Sin transparencia no hay democracia, por Gerardo Távara C.

En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia deberá elegir al presidente del JNE para los siguientes cuatro años, pues el 18 de noviembre vence el período para el cual fue elegido el doctor Francisco Távara Córdova. De la misma manera, en las próximas semanas el Consejo Nacional de la Magistratura debe decidir si el actual jefe de la ONPE, el doctor Mariano Cucho Espinoza, continúa al frente de ese organismo por cuatro años más o si convoca a concurso para seleccionar un nuevo jefe.

Se trata de decisiones de la más alta importancia para el devenir de la institucionalidad democrática. Los titulares del JNE y de ONPE –junto al del Reniec– tendrán a su cargo las elecciones regionales y municipales del 2018. Estas elecciones tienen una especial relevancia por diversas razones. Tomando como referencia las elecciones del 2014, tendremos un promedio de 100.000 candidatos compitiendo por 12.000 regidurías, alcaldías, consejerías y gobernaciones regionales en casi 2.000 circunscripciones electorales al mismo tiempo. Las elecciones subnacionales de octubre del 2018 se realizarán a mitad del actual período presidencial y parlamentario, lo que eleva su relevancia política.

Además de ofrecer garantías de imparcialidad, objetividad y profesionalismo en la conducción de las elecciones, los titulares de los organismos electorales tienen –desde mi punto de vista– la responsabilidad de seguir cultivando las buenas relaciones de coordinación entre sí que hemos visto durante los últimos cuatro años, a diferencia de períodos anteriores. La coordinación entre los organismos electorales hizo posible también que –junto a organizaciones de la sociedad civil– impulsaran la necesaria reforma electoral, así como la modernización de sus procesos aprovechando las tecnologías de la información para facilitar el voto y contar con resultados de manera más rápida y confiable.

A diferencia de otras elecciones, la del presidente del JNE carece de reglas específicas. Quienes integran la Corte Suprema se reúnen y eligen a uno de entre los jueces y juezas en actividad o jubilados, según señala la ley vigente. Son 19 magistrados supremos –16 hombres y solo tres mujeres– quienes tienen el poder y la responsabilidad de elegir al titular del máximo organismo electoral. Esta elección debe ser transparentada. Es decir, todos en el Perú tenemos el derecho de conocer con anticipación aspectos tan elementales como la fecha en que se realizará la elección, quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas para conducir el JNE. Los medios de comunicación son vías para dar a conocer esta información; por ello, es importante que la prensa preste mayor atención a esta elección. Extraño, también, la opinión de los líderes de los partidos políticos al respecto.

La democracia tiene entre una de sus condiciones la transparencia y la publicidad oportuna de la información. Como muchos han hecho notar, la reciente elección en el Congreso de la República de tres directores del Banco Central de Reserva no consideró un plazo razonable para conocer a los candidatos y sus propuestas, lo que ha generado críticas y observaciones. Este error no debería repetirse en el caso de la elección del presidente del JNE, como tampoco en el caso de la ratificación del jefe de la ONPE.

Está pendiente también que el Congreso elija a uno de los miembros del Tribunal Constitucional y que la Corte Suprema elija al nuevo presidente del Poder Judicial; el doctor Víctor Ticona concluye su mandato el 31 de diciembre de este año.

Incrementar la calidad de nuestra democracia requiere darle transparencia a la elección de estos altos funcionarios, conocer con anticipación la fecha de elección, los nombres de los candidatos, su historial y sus propuestas. Nada de esto debe ser un secreto o una sorpresa de última hora.

Un punto final pero de la mayor importancia: ¿Cuándo tendremos una mujer en la presidencia del JNE? ¿Cuándo en la presidencia del Poder Judicial?