El Congreso aún tiene hasta marzo para aprobar cambios que se apliquen a las elecciones generales del 2026, por lo que no vendría mal que la Comisión de Constitución se ponga a trabajar durante el receso sobre los pendientes más urgentes.
El primer punto es la definición de la figura del recuento de votos, producto del vacío que dejó una norma de este Congreso que obliga a resguardar las cédulas de sufragio. La ONPE ha presentado una iniciativa para corregir este vacío y plantear la opción del recuento de votos para casos de errores aritméticos cuando ocurre el escrutinio por parte de los miembros de mesa. Tal y como ha explicado el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, la Constitución es clara y no permite otros escenarios para una eventual revisión de votos.
El segundo punto que puede abordar el Congreso es cómo hacer un proceso electoral más viable para la ciudadanía. Ante las nuevas normas aprobadas sobre el sistema bicameral, en el 2026 tendremos dos cédulas de sufragio y esto traerá una serie de confusiones debido al voto preferencial. “El voto preferencial es una maldición”, ha dicho el jefe de la ONPE a El Comercio, lanzando una propuesta aún aplicable para el próximo proceso electoral: que el voto preferencial sea utilizado solo en las elecciones primarias (para que los partidos políticos definan el orden de sus listas de candidatos) y así tener dos cédulas más limpias, donde el elector solo deba marcar por el logo partidario de su preferencia. No está de más recordar que el voto preferencial ya había sido eliminado, pero este Parlamento lo restableció junto con otras normas que no están pensadas en el elector, sino en el beneficio propio de las agrupaciones partidarias.
Un tercer punto está referido a las elecciones primarias de los partidos políticos. Un ajuste que podría ayudar a restituir la confianza en los partidos sería la eliminación de la opción de elección por delegados. O, en todo caso, se podría realizar cambios para que la ONPE se encargue de la organización de este proceso interno, con el fin de garantizar una democracia interna real.
El cuarto y último punto que se puede rescatar de la ONPE es la modernización de la franja electoral. Con tantas plataformas digitales, se debe tener una legislación clara con respecto al posible uso de la franja electoral. No basta con mencionar la palabra Internet, sino que se debe desarrollar un marco específico para tener un uso transparente de la franja electoral en, por ejemplo, las plataformas de ‘streaming’.
De no encontrar reglas claras, las elecciones del 2026 pueden ser un proceso donde prime la desafección, lo que se traduciría –nuevamente– en autoridades deslegitimadas que no harán más que ahondar la crisis política que afronta el país y que ya está por cumplir unos diez años.
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