En los círculos de las negociaciones internacionales se suele decir que quien no está en la mesa está en el menú. La expresión resume una realidad fundamental de la diplomacia: quienes participan en la toma de decisiones tienen la posibilidad de defender sus intereses, mientras quienes se mantienen al margen corren el riesgo de asumir posteriormente decisiones en cuya construcción no participaron.
Esta es, precisamente, una de las decisiones estratégicas que enfrenta el Perú frente al Tratado de Altamar: ser parte del Acuerdo o ser simplemente parte del menú.
Uno de los argumentos planteados para no ratificar el Tratado de Altamar es que este podría afectar la actividad pesquera. En un país como el Perú, considerado una potencia pesquera mundial, es comprensible que cualquier instrumento internacional que pueda tener incidencia sobre esta actividad sea examinado con especial atención.
Pero aquí aparece una primera cuestión: el Tratado de Altamar no es un tratado de pesca. El Acuerdo regula otras cosas, como el acceso a recursos genéticos marinos, evaluaciones de impacto ambiental, mecanismos basados en áreas y transferencia de tecnología marina. La propia FAO ha señalado que el Acuerdo no regula directamente las pesquerías en alta mar. Además, países considerados potencias pesqueras ya han decidido ser parte de este nuevo régimen internacional oceánico.
China, por ejemplo, cuya flota tiene una importante presencia pesquera en el Pacífico Sur, ya ha ratificado el Tratado e incluso ha ofrecido la ciudad costera de Xiamen como sede de la Secretaría del Acuerdo. A ello se suma que Corea del Sur, España y Japón, países de larga tradición pesquera, también lo han ratificado. Chile, con importantes intereses en la pesquería del jurel, y Ecuador, que cuenta con una de las principales flotas atuneras de la región, también han ratificado el Tratado de Altamar.
En consecuencia, resulta por lo menos llamativo que potencias pesqueras hayan ratificado el Tratado de Altamar cuando supuestamente afecta la actividad que promueven. Pero, en el supuesto de que el Tratado de Altamar tenga alguna incidencia sobre actividades o recursos relevantes para nuestros intereses, ¿no sería precisamente una razón para participar en él y no para permanecer fuera?
La respuesta racional no es renunciar a participar en esas decisiones. Es, precisamente, estar presentes en la mesa donde esas decisiones se adoptan. El problema es que queda poco tiempo para hacerlo. La primera Conferencia de las Partes del Tratado de Altamar se llevará a cabo en enero de 2027, en Nueva York, y el Perú tiene hasta el 11 de diciembre de 2026 para depositar su instrumento de ratificación. Con ello, podrá participar con voz y voto en este nuevo foro internacional e influir en las decisiones cruciales para la gobernanza oceánica.
Por ello, es urgente que tanto la Cancillería, desde el Ejecutivo, como el Senado, desde el Congreso de la República, prioricen y aceleren el proceso de ratificación del Tratado, y que el sector privado y la sociedad civil contribuyan a fortalecer la proyección internacional del Perú en asuntos oceánicos. De lo contrario, corremos el riesgo de que, mientras otros países toman las decisiones, el Perú termine siendo parte del menú.
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