En enero del 2013, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) firmó un contrato con la empresa Rutas de Lima (RDL), cuyo propósito fue ceder la administración, construcción y mantenimiento de diversas rutas de acceso a nuestra capital. Se trata de un típico contrato de asociación público-privada en el que el inversionista privado asume un sinnúmero de obligaciones y se le permite el cobro de diversos peajes como una manera de recuperar su inversión. El contrato del 2013 contiene una cláusula que somete a arbitraje internacional cualquier controversia. Entre el 2013 y el 2016, todo marchó normalmente. La situación cambió cuando RDL habilitó un peaje en Chillón, Puente Piedra, desatando una revuelta social.
La construcción de este peaje estaba prevista en el contrato. Debido al estallido social que causó, la MML decidió suspenderlo. La MML y RDL alcanzaron acuerdos preliminares que permitirían compensar a la empresa por los ingresos no recibidos por el cierre del peaje. Pero estos nunca se implementaron, pues la MML sostuvo que RDL no estaba ejecutando correctamente el contrato.
De esta manera, en mayo del 2018, amparado en la cláusula arbitral, RDL inició un arbitraje en Washington DC. RDL buscaba un resarcimiento económico por el perjuicio que sufrió al clausurarse el peaje de Chillón. La MML respondió afirmando que el contrato había sido obtenido a través de pagos indebidos a la exalcaldesa Susana Villarán. Este arbitraje concluyó con un laudo favorable a RDL, que dispuso un pago por concepto de reparación de US$140 millones más intereses. Este primer arbitraje fue conducido fundamentalmente durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. Las pruebas aportadas en el arbitraje no permitieron determinar con certeza que el contrato original había sido negociado a través de pagos indebidos. Esos pagos se dieron en el contexto del no a la revocatoria y no antes, en opinión del Tribunal Arbitral. Según este organismo, diversos “estándares” necesarios para dejar sin efecto un contrato por actos de corrupción no estaban presentes en el contrato del 2013. El laudo final fue emitido en mayo del 2020.
Un segundo arbitraje fue iniciado por RDL en Washington DC en marzo del 2019. En este, el Tribunal aceptó que la exalcaldesa Villarán había recibido US$3 millones indebidos de Odebrecht, pero vinculados al no a la revocatoria y no a la negociación del contrato. Este segundo arbitraje volvió a reconocer daños a RDL, esta vez por US$9 millones.
Dada la negativa de la MML de acatar el resultado de estos dos arbitrajes, RDL inició un tercer arbitraje, ya en la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, que asumió una actitud bastante agresiva en la conducción del arbitraje en la que no solo acusa a Odebrecht, sino también al nuevo accionista mayoritario de RDL: Brookfield. La MML ha denunciado penalmente a los árbitros “por haber cobrado honorarios según sus tarifas estándar”. El árbitro nombrado por la MML ha renunciado, a fin de mantener su independencia en defensa del tribunal. Este tercer arbitraje sigue aún sin resolverse en Washington DC.
Con estos antecedentes y en respuesta a la demanda civil presentada por la MML en Washington DC, el 12 de marzo del 2024, la juez federal Ana Reyes ha emitido una sentencia en la que declara la plena vigencia y validez de los dos laudos arbitrales ganados por RDL. Según la juez, el contrato del 2013 sigue vigente. La MML ha indicado que apelará.
Por todo ello, sorprende el reciente anuncio del ministro de Economía, José Arista, de que el Ministerio de Economía y Finanzas no se opondrá a un nuevo endeudamiento de la MML por aproximadamente S/1.400 millones. La pregunta es si la estrategia del alcalde López Aliaga es la que más beneficiará a Lima, o si, por el contrario, la dejará sobre endeudada y con el asunto de RDL sin resolver.
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