Pasaporte, billetes e instituciones: cómo Donald Trump busca dejar su sello en símbolos oficiales de EE. UU.

Donald Trump presentó recientemente una nueva versión del pasaporte de Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia de su país. Lo más llamativo del diseño fue que tiene como uno de sus elementos principales un retrato del mandatario mirando fijamente hacia el frente.

El documento ha sido llamado “Pasaporte Patriota” por la Casa Blanca y, además de la imagen de Trump, incluye la firma presidencial y una ilustración de los padres fundadores de EE. UU. en su contratapa interna.

El presidente estadounidense mostró el nuevo pasaporte en su red social Truth Social, haciendo énfasis en que este incluía un mensaje que decía “¡bienvenido, pero comportate!” a los extranjeros que llegaban al país norteamericano.

El Departamento de Estado de EE. UU. indicó que se tratará de una “edición limitada” que estará disponible desde el 6 de julio, con 40.000 unidades y será el documento que se emita por defecto en la sede central en Washington de la Agencia de Pasaportes hasta que se agoten las existencias.

El “Pasaporte Patriota” no ha sido la única medida que da cuenta de la búsqueda de Trump por introducir su presencia directamente en los elementos institucionales del Estado, rompiendo la tradición histórica de su país de incluir los nombres y rostros de sus líderes luego de su fallecimiento o el fin de sus gobiernos. Los críticos de estos movimientos consideran que se trata de un uso ilegítimo de los activos e instituciones nacionales para convertirlos en una extensión de la identidad del mandatario.

Trump en los billetes

Poco después de la toma de mando de Trump a inicios de 2025, los congresistas republicanos Joe Wilson y Andy Barr plantearon la creación de un billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump para celebrar el aniversario 250 del país norteamericano y también para conmemorar los 250 días del segundo mandato del presidente.

La propuesta encontró el rechazo de la oposición, pues implicaba la modificación de la “Enmienda Thayer”, ley de 1866 que únicamente permite mostrar a personas fallecidas en la moneda estadounidense. Adicionalmente, la “Ley de la Moneda Presidencial de 1 Dólar” de 2005 estipula que “ninguna moneda podrá llevar la imagen de un presidente en ejercicio ni de ningún expresidente durante los dos años posteriores a la fecha de su muerte”.

Desde el frente político se cuestionó que una medida de este tipo convertiría a la divisa nacional en una herramienta de propaganda y culto a la personalidad, mientras que por el lado económico se apuntó que era un desperdicio del dinero público. La representación del Partido Demócrata en el Senado también argumentó que un billete de 250 dólares podría suponer un problema de seguridad financiera con potencial de facilitar las transacciones de los grupos delictivos.

El proyecto de ley de Wilson contempla la modificación de la “Enmienda Thayer” introduciendo como excepción que la persona retratada en billetes “sea o haya sido presidente de EE. UU.”. Asimismo, el Departamento del Tesoro confirmó en mayo de este año que tenía prototipos del billete y el jefe de dicha cartera, Scott Bessent, señaló que estaban preparándose para una eventual aprobación del diseño en el Congreso.

De momento, el Parlamento de Estados Unidos no ha aprobado la emisión del nuevo billete y durante la semana previa los senadores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren, han demandado una investigación de la Oficina del Inspector General del Tesoro para determinar si la creación del billete con la cara de Trump ha supuesto un uso indebido de los fondos estatales.

“Dada la crisis del costo de vida en todo Estados Unidos, es preocupante que el Secretario del Tesoro no vea ningún problema en centrar la atención del Tesoro en la creación de un billete ilegal de 250 dólares en lugar de abordar los verdaderos desafíos económicos que enfrenta el país”, dice la solicitud de los demócratas.

El Centro Trump - Kennedy

En febrero del presente año, Donald Trump ordenó el cierre del Kennedy Center de Washington D. C. en medio de una remodelación de dos años que implicaba rebautizar el recinto cultural como “The Donald Trump and John F. Kennedy Center”.

Un año antes, el mandatario había anunciado el despido de los 18 integrantes de la junta directiva del Centro Kennedy como parte de una reestructuración ideológica de las presentaciones del establecimiento, consideradas “woke” por el gobierno entrante. A la cabeza de la nueva administración fue nombrado Richard Grenell, amigo personal del jefe de gobierno, y el mismo Trump fue elegido presidente del consejo gestor.

A inicios de este año Trump anunció que las reformas del centro tendrían un costo cercano a los 200 millones de dólares y que transformarían “un centro deteriorado y ruinoso” en un “bastión de clase mundial para las artes”.

La discusión por la nueva forma de gestionar el establecimiento llevó a que diversos artistas cancelaran presentaciones dentro de este y la Ópera Nacional de Washington decidió abandonar el Kennedy Center en enero pasado por su inconformidad con la nueva administración.

Grenell dijo que la gestión previa fue un “fraude” y criticó su manejo económico del establecimiento, citando problemas económicos heredados, pero Deborah Rutter, antigua jefa del centro, respondió que el emblemático recinto cultural había pasado a manos de “personas sin experiencia para entender las complejidades de una organización sin fines de lucro”. Medios como Washington Post reportaron que entre septiembre y octubre del 2025 —con la administración actual en plenas funciones— las reservas en las tres principales salas del inmueble se habían reducido a la mitad con respecto al año anterior.

La modificación del nombre del centro fue fuertemente criticada desde diversos frentes, con familiares de John F. Kennedy como Maria Shriver y Joe Kennedy señalando que se trataba de un acto “insensato”.

Este último declaró que “no se puede cambiar el nombre más de lo que alguien podría cambiar el nombre del Monumento a Lincoln, sin importar lo que digan”. Por su parte, Shriver dijo que era “incomprensible que Trump haya buscado agregar su nombre al de su tío”.

En la parcela política, el Partido Demócrata consideró inválida la alteración del nombre del recinto, debido a que la designación fue establecida por una ley y que solo el Congreso estaba en capacidad de autorizar un cambio de este tipo.

Un juzgado federal dio la razón a este reclamo a fines de mayo y ordenó retirar toda referencia a Trump en el inmueble y cualquier material relacionado a la institución. Finalmente, el nombre de Donald Trump fue retirado completamente del frontis del edificio el 13 de junio en cumplimiento del fallo judicial.

El Instituto Trump de Paz

En febrero del 2025 el presidente de EE. UU. hizo el anuncio de que el Instituto de la Paz (USIP) pasaría a llamarse “Instituto Donald J. Trump de la Paz” en reconocimiento al “mayor negociador de la historia” del país norteamericano y el nombre del gobernante fue poco después colocado en el edificio.

Dicha institución había sido creada por Ronald Reagan en 1984 como un ente sin fines de lucro para la resolución de conflictos internacionales, siendo el Congreso estadounidense su principal financista.

La noticia del cambio de nombre llegó acompañada de un decreto presidencial y el retiro de la junta directiva del USIP junto al despido de 200 empleados.

Donald Trump convirtió al rebautizado instituto en la sede de su Junta de la Paz, entidad supranacional que creó este año y a la que el líder estadounidense busca dar atribuciones similares a las de la ONU.

A pesar de lo anterior, la gestión previa del USIP presentó una acción legal en marzo de 2025 para anular la reconfiguración establecida por Trump. El argumento central de la demanda fue que el presidente no tiene la facultad de retirar unilateralmente a la administración autónoma del organismo.

Un juzgado federal dio la razón a los demandantes el 19 de mayo, determinando que la remoción de la junta directiva del instituto fue ilegal al violar el estatuto del Congreso estadounidense, por lo que todas las acciones posteriores del gobierno eran nulas. La gestión de Trump apeló la resolución, por lo que el frente legal sigue abierto en la actualidad.

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