Una impostergable necesidad, por Alfonso Grados

Para que la revolución social presentada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski como el principal eje del desarrollo inclusivo de su mandato perdure, debe sustentarse obligatoriamente en la generación de empleo sostenible y de calidad, minimizando el riesgo de que quienes logren salir de la pobreza recaigan en ella. Esto nos obliga a enfrentar con creatividad y decisión la impostergable reforma laboral que nuestro país requiere.

La estructura de nuestro mercado laboral hace que la continuidad del empleo sea un reto particularmente complejo. La generación de nuevos puestos cayó en 50% en la última década, no cubriéndose siquiera el ingreso de los jóvenes a la búsqueda de trabajo. Enfrentamos un mercado altamente informal (el 70% de trabajadores no accede regularmente a los sistemas de seguridad social ni a una adecuada protección legal), con limitaciones para atender a las poblaciones más vulnerables (como son las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad o el poblador rural). En consecuencia, los niveles de productividad se mantienen bajos (el 65% de trabajos se ubica en unidades productivas muy pequeñas o carentes de tecnología), impidiendo que las remuneraciones alcancen los niveles esperados por la población. 

Esta realidad se inserta en un marco jurídico que no cuenta con una legislación laboral integrada y moderna, en el cual coexisten diversos regímenes de trabajo desconectados entre sí y en donde el ciclo laboral de contratación, desarrollo y finalización es rígido. También es uno en el que se han debilitado tanto la negociación colectiva como la sindicalización, y el proceso inspectivo, por estar fragmentado y carecer de predictibilidad, no promueve la formalización. Así también, el alineamiento eficiente de oferta y demanda de trabajo se ha deteriorado, afectando la empleabilidad. 

Desde el Ministerio de Trabajo venimos revitalizando el acercamiento con los actores involucrados (trabajadores, empleadores, sociedad civil, interlocutores políticos), compartiendo investigaciones, escuchando propuestas, confrontando ideas y planteando acciones. El relanzamiento del Consejo Nacional del Trabajo, la activación de mesas técnicas de trabajo, el continuo recorrer por las regiones, la participación en foros especializados, la constitución de un consejo consultivo de alto nivel, entre otras iniciativas, apuntan a la convicción de que, si bien las reformas laborales son urgentes, se deben construir y validar mediante el diálogo social y la búsqueda del mayor consenso, no imponiéndolas forzada o apresuradamente.  

En estos meses hemos destrabado exigencias burocráticas que dificultaban las contrataciones y generaban costos inútiles. Hemos fortalecido los servicios que brindamos en los centros de empleo para los ciudadanos y presentado al Consejo de Trabajo una veintena de cambios normativos buscando simplificar o equilibrar la relación laboral en negociación y ceses colectivos, la escala de sanciones en la inspección laboral y las exigencias de la ley de seguridad y salud en el trabajo, todas para su pronta promulgación.

En paralelo, estamos abocados al diseño de reformas estructurales de fondo que incluyen la simplificación de los regímenes laborales, la racionalización de los sobrecostos, los incentivos a la formalización, la debida protección ante la desvinculación laboral y la definición del instrumento jurídico que integrará y modernizará nuestra legislación: Ley General o Código Laboral. 

La tarea descrita no es fácil ni cortoplacista pero es sin duda prioritaria si queremos ser consecuentes con la política de protección y desarrollo social que nos rige. Por ello, es imprescindible incorporar al debate ideas frescas que permitan superar aquellos prejuicios y discursos trillados que, al bloquear ideológicamente soluciones novedosas, impiden el despegue laboral. Justamente, esa línea transformadora es la que guía nuestra gestión, para así cumplir con el principal compromiso que tenemos por el país: garantizar empleo digno para cada vez más peruanos.