¿Crisis constitucional en EE.UU.?

Parece que el gobierno de Donad Trump ha cruzado una línea. Desde que llegó al poder por segunda vez en EE.UU., Trump ha decretado ordenes e iniciado políticas que las cortes han parado por ser abiertamente ilegales o inconstitucionales. Pero aparentemente, este fin de semana, el gobierno desobedeció una orden judicial.

Se trata de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El viernes Trump invocó esa ley en secreto para deportar a venezolanos que forman parte del grupo criminal, Tren de Aragua. La ley solo se ha usado tres veces en el pasado y únicamente en tiempos de guerra. La última vez que se aplicó fue durante la Segunda Guerra Mundial y se usó para justificar el infame encarcelamiento de más de 100.000 ciudadanos y residentes de descendencia japonesa.

La Ley de Enemigos Extranjeros permitiría al gobierno arrestar y deportar a inmigrantes sin pasar por un debido proceso. Pero solo se puede aplicar en tiempos de guerra o por invasiones o “incursiones predatorias” dirigidas por gobiernos extranjeros. Este no es el caso de los inmigrantes, ya sean legales o ilegales, a Estados Unidos, por mucho de que Trump se refiera a una supuesta invasión.

Por eso, el sábado una corte le ordenó al gobierno que no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para realizar deportaciones y que cualquier avión que haya despegado para deportar inmigrantes bajo esa supuesta autoridad legal debe volver inmediatamente a Estados Unidos. Sucede que sí habían despegado tales vuelos y, de hecho, aterrizaron en El Salvador, donde el autoritario presidente Nayib Bukele encarceló a los deportados de acuerdo con el gobierno de Trump.

¿Desafió Trump la orden judicial y así cruzó una línea que resultaría en una crisis constitucional? Esto depende en gran parte de los horarios de los vuelos. Si aterrizaron después de la orden judicial, la respuesta es no. Pero todo parece indicar que la Casa Blanca ignoró la orden. Una investigación del Washington Post, que encontró los registros de los vuelos en cuestión, indica claramente que los vuelos aterrizaron después de la orden judicial, un dato que se tendría que reconfirmar por otras vías.

Esto es un problema mayor por donde se lo mire. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la orden de la Corte representa “una resolución judicial infundada” y que los horarios de los vuelos no tienen importancia. Queda claro que si Trump ignoró la orden estaría socavando el orden constitucional y los pesos y contrapesos del sistema de gobierno estadounidense. Pero, tal como escribió en su red social recientemente, reflejaría su creencia: “Quien salva a su país no viola ninguna ley”.

En todo caso, son las cortes las que en última instancia determinaran si Trump ha violado sus órdenes y si tiene o no la autoridad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros. Dudo que el sistema judicial le daría razón en este caso. Si fuera así, el poder del gobierno sería inmenso y, según el experto legal Ilya Somin, se podría usar hasta para detener a ciudadanos sin cargos ni juicio.

Pero incluso si las cortes logran limitar el poder del presidente y se mantiene el orden constitucional, la política de deportar inmigrantes a El Salvador para ser encarcelados allí por años es abominable. Bukele ha encarcelado a más de 80.000 personas bajo un estado de emergencia que declaró en el 2022 y que sigue vigente. Ha caído el crimen, pero no ha habido debido proceso y las violaciones a derechos básicos son bien documentadas. Se han hecho juicios masivos de cientos de personas a la vez sin que los acusados puedan consultar con su defensa.

¿Desde cuándo es aceptable tercerizar una parte del sistema de justicia de Estados Unidos a un régimen autoritario? Eso también es cruzar una línea.