Si en algún momento el Gobierno Peruano pasó por el dilema de concederle o no a Betssy Chávez el salvoconducto requerido para materializar su asilo en México, ahora parece tener una decisión tomada, probablemente irreversible, de precisamente no concedérselo ni a corto ni a mediano ni a largo plazo.
Acaba de marcar, además, un precedente importante en la región al llevar a la OEA una bien elaborada propuesta de modificación de la institución interamericana del asilo, expresada en la Convención de Caracas, para que desde ahora en adelante no sea tan sencillo tocar las puertas de una residencia diplomática extranjera, buscando pasar gato por liebre; es decir, buscando pasar a un prófugo de la justicia por un perseguido político.
La ex jefa de Gabinete de Pedro Castillo, implicada en el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, está pues más cerca de quedarse indefinidamente en Lima en la residencia mexicana o de retornar a la cárcel, de manera preventiva o definitiva, que de alcanzar el asilo. Asilo negado, implícitamente, por la propia Convención de Caracas, que en su aplicación práctica declara improcedente toda protección diplomática a procesados por delitos comunes en los tribunales competentes del hemisferio.
La imprudencia de Chávez de sustraerse de la justicia peruana –cuando inclusive una falla de la fiscalía en su inicial detención hizo que el Tribunal Constitucional anulara su prisión preventiva y pudiera seguir su proceso en libertad– es tan grave como la imprudencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de sacrificar una magnífica e histórica relación de décadas entre el Perú y México, por la caprichosa adhesión ideológica con quien tiene que rendir cuenta de acusaciones penales de rebelión y conspiración, que no son cualquier cosa.
Es bueno saber también que el artículo segundo de la misma convención establece que “todo Estado tiene derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega”. México ha hecho uso indebido de la Convención de Caracas en su solicitud de asilo. El Perú, haciendo uso debido de la misma convención, está en su derecho a negarlo.
En una salida hábil e inteligente, la cancillería peruana no solo ha puesto a salvo el fuero constitucional interno, sino también el fuero internacional de la Convención de Caracas. Le ha puesto freno a la escandalosa burla constante de Chávez a la justicia peruana, en su afán de enmascarar sus graves imputaciones penales con denuncias de persecución política. Le ha enmendado la plana a México y no tarda en h acer lo mismo con el sistema interamericano para no convertir la Convención de Caracas en instrumento de perversión del derecho de asilo a favor de procesados y condenados, bajo la complicidad de gobiernos que subordinan sus relaciones bilaterales permanentes al compadrazgo ideológico banal y vergonzoso.
La cancillería peruana ha construido en los hechos un amplio paraguas de fuerte sustento jurídico en salvaguarda de lo que será su decisión final, en nada alejada, hasta donde puede conocerse, de la posición adoptada hasta hoy.
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