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Lorena Masias

En el 2015, cuando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria () empezó a funcionar, era la primera vez, después de varias décadas, que el Estado miró lo que estaba ocurriendo en el sistema universitario. Los años de abandono tuvieron un preocupante correlato con lo que se encontró: un sistema peor de lo esperado. No solo por la excesiva cantidad de universidades, ausencia en los ránquines internacionales o baja producción científica; sino por la ilegalidad encontrada y el alto porcentaje de incumplimiento de indicadores básicos de calidad (75%) en la primera revisión en el marco del licenciamiento.

A pesar de ello, en estos primeros tres años de trabajo hemos dado pasos fundamentales para encaminar el sistema universitario hacia la calidad. En primer lugar, hemos detectado y sancionado la ilegalidad. Publicamos una lista de más de 100 carreras y 80 establecimientos ilegales, brindando alternativas para los estudiantes afectados. Asimismo, el pasado 26 de enero publicamos otra lista con casi 50 carreras ilegales de segunda especialidad, 37 de ellas vinculadas a ciencias de la salud; sin contar las seis universidades ilegales detectadas y otras tres que se hacían llamar como tales pese a que no brindaban el servicio universitario. Ordenar el sistema universitario empieza así, sincerando por primera vez en la historia la oferta académica para evitar estafas y proteger a los estudiantes y padres de familia. Alentamos a la ciudadanía a denunciar y reportar cualquier irregularidad.

En segundo lugar, hemos implementado el sistema de evaluación de las condiciones básicas de calidad a través del licenciamiento. Todas las universidades e incluso aquellas que se opusieron a la Ley Universitaria se han presentado al procedimiento. Estamos a mitad de camino: de un total de 147 universidades, hemos evaluado a 119, de las cuales 30 han conseguido el licenciamiento al demostrar que cumplen los requisitos, a 13 de ellas visitaremos para comprobar in situ que cumplen con las condiciones, 28 tienen un plan de adecuación requerido y 48 cuentan con informes de observaciones que deben subsanar. La evaluación continuará durante el 2018 y, al final del proceso, tendremos un sistema universitario con condiciones básicas de calidad para todos los peruanos. Aquellas que no cumplan no podrán funcionar. Estamos poniendo especial atención en la elaboración de planes de reubicación para que los estudiantes puedan continuar con sus carreras.

El proceso de reforma universitaria no puede darse de la noche a la mañana. La evaluación de la calidad debe ser rigurosa y gradual, tal como indicó el Tribunal Constitucional. Eso también supone incentivar la mejora de las universidades. Por eso, también hemos entablado un proceso de diálogo con todos los actores involucrados. Para el licenciamiento, logramos orientar al 100% de las universidades del país en 62 intensas sesiones de trabajo. Se han realizado más de 600 reuniones con los equipos técnicos y hemos absuelto más de 3.000 consultas. Incluso en nuestros procesos de supervisión buscamos, primero, el cambio de conducta de las universidades que han vulnerado algún aspecto de la ley: de las 289 recomendaciones notificadas, en el 72% de los casos hubo un cambio de conducta antes de iniciar un procedimiento sancionador. Una política de puertas abiertas es esencial para que cualquier reforma dé buenos resultados.

Continuar y fortalecer la reforma universitaria como política de Estado, más allá de las coyunturas y gobiernos, es central para apuntalar el desarrollo del país, sobre todo porque un verdadero cambio en educación rinde sus frutos a mediano y largo plazo. Los peruanos recién hemos empezado con la educación superior. Ordenar el sistema universitario que tenemos ahora es una ardua tarea con resultados visibles. Hasta que el proceso de licenciamiento no concluya, no se deben crear más universidades. Los resultados finales nos indicarán si es necesario crear nuevas, dónde hacerlo y si existen los recursos necesarios. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la nueva ley de moratoria cuanto antes: es la forma de salvaguardar la calidad y respetar una política de Estado que está en marcha.