En unos días, los océanos empezarán a regirse bajo un marco jurídico que hasta hace poco parecía inalcanzable. Tras casi dos décadas de negociaciones multilaterales, el tratado de alta mar sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional ya entrará en vigor. La alta mar corresponde a las aguas más allá de las 200 millas náuticas (370 kilómetros) y constituye cerca de dos tercios del océano mundial.
La llamada Convención del Mar –en rigor, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en Montego Bay en 1982– definió las zonas marítimas, los derechos de los Estados sobre el mar, la pesca y la navegación, y estableció el régimen para la explotación del suelo y subsuelo marino. El Perú, pese a haber defendido históricamente el principio de las 200 millas, no ratificó la convención. Sin embargo, sus normas gobiernan gran parte del uso del océano, pues se han convertido en derecho internacional vinculante. Lo que la convención no hizo fue regular la biodiversidad de las aguas entre el fondo y la superficie del mar, que permanecieron sin un marco específico hasta hoy. Era un océano sin reglas para proteger la vida que lo habita.
El Tratado de Alta Mar regula cuatro aspectos: 1) los recursos genéticos, entendidos como los organismos y sus componentes –sean microbios, plantas, invertebrados o vertebrados– cuya información genética, moléculas o productos naturales puedan tener aplicaciones científicas, farmacéuticas, industriales o alimentarias; 2) la creación de áreas marinas protegidas; 3) las evaluaciones de impacto ambiental para nuevas actividades; y 4) los mecanismos de creación de capacidades y transferencia tecnológica hacia países en desarrollo.
Asimismo, articula el reparto equitativo de beneficios, buscando evitar que los descubrimientos científicos y las patentes derivadas de los recursos de alta mar queden capturados por unos pocos países, procurando que el valor económico y tecnológico pueda ser compartido con la comunidad internacional.
La autonomía del Perú sobre el océano se ejerce sobre una porción de más de 600.000 km², nuestro denominado Mar de Grau, que se extiende hasta las 200 millas. Se trata de una franja marina de altísima biodiversidad, donde confluyen corrientes, afloramientos y ecosistemas que sustentan pesquerías artesanales e industriales. Sin embargo, los peces migratorios, los mamíferos marinos, las aves y muchas cadenas tróficas, que hacen posible la vida en el mar y alimentan nuestra pesca, no entienden de límites definidos por el hombre.
Por tanto, en alta mar se juega buena parte del futuro de los recursos que alimentan a nuestras poblaciones costeras y sostienen nuestra economía pesquera. Si la alta mar permanece desregulada, cualquier esfuerzo de ordenamiento dentro del Mar de Grau será siempre insuficiente, y las flotas que operan en aguas internacionales pueden seguir sobreexplotando poblaciones altamente migratorias y socavando los esfuerzos de conservación nacionales.
La adhesión al Tratado de Alta Mar coloca al Perú en un régimen de corresponsabilidad internacional. En adelante, seremos evaluados por la coherencia entre lo que se sostiene en el ámbito multilateral y la forma en que gestionamos nuestras 200 millas. No basta con regular la pesca o los recursos genéticos, es imprescindible que nuestras áreas marinas protegidas –como Paracas, la Reserva Nacional Dorsal de Nasca o la reciente Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, entre otras– cuenten con mecanismos de control y trazabilidad a la altura de los compromisos que presentaremos en la primera cumbre de los países del tratado.
Será indispensable invertir más recursos en ciencia marina y en la tecnología que nos permita construir mayor capacidad propia para conocer y gestionar nuestro mar. Desde observación satelital, sensores oceanográficos y secuenciación genética hasta plataformas de datos y modelos predictivos, porque en el siglo XXI la gobernanza del océano depende de información, monitoreo y capacidad de procesar datos a gran escala.
De cara al proceso electoral, los peruanos y peruanas deberíamos exigir a los partidos una agenda marina moderna, capaz de defender el interés nacional en un océano que ya no es “tierra de nadie”, sino un espacio estratégico donde se disputan biodiversidad, comercio, datos críticos, alimentos y clima. En el 2026, el futuro del Mar de Grau se juega tanto dentro de nuestras 200 millas como más allá de ellas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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