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Kuczynski en un escenario vacío, por Romeo Grompone

“Llamar a elecciones puede tener resultados inciertos en cuanto al peso que obtendrían las organizaciones políticas”.

Romeo Grompone Investigador del IEP y docente de la UARM

PPK

(Ilustración: Giovanni Tazza).

“Kuczynski debe empezar a hacer sus descargos y dar explicaciones, inclusive antes de la sesión del jueves en la que el Congreso decidirá la vacancia”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Ilustración: Giovanni Tazza.

Por unos interminables segundos, la presentación en los medios del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, poco antes de la medianoche del jueves se pareció más a una foto que a un video. Las posturas rígidas, los rostros hieráticos –otros, cuando menos, consternados– de quienes lo acompañaban, alentaban esa sensación. Finalmente pudimos salir de esa percepción alucinada observando las manos del presidente y escuchando su escueta explicación, en la que señalaba que no tuvo vínculos con Odebrecht a través de Westfield Capital cuando era ministro. Según informó el presidente Kuczynski, él era dueño de Westfield, pero no se ocupaba de esta mientras ejercía como ministro. Sobre la asesoría a First Capital para H2Olmos –por la que cobró US$610.000– en el 2012, dijo que esta ocurrió cuando ya estaba alejado de sus funciones públicas.

Mientras redactaba este artículo, y como para entender lo que estaba ocurriendo, acudió en mi ayuda una canción del músico argentino Charly García interpretada a principios de los 70 por el dúo Sui Géneris que se llama “Cuando ya me empiece a quedar solo”, en la que menciona “un escenario vacío” y un “libro lleno de pena”. Porque los ministros y congresistas que acompañaban al presidente parecían estar allí y, al mismo tiempo, en cualquier otra parte. Quizá se proyectaban para lo que les esperaba cuando tuvieran que defender al gobierno pocas horas después y con escasos elementos de juicio. Con argumentos tal vez reservados para un momento estratégico (¿cuál?) o tal vez sin argumentos (lo más probable).

De alguna u otra manera, la sesión del Congreso del viernes ya había sido presagiada en la foto del jueves. La defensa del debido proceso –una suerte de santo y seña del debate– por parte de los parlamentarios oficialistas resaltaba en medio de la discusión por la insistencia –y con razón– de contrastar documentos, mostrar pruebas, otorgar garantías. Sin embargo, esos documentos o pruebas a los que hacían referencia no aparecieron (ni siquiera de modo tangencial) o se hicieron evanescentes.

Está bien. El solo enunciado de cumplir formalidades es valioso en un escenario de tantas transgresiones e irregularidades, como el que vive actualmente el país. No obstante, al aferrarse solo a esto, la sensación que queda es la de estar ante un vacío político por parte de los voceros del oficialismo. En otro plano, además, estos mismos voceros reclamaban que el ámbito adecuado para discutir era la Comisión Lava Jato del Congreso, algo que, más que una solución, aparecía como una oportunidad perdida a esta altura de los acontecimientos (si alguna vez fue una oportunidad).

Si solo se tratara del presidente, estaríamos ya ante un escenario donde resulta extremadamente difícil encontrar salidas. Pero nos hallamos en una coyuntura en la que no parece encontrarse un límite, un terreno marcado dentro del que moverse, debido a la situación de riesgo que sufren otras instituciones.

Al haber remitido información a la congresista Rosa Bartra, Odebrecht gradúa el tiempo político. Por razones jurídicas y políticas que no consiguen advertirse del todo, algo de lo que está ocurriendo en este cuadro de corrupción extendida (y que, se dice, quiere controlarse) va más allá de la diferencia entre la delación premiada de Brasil –donde quien se acoge a ella no puede ocultar información– y la colaboración eficaz de nuestro derecho y el modo en que se aplica. La información se está filtrando selectivamente y parecen entremezclarse en ella cálculos de correlación de fuerzas de unos y el resguardo, hasta donde se pueda, de algunas inversiones (o cuando menos un control de daños) por parte de otros.

Por otro lado, pasada la instancia de la Comisión Permanente, es probable que el pleno destituya al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña y lo inhabilite por diez años para el ejercicio de la función pública. Logrando, así, que este organismo no pueda funcionar hasta que ocurra un nuevo nombramiento, el que, es de esperar, sea afín a la oposición mayoritaria. Al margen de que esta decisión se perciba como injusta, la complejidad del tema y las dilaciones deliberadas de algunos magistrados en la consideración del expediente sobre el Caso El Frontón escamotean las perspectivas –más allá del juego político impuesto– de revertir la situación. Así, otra institución se desmantela sin que se considere la gravedad de lo que está ocurriendo, y sepultada por los sucesos que se vienen precipitando.

Por otra parte, la acusación al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, carece de sustento. Los fiscales y el Poder Judicial, acosados por el Congreso y el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura, son las instituciones con mayor coherencia dentro de nuestro Estado de derecho. Por ello, sus competencias deben salvaguardarse, y deben aducir –y con razón– que los tiempos de la política no son los mismos que los tiempos procesales. Con prescindencia de esto, es necesario decir que a veces esta frontera no está claramente delineada y que no todas las iniciativas, fallos y decisiones parecen fundamentados con suficiente prolijidad y detalle.

Pero volviendo al tema del presidente Kuczynski. Él debe empezar a hacer sus descargos y dar explicaciones, inclusive antes de la sesión del jueves en la que el Congreso decidirá la vacancia. Para ello, Kuczynski debe expresar un razonamiento en el que no se le escape ningún detalle. Si sus argumentos cuentan con algún nivel de consistencia, PPK debe usarlos hasta donde pueda para condicionar la discusión. Lo más probable es que el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, acceda al cargo. Por una cuestión de afirmación de deseos, más que por seguir un examen desapasionado, tal vez pueda esperarse que si Vizcarra logra crear un entorno político más amplio, le haga sentir a Fuerza Popular los riesgos del eventual desgaste de una opción que no se permite respiros, ni se los concede el país.

Llamar a elecciones puede tener resultados inciertos en cuanto al peso que obtendrían las organizaciones políticas. De todos modos, parece que serían las mismas, no habría cambios, algo que poco tiene que ver con una alternancia en democracia. Las normas, procedimientos, valores y esquemas de conocimiento que otorgan las instituciones debieran asegurarnos previsibilidad y transformaciones ordenadas. Por ahora, solo queda defender esos principios que no consiguen afirmarse en la coyuntura y que nos obligan a hacer conjeturas –con dudas persistentes– mientras apelamos a una voluntad ciudadana a la que todavía le faltan actores en la política y en la sociedad.

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