diciembre celebrara una audiencia judicial de casi tres horas y media sobre el destino del DACA.
Los estados argumentaron que el expresidente Barack Obama nunca tuvo la autoridad en 2012 para crear un programa como el DACA porque eludió al Congreso. Los estados también argumentaron que el programa merma sus recursos educativos y de salud.
Además de Texas, los demandantes eran Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, todos ellos estados con gobernadores o secretarios de Justicia republicanos.
El Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación y la Fiscalía General de Nueva Jersey, que defendieron el DACA a nombre de un grupo de beneficiarios, argumentaron que Obama tenía la autoridad para instituir el programa y que los estados carecían de la capacidad para demandar porque no habían sufrido ningún daño debido al programa.
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