En su discurso de toma de posesión pronunciado el lunes 20 de enero del 2025, el presidente Donald Trump expresó que el Canal de Panamá está tratando muy mal a Estados Unidos, pues les aplica a los barcos estadounidenses, especialmente a los de su Marina de Guerra, tarifas demasiado altas. La autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad autónoma, aplica peajes de conformidad con el tonelaje de las naves y según usos y prácticas internacionales en este tipo de actividad económica. No hay ningún trato en perjuicio de la economía estadounidense ni el Canal aplica prácticas discriminatorias contra país alguno.
El actual presidente de Estados Unidos ha desconocido que el Senado de su país ratificó en 1978 los tratados que sus jefes de Estado firmaron en 1977 y que, luego de un período de preparación de 23 años, permitieron a Panamá administrar como dueño ese Canal que, según el Tratado de 1903 –que ningún panameño firmó–, le daba a Estados Unidos un derecho a perpetuidad sobre un territorio en el que ejercieron dominio total como si hubiesen sido soberanos.
Los tratados Torrijos-Carter fueron apoyados por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos y por muchos gobernantes de países europeos y de otros continentes.
Durante los 25 años en los que Panamá ha venido administrando su Canal, ha gestionado con gran eficiencia la ruta interoceánica habiéndose construido incluso nuevas esclusas, tanto en el sector del Océano Pacífico como en el Atlántico.
La afirmación del presidente Trump de que China manda en el Canal es absolutamente falsa. El país asiático no tiene ni ha tenido mando ni influencia alguna en la administración del Canal. Es cierto que es el segundo usuario del Canal y que Estados Unidos es el primero, pero ningún país tiene ni influencia ni mando ni capacidad decisoria alguna en los asuntos relacionados con el Canal.
Tengo la impresión de que el presidente Trump cree que, por el hecho de que la empresa Hutchinson, que tiene su sede en Hong Kong hace muchos años, ganó la licitación para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal, implica que ejercen mando y jurisdicción en el Canal. Los puertos citados pertenecen al Estado y la empresa que los administra se encarga de que funcionen a cabalidad, pero ello nada tiene que ver con el tránsito de las naves por el Canal, pues esta tarea corresponde únicamente a la ACP.
Si el presidente Trump insiste en que su gobierno tomará el Canal para revertirlo a los Estados Unidos, preveo que una acción de tal envergadura sería fuertemente criticada por la inmensa mayoría de los países del mundo que confían en que las normas del derecho internacional son las que deben regir las relaciones entre los Estados y no las acciones de fuerza, mucho más graves y ominosas si carecen de justificación jurídica, política o económica. Además, tal acción hacia un país que ha mantenido relaciones amistosas desde la firma y aprobación de los tratados del Canal encontraría la firme oposición de un pueblo digno y valiente como el panameño, que de manera responsable y orgullosa ha demostrado gran capacidad para administrar impecablemente una de las maravillas de la ingeniería del mundo.
Abrigo la esperanza de que una vez que se le explique al presidente Trump la verdad sobre el papel que ejerce la empresa administradora de los dos puertos vecinos al Canal, que no es otro que el de prestar los servicios usuales sin interferencia ni mando en el Canal por donde transitan los buques, comprenderá que Panamá ejerce su soberanía con rectitud y eficiencia en beneficio del comercio global. Confío en que esto evitará la generación de tensiones y fortalecerá los lazos históricos entre ambos países.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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