Carlos Canales, alcalde de Miraflores, ha paralizado más de 100 proyectos inmobiliarios, argumentando irregularidades en el otorgamiento de las licencias pese a que el Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, señaló que suspender licencias de proyectos en curso es ilegal. En respuesta a la presión ejercida contra el alcalde, este decidió emitir un decreto de alcaldía a través del que se permitiría que las empresas inmobiliarias retomen la construcción de los proyectos siempre y cuando admitan que han cometido una irregularidad y hagan una donación para reivindicarse. Esto es un claro intento de extorsión que, además, afecta a 15.000 trabajadores del sector construcción que trabajaban en estos proyectos y a otro tanto de trabajadores indirectos. Este es un ejemplo de cómo los alcaldes imponen barreras al libre desarrollo de la inversión privada, limitando inversiones, la generación de puestos de trabajo directos e indirectos y, con ellos, el desarrollo económico del país.
Los proyectos inmobiliarios que los alcaldes como Canales han paralizado recibieron autorizaciones de las administraciones anteriores. Las municipalidades regulan las actividades comerciales. Esto es, los requisitos que debe cumplir una bodega, un restaurante o una peluquería para poder atender al público, o una inmobiliaria para desarrollar un proyecto. Sin embargo, toda persona y empresa necesita de predictibilidad de la ley. Esto es, que no puedan cambiarse los requisitos previamente establecidos que permitieron que se otorgue un permiso o licencia. Salvo una flagrante irregularidad, un alcalde no puede cancelar una autorización porque este es un derecho adquirido. Pero parecería que los alcaldes han encontrado una fuente interesante de rentas para ellos, sus funcionarios o los presupuestos municipales. Elija usted.
¿Por qué ocurre esto? Porque en el Perú no tenemos un plan de desarrollo urbano a mediano o largo plazo. Las municipalidades se están convirtiendo en pequeños centros de poder y corrupción en las que cada cuatro años un alcalde decide imponer su visión de su distrito o provincia, sin consulta popular y dejando de lado los proyectos ejecutados por su antecesor. En nuestro país no existe planificación urbana y las ciudades están creciendo de manera desordenada, destruyéndose patrimonio cultural, restándose espacios verdes y limitando la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad. Basta dar un paseo por cualquier ciudad del país para ver la triste realidad. Zonas residenciales cuyos parámetros cambian sin ningún análisis previo. Aprobando proyectos de edificios de 20 pisos sin considerar las vías de acceso, el tráfico que generarán ni el incremento de la demanda de servicios de agua y saneamiento, recojo de basura, servicios de seguridad y demás.
Los alcaldes son elegidos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven y trabajan en sus distritos. No para enriquecerse indebidamente ni quebrar empresas. ¿Cómo logramos que efectivamente las autoridades locales rindan cuentas por sus actos? En el Perú, las autoridades que llegan al poder difícilmente asumen responsabilidad por los proyectos que aprueban, los que ejecutan o los que paralizan. No existe real rendición de cuentas y los ciudadanos no tenemos poder alguno para lograr que las autoridades respondan a nuestras necesidades. Los ciudadanos nos sentimos desprotegidos y frustrados, incapaces de detener los abusos de las autoridades, en un país donde más del 73% de los peruanos se desarrolla en la informalidad.
Lo cierto es que, si como ciudadanos no nos involucramos, los problemas que hoy identificamos solo se harán más grandes. Existe un claro problema de administración del poder y de acceso a las instituciones políticas y económicas. La descentralización, que otorgó funciones a los alcaldes y gobernadores regionales, no ha funcionado y es momento de impulsar una reforma. Los políticos no tienen los incentivos adecuados para hacerla, pero los empresarios y los ciudadanos sí. Porque somos los principales afectados por los abusos de las autoridades, que creen que están por encima de la ley.
¿Cómo lo logramos? Las grandes empresas, por ejemplo, podrían financiar la propuesta de la reforma de la descentralización. Podrían también articularse, dependiendo de las regiones donde operan, y financiar estudios de expansión urbana para crear ciudades modernas, poniendo en valor su historia y atractivos turísticos. Y nosotros, los ciudadanos, necesitamos ejercer ciudadanía y participar activamente en política.
