A propósito de Zoraida Ávalos

La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos se equivocó en mi opinión, como lo hicieron también sus antecesores, al interpretar la Constitución de tal forma que negaba en la práctica la posibilidad de investigar a un presidente en funciones. En este caso, eso ocurrió con Pedro Castillo. Estuvo bien, a mi juicio, que su criterio interpretativo fuera enmendado por quienes la sucedieron en el cargo, permitiendo que Castillo pudiese ser efectivamente investigado durante su mandato. Pero no me atrevería en modo alguno a hacer pasar esta opinión como una verdad revelada. Lo poco o mucho que puedo saber por haber estudiado Derecho me lleva a reconocer que también hay formas de sustentar jurídicamente la posición que asumió Ávalos, aunque discrepe.

Y, sin embargo, el Congreso acaba de inhabilitarla asumiendo, con holgada mayoría de votos, que no existe espacio de duda respecto de que Ávalos cometió el delito de omisión de funciones e infringió la Constitución. Esto hace que ya no estemos hablando solo de una diferencia de interpretación jurídica, en la cual la discrepancia es válida y todo depende del peso propio de los argumentos, sino del hecho de que una entidad eminentemente política haya en la práctica destituido a quien fuera fiscal de la Nación y todavía fiscal suprema, porque está en desacuerdo con una decisión tomada en el ejercicio de su autonomía funcional.

Venimos acostumbrándonos a ver constantes retrocesos en el estado de nuestra democracia, y quizá por eso ya no somos tan conscientes de qué acciones concretas representan violaciones tan alarmantes que deberían llevar a la ciudadanía inmediatamente a las calles. Que un Congreso se sienta legitimado para remover tan arbitrariamente del cargo a una fiscal suprema es un claro ejemplo de ello. Muestra que el poder político ya no tiene reparos en intervenir directamente en el funcionamiento del sistema de justicia, como si el principio de separación de poderes, que es consustancial a cualquier democracia, estuviera pintado en la pared.

¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto ver el problema en esto? Menciono tres factores relevantes.

El primero y más crítico es la ausencia generalizada de convicciones democráticas en el país. Se confunden con suma facilidad los roles de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. A mucha gente no le mueve un pelo que el Congreso invada competencias de la Junta Nacional de Justicia o hasta le parece bien que tenga como propósito tomar control de estos otros espacios. La política desplaza entonces al derecho como criterio para juzgar las decisiones de los operadores de justicia. Si esto se hace en línea con mis preferencias políticas, pues todo bien.

El segundo factor a considerar es el efecto que está teniendo la polarización política en la sociedad peruana, que nos está llevando a perder de vista los matices y a sobresimplificar la realidad de tal forma que solo vemos una diferencia existencial entre quienes pertenecen a mi grupo y quienes, estando fuera, solo podrían calificar como mis enemigos. Si los primeros piensan que Zoraida Ávalos estuvo siempre sometida a los designios de Pedro Castillo y antes a los de Martín Vizcarra, quién soy yo para desafiarlos con un poco de pensamiento (auto)crítico. Qué sentido tiene correr el riesgo de que me rechacen por razonar de forma independiente.

Y el tercer factor son los niveles de deshonestidad intelectual que (nos) estamos tolerando. ¿Cómo se explica que algunas personas hayan tenido tanta facilidad para identificar los riesgos de concentración de poder en el gobierno de Pedro Castillo, y sean incapaces de verlos en lo que está haciendo hoy el Congreso? ¿O lo inverso, que quienes hoy cuestionan las acciones del Congreso para tomar control de organismos autónomos sigan creyendo que el mensaje golpista de Castillo, en el que amenazó con hacer lo mismo, fue solo una “proclama”?

Hemos pasado en cuestión de meses de un Ejecutivo que quiso concentrar el poder de golpe, a un Legislativo que busca acumularlo de forma secuencial, pero que viene siendo más exitoso en el intento. Pedro Castillo ya está en la cárcel y Zoraida Ávalos es más que nada un distractivo que oculta otros intereses, como la posibilidad de tener incidencia en la elección de quien la suceda en el cargo. Más allá de cualquier simpatía o antipatía hacia ella, seamos claros: no hay nada que justifique una violación a la autonomía del Ministerio Público y al principio de separación de poderes tan flagrante como la que acaba de cometer el Congreso.