¿Democracia para quién?

En los últimos días, los peruanos hemos estado pendientes de Venezuela y la conversación ha girado en torno a la defensa de la libertad y la democracia en el país vecino. Nos hemos acostumbrado a escuchar la lucha de los venezolanos por liberar a su país del régimen chavista. Pero vemos el atentado contra la democracia venezolana como algo lejano. Cuando en realidad, la degradación democrática que ha ocurrido en Venezuela viene ocurriendo en el Perú, aunque de una manera distinta.

No tenemos un dictador, pero sí tenemos autoridades minando el Estado de derecho, las libertades de los ciudadanos y la democracia. Como ocurrió en su momento en Venezuela, no tenemos líderes dispuestos a dar la batalla por la democracia y las instituciones. Y es que no hemos interiorizado que la libertad y la democracia deben defenderse día a día. Mientras los peruanos nos embanderamos de democracia para defender, con razón, la libertad de los venezolanos, no estamos entendiendo la profundidad de lo que sucede en nuestro país y somos incapaces de levantar la voz y actuar en defensa de la democracia peruana, nuestras instituciones y el Estado de derecho.

Si hoy el régimen del dictador Maduro sacara al Ejército a las calles a enfrentar a los ciudadanos que han salido en defensa de la libertad y en este enfrentamiento se produjeran muertes de quienes estaban en su legítimo derecho de protestar, los peruanos, probablemente con la excepción de Perú Libre y la izquierda retrógrada y trasnochada que sigue sosteniendo que Maduro es el legítimo presidente, levantaríamos nuestra voz para demandar justicia. Para exigir la dimisión inmediata del dictador y el juzgamiento de los responsables.

Y, sin embargo, cuando hace dos años el sur del Perú se levantó contra quienes ellos creían una presidenta ilegítima, fueron muy pocos los que alzaron la voz por los 49 peruanos que murieron entre diciembre y enero. Y podríamos cuestionar la incongruencia de quienes, habiendo votado por Castillo, habían votado también por Dina y pese a que su ascenso al poder fue constitucional, la consideraron ilegítima, pero lo que no puede ser cuestionado es la defensa de la libertad y la vida. Sabemos que el Movadef y grupos violentos estaban infiltrados en las marchas, pero sabemos también que las marchas fueron masivas. Ciudadanos que creyendo en la democracia pusieron su esperanza en que Pedro Castillo mejoraría su calidad de vida, creyeron que sus voces serían escuchadas y sus reclamos atendidos. Que ese Gobierno Central y esa capital tan lejana e incapaz de entenderlos por fin se voltearía a mirarlos. Y levantaron su voz y tomaron las calles por lo que creían era legítimo. Pero en Lima somos incapaces de entender ni sentir el dolor de los familiares de los fallecidos. Como Brayan Apaza Jumpiri -que tenía 15 años y salía de una cabina de Internet- y Jhamileth Aroquipa -que tenía 17 años y regresaba del mercado-, quienes fueron asesinados en Juliaca en enero del 2023.

¿Cómo construimos cohesión social en un país incapaz de sentir el dolor del otro? No tengo que ser aimara ni vivir en Juliaca para entender sus reclamos, aunque no comparta sus ideas. ¿Y si las marchas hubiesen sido en San Isidro y los muertos fueran nuestros hijos? No podemos utilizar el argumento de la defensa de la democracia solo cuando conviene a nuestros intereses. Porque en democracia o todos somos iguales ante la ley o no existe democracia.