El feriado por Semana Santa fue aprovechado por miles de limeños para escapar de nuestra caótica ciudad. Sin embargo, en estricto, no escaparon del desorden ni de la estresante congestión, pues muchos se comportaron en las carreteras como lo hacen en la ciudad: incumpliendo las reglas de tránsito más elementales con total impunidad.
El vuelco de una camioneta en la Panamericana Sur, originado por la temeridad de su conductor (que habría estado ebrio al momento del accidente) y que le costó la vida a su acompañante que aparentemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad, es clara evidencia de ello. Además, como fue denunciado en redes sociales y medios de comunicación, muchos conductores no solo irrespetaron el derecho preferente de paso de una ambulancia, sino que incluso ocuparon el carril derecho, el cual debe permanecer libre pues está destinado a emergencias.
Lamentablemente, estos incidentes están lejos de ser excepcionales. Corresponden a un patrón de comportamiento que debe desterrarse y que se concreta todos los días cuando hacemos uso abusivo de la bocina, no respetamos la luz roja del semáforo, bloqueamos los cruces, realizamos maniobras temerarias, etc. Siendo así, no resulta extraño que en la última década más de 37.000 personas hayan perdido la vida en accidentes de tránsito, entre otras graves consecuencias.
Este desorden e impunidad imperante en las vías urbanas y las carreteras revela de manera irrefutable la debilidad del Estado para afrontar con éxito la problemática de la movilidad. Se considera que la participación de diversas autoridades en materia de transporte genera desorden y agudiza el problema de la coordinación de la intervención; sin embargo, tal como ocurre en una filarmónica, muchos son los instrumentos en una misma melodía. El truco es la armonía.
Para empezar, es necesario saber que las autoridades tienen responsabilidades claramente establecidas por ley. En efecto, la determinación del marco reglamentario del transporte y del tránsito, y las condiciones sobre la edificación de la infraestructura vinculada a dichas actividades son aspectos regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Pero la labor del ministerio no se agota en establecer reglas o construir infraestructura. Le corresponde la tarea más compleja y de menos reconocimiento político: asegurar que los municipios y gobiernos regionales ejerzan sus atribuciones con arreglo a las políticas públicas nacionales que el MTC fije. Este último es el rol rector que debería tener el ministerio, pues sobre la base de los reglamentos generales, los planes nacionales y la permanente articulación con otras autoridades, traza el camino hacia donde va el país en movilidad urbana, seguridad vial, calidad del parque vehicular, espacios públicos, gestión y establecimiento de corredores logísticos, intermodalidad y fiscalización, entre otros.
Ya perdimos un año y medio sin que se establezca el rumbo en materia de tránsito y transporte. Solo se han dado acciones desarticuladas, como aprobar un plan nacional de seguridad vial sin fortalecer al Consejo Nacional de Seguridad Vial. Se han simplificado los trámites para obtener una licencia de conducir, que si bien es un paso para reducir las barreras burocráticas, no reduce la probabilidad de que más gente sin capacidades conduzca un vehículo. Considerar que la fiscalización electrónica es el arma mágica para enfrentar los problemas de seguridad vial es insuficiente si la detección inmediata –sea de manejo público o privado– no se complementa con un marco regulatorio moderno que permita que la sanción se notifique y se cumpla de inmediato. Asimismo, resulta ilusorio creer que la nueva Autoridad de Transporte para Lima y Callao por sí sola solucionará los problemas de la congestión vehicular, del transporte y de la infraestructura. Es necesario que el MTC emprenda la tarea pendiente de definir una verdadera política pública de movilidad, con objetivos claros y medibles, que contemple acciones sistémicas y articuladas de corto, mediano y largo plazo.
No hay duda de que el reciente cambio en el Ejecutivo abre una ventana de oportunidad para abordar esta problemática. Es necesario un cambio de conducta que produzca orden, menos víctimas de siniestros de tránsito, más formalidad y competitividad. En suma, el desarrollo que es capaz de producir una verdadera política integral de movilidad.
