Las reuniones del presidente José Jerí con empresarios chinos bajo el más sospechoso secretismo han abierto una nueva crisis política en el país. La lección ya debió haber sido aprendida desde los tiempos de Pedro Castillo: un gobierno que se reúne en las sombras es un gobierno que cultiva la desconfianza. Pero, al parecer, la mentalidad de la opacidad sigue incrustada en el Ejecutivo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá hoy al mandatario. Este tiene la oportunidad de explicar los alcances de sus encuentros con los empresarios chinos; la fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El presidente está en la obligación de esclarecer estas reuniones, puesto que con lo dicho hasta el momento solo deja más dudas que certezas respecto a la probidad de dichas citas.
Sin embargo, este problema no se limita a Palacio de Gobierno. Estamos en un año electoral y los candidatos a cargos públicos–desde la presidencia hasta alcaldías y gobiernos regionales– deben someterse al mismo estándar de transparencia que exigimos al gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son quienes buscan gobernarlos, qué han hecho, con quiénes se reúnen y bajo qué términos.
El caso Jerí-Yang, como antes Sarratea, como antes tantos otros, es una invitación a la ciudadanía a aprender y actuar. Los electores deben entender que el secretismo que toleran hoy es el caldo de cultivo para la corrupción de mañana. La sociedad debe exigir transparencia –no como un favor, sino como una línea roja innegociable– en todos los niveles: presidente, congresistas, autoridades locales, candidatos. Lamentablemente, no son pocos los postulantes que no declaran sentencias, los partidos que no presentan planes a tiempo, sin mencionar las ‘cuotas’ por postular que algunas agrupaciones cobran a sus candidatos.
La historia reciente del Perú ofrece una lección incómoda: cuatro de los 10 últimos presidentes han terminado en prisión. Buena parte de esos fracasos tiene raíces en gobiernos en los que se hicieron acuerdos en la sombra. No debemos repetir ese camino. El Congreso debe investigar. La fiscalía debe proceder. Pero, fundamentalmente, los ciudadanos deben exigir que Palacio vuelva a funcionar bajo luz y sin lugar para reuniones entre sombras.
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