La obra pública

El ministro del MEF, José Salardi, ha decidido priorizar las asociaciones público-privadas (APP) como instrumento para estimular la economía y poco ha dicho sobre la obra pública. Aun cuando las APP permiten compartir los riesgos con el sector privado, tienen períodos de ejecución muy largos y son menos efectivas en llegar a la población más necesitada.

El MEF se autoelogió del desempeño reciente de la obra pública, pero los resultados serían menos auspiciosos de lo que parece. El MEF aduce que la ejecución ha mejorado sustancialmente y citan la formación bruta de capital del sector público que calcula el BCR y que aumentó (ajustado por inflación) en 15,8% en el 2024, y 22,2% en los dos primeros meses del 2025. Muchos nos preguntamos cómo se reconcilian estos estimados de ejecución con el hecho de que aún no podamos construir los puentes de acceso al nuevo aeropuerto o, por ejemplo, el hecho de que la Municipalidad de Miraflores no pueda entregar el puente peatonal que une este distrito con Barranco, y que ha resultado en un costo enorme para sus habitantes y quienes transitan por ambos distritos.

Existen tres estudios que nos ayudan a entender lo que está sucediendo. Uno es el realizado por el Banco Mundial (BM) con información de los proyectos ejecutados en el 2010 en 1.653 municipalidades. Ellos calculan el impacto que han tenido estos proyectos sobre el ingreso de varios distritos y encuentran que ha sido casi nulo. Sin embargo, al dividir los distritos entre los que tienen y no tienen acceso al crédito, encuentran que estos últimos sí han tenido un impacto sobre el ingreso, es decir, los distritos más adinerados ejecutan mejor. En otro estudio del BM se encontró que las municipalidades ejecutan mejor los proyectos de menor envergadura y no los más complejos. Un tercer estudio es el realizado por nosotros y calcula el impacto sobre la ejecución de proyectos de las transferencias presupuestales frecuentes que se han hecho desde el Ejecutivo. La conclusión es que los distritos que se beneficiaron con más transferencias son los que tuvieron peor ejecución. De hecho, hay que recordar que, en el 2019, las municipalidades experimentaron aumentos en sus presupuestos de inversión por 151%, en el 2022 por 335%, y del 2023 al 2024 por más del 100% en promedio.

El mensaje es que no podemos seguir pensando en la obra pública en términos de dinero ejecutado sin que existan metas de bienestar para la población. Por ese motivo, en la reforma de la obra pública que realizamos en el 2017, cuando creamos el invierte.pe, fijamos como objetivo de toda obra pública el cierre de brechas. De hecho, en ese entonces encontramos que, del total de los proyectos en el banco de proyectos del MEF, menos del 50% lograba el cierre de brechas.

Pero la reforma era más profunda y se basaba en los siguientes pilares fundamentales: las transferencias a las regiones se debían realizar a más tardar a finales de marzo; se introdujo la multianualidad en los proyectos y el presupuesto, permitiéndoles a los gobiernos regionales tres años para ejecutarlos; a los proyectos que justificaban el cierre de brechas se les garantizaba acceso al presupuesto; los proyectos se dividían por su complejidad y no por monto, por lo que aquellos considerados no complejos se les permitía ejecutar con una ficha técnica y llegaban a un máximo de S/70 millones. Finalmente, se invirtió en una base de datos que les permitía a los alcaldes identificar los cierres de brechas en sus localidades y de esta manera facilitar su ejecución. Lamentablemente, esta reforma fue dejada de lado con los decretos legislativos que se aprobaron en setiembre del 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra y se eliminó el énfasis en el cierre de brechas. Más perverso aún, se volvió a las transferencias millonarias a los municipios o regiones elegidas por el Ejecutivo. Al eliminarse la multianualidad en el presupuesto y aumentar el monto que podían ejecutar con ficha técnica a 1.700 millones, la ejecución cayó, se hacían transferencias a sus aliados políticos y se esperaba que los ejecuten al finalizar el año. Por último, y como resultado de la crisis de corrupción, se les permitió a empresas con calificaciones dudosas contratar con el Estado. Uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante es llevarle bienestar a la población más necesitada, y el presupuesto y la obra pública son los instrumentos más eficaces. En los últimos años hemos visto cómo unos pocos han logrado obtener beneficios personales de los recursos del Estado, pero lo que debemos entender es que finalmente los cambios en la normativa permitieron que esto suceda. Urge volver a la legislación original y profesionalizar la obra pública de manera que el Estado llegue a las poblaciones que necesitan favorecerse y dejar de politizar el dinero público.