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‘Baguazo’, diez años después; por Norma Correa Aste

“La Amazonía requiere mayor prioridad en la agenda nacional”.

Norma Correa Aste Investigadora y profesora de la PUCP

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"En el caso de los pueblos indígenas amazónicos, es necesario mirar más allá de las brechas y de los indicadores de ampliación de cobertura". (Ilustración: Giovanni Tazza)

El 5 de junio del 2009 ocurrió un violento enfrentamiento entre las fuerzas del orden e indígenas awajún y wampis en la Curva del Diablo, zona ubicada en los alrededores de la ciudad de Bagua, en el departamento de Amazonas. El Estado buscaba finalizar con 55 días de bloqueo de la carretera Fernando Belaunde, medida de protesta adoptada por la población indígena local en respuesta a un paquete de decretos legislativos promovidos dentro del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, dichos decretos eran necesarios para mejorar el entorno de inversiones y diversificar las opciones de desarrollo en ámbitos como la Amazonía. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, los decretos fueron recibidos con mucha preocupación y desconfianza, pues vieron en ellos no solo una amenaza a la integridad de sus territorios, sino también riesgos para sus formas ancestrales de vida. ¿Por qué? En las cosmovisiones indígenas el territorio no es solo un activo productivo, sino también una parte fundamental de su cultura, de su reproducción como sociedad y fuente de orgullo étnico.

Treinta y tres peruanos perdieron la vida en el ‘baguazo’, entre ellos 23 policías y 10 indígenas, y a la fecha continúa desaparecido el mayor PNP Felipe Bazán. Si bien esta situación había sido incluida en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo desde marzo del 2008 –es decir, 15 meses antes de su estallido–, no se hicieron esfuerzos suficientes por evitar este trágico escalamiento, tanto para frenar a los azuzadores de la violencia como para generar un espacio de diálogo efectivo. Quizá hubiera sido posible evitar este desenlace si los tomadores de decisiones en Lima tomaban en serio las percepciones y preocupaciones locales, usualmente subestimadas.

El ‘baguazo’ evidenció las enormes distancias, no solo geográficas, sino sobre todo culturales, entre Lima y la Amazonía, la región más incomprendida por las políticas públicas y sobre la cual aún persisten una serie de prejuicios en la sociedad peruana (entre los más nocivos se encuentra aquel que señala a los indígenas como ociosos). Desde los inicios de la República, la relación entre el Estado y la Amazonía ha estado marcada por una fuerte agenda extractiva orientada al mercado global, la cual ha transitado desde economías de enclave como el caucho en el siglo XIX al petróleo y gas en nuestros tiempos. Esto ha tenido importantes implicancias en el imaginario nacional: pensamos más en la Amazonía como una fuente de recursos por extraer en nombre del desarrollo nacional que como un lugar donde es urgente crear bienestar y ampliar las oportunidades de sus habitantes, entre ellos los pueblos indígenas. Si bien la preocupación por el cambio climático ha generado un mayor interés por la situación de la Amazonía, aún estamos muy lejos de contar con una propuesta de desarrollo sostenible que no solo responda a las prioridades globales y nacionales, sino también a las necesidades locales.

El ‘baguazo’ constituyó un baño de realidad para una opinión pública entonces ensimismada en el clima celebratorio del milagro económico peruano. Bagua fue un duro recordatorio del Perú indígena olvidado, donde no habían llegado los beneficios del crecimiento económico, donde campeaban la pobreza, la desnutrición y la falta de oportunidades. ¿Qué se ha hecho en respuesta a este recordatorio?

En el transcurso de la última década, se han realizado importantes avances normativos, como la ley de consulta previa y varios lineamientos referidos a la adaptación intercultural de servicios públicos; sin embargo, persisten importantes retos de implementación. Por otro lado, se ha avanzando en el cierre de brechas de cobertura de servicios básicos y se han expandido programas sociales y programas productivos en comunidades indígenas.

Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas amazónicos, es necesario mirar más allá de las brechas y de los indicadores de ampliación de cobertura para preocuparnos por ofrecer servicios adaptados al contexto. Salvo excepciones, actores del sector público y del sector privado suelen llegar a las comunidades indígenas con programas que no han sido diseñados para su realidad, razón por la cual no logran resultados sostenibles en el tiempo. Si solamente nos fijamos en las cifras de pobreza, el resultado es preocupante: la incidencia de pobreza por autopercepción étnica en la población indígena u originaria de la Amazonía asciende a 45,6%, cifra que desciende a 27,1% para el caso de la población indígena u originaria de los Andes y a 16,1% para el caso de la población identificada como mestiza y blanca (INEI 2019). ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Hemos hecho lo necesario?

Por mucho tiempo, las políticas públicas e intervenciones de desarrollo han ignorado las especificidades de la Amazonía y de los pueblos indígenas, y lo más probable es que se atribuya el fracaso de estas a “la cultura”, “las distancias”, “el clima” que a evidentes debilidades de diseño e implementación. La Amazonía requiere mayor prioridad en la agenda nacional y sus problemáticas deben estar presentes de manera permanente en los espacios de toma de decisiones, no solo cuando estallan trágicos conflictos como el ‘baguazo’, no solo cuando ocurren sismos como el que recientemente asoló a Alto Amazonas (Loreto), territorio ancestral de los pueblos shawi y kukama kukamiria. Rumbo al bicentenario, este es un deber impostergable.

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